Las conclusiones de la SIP nos entregan algunas certezas. La primera es que el pluralismo y la diversidad no están entre sus prioridades, no son un problema en tanto el poder económico detente una buena representación en la industria informativa. Luego, aparece una creciente incomodidad en ese sector frente al debate sobre la dimensión colectiva de la libertad de expresión, como se demostró con la reacción de sus directivos a la carta entregada por el Colegio de Periodistas junto a diversas organizaciones sociales y académicas, donde se denunciaba la concentración de la propiedad de los medios en Chile.
Después de sesionar en Santiago entre el 17 y el 21 de octubre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha insistido en un diagnóstico general negativo sobre la libertad de expresión en América en contraste con uno particular y extremadamente positivo en Chile. La organización, que agrupa a los propietarios de medios del continente, incluye en su evaluación situaciones que hoy nos preocupan, como la violencia y la amenaza del crimen organizado hacia la prensa en algunos países. Hábilmente, la SIP mezcla estos problemas acuciantes para periodistas y comunicadores con una crítica política hacia los gobiernos progresistas, particularmente a aquellos que vienen acometiendo reformas democratizadoras en materia de libertad de expresión.
Así, por ejemplo, tanto en la Asamblea celebrada el año pasado en Denver como en la concluida por estos días en Santiago, la SIP arremetió contra la denominada Ley de Medios argentina, acusando una supuesta discriminación respecto del Grupo Clarín. Como sabemos, la ley debió enfrentar toda suerte de maniobras judiciales de dicho conglomerado mediático para impedir su aplicación. No obstante, a cinco años de su promulgación, ha permitido el nacimiento de nuevas voces y miradas en radio y televisión. Numerosas organizaciones y personalidades reconocen el avance democrático que supone la ley, tales como Reporteros Sin Fronteras o el relator especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Frank La Rue.
[cita]Las conclusiones de la SIP nos entregan algunas certezas. La primera es que el pluralismo y la diversidad no están entre sus prioridades, no son un problema en tanto el poder económico detente una buena representación en la industria informativa. Luego, aparece una creciente incomodidad en ese sector frente al debate sobre la dimensión colectiva de la libertad de expresión, como se demostró con la reacción de sus directivos a la carta entregada por el Colegio de Periodistas junto a diversas organizaciones sociales y académicas, donde se denunciaba la concentración de la propiedad de los medios en Chile.[/cita]
Las conclusiones de la SIP nos entregan algunas certezas. La primera es que el pluralismo y la diversidad no están entre sus prioridades, no son un problema en tanto el poder económico detente una buena representación en la industria informativa. Luego, aparece una creciente incomodidad en ese sector frente al debate sobre la dimensión colectiva de la libertad de expresión, como se demostró con la reacción de sus directivos a la carta entregada por el Colegio de Periodistas junto a diversas organizaciones sociales y académicas, donde se denunciaba la concentración de la propiedad de los medios en Chile, algo sobre lo cual la SIP no se pronuncia actualmente, en circunstancias que la propia OEA ha señalado que la concentración monopólica y oligopólica de los medios “conspira contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”. El fondo del asunto radica en una progresiva pérdida de legitimidad del discurso que reduce –y distorsiona– la libertad de expresión al derecho de una poderosa minoría para hegemonizar la agenda, con exclusión de otros actores.
La superación de esa visión estrecha e incluso anacrónica, pero que hoy domina en Chile, demandará esfuerzos colectivos que empujen cambios institucionales. La transformación de nuestro país pasa ciertamente por una nueva Constitución, por un sistema electoral representativo y también por la apertura del espacio público a todas las identidades políticas, culturales y sociales. En ese empeño nos encontramos como Colegio de Periodistas junto a diversas organizaciones sociales, sindicatos, gremios, universidades, académicos y observatorios de comunicación. Iniciamos un diálogo para construir un referente social que asuma como objetivo prioritario el fin de los oligopolios informativos y, en definitiva, el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información como componentes esenciales del sistema democrático.
