En el mercado cada uno vale lo que tiene. Y la libertad de elegir se reduce a la capacidad de ingreso de las familias. Hoy el dinero determina dónde me alcanza para estudiar, para vivir y dónde tratar mi salud. No podemos permitir que esa lógica se siga reproduciendo en la política.
El término de la dictadura no significó el paso definitivo a una sociedad democrática moderna. La transición eterna y el pacto de terminación entre los gobernantes que salían con la dictadura y los que entraron con la Concertación nos dejaron con un país que ha debido desarrollarse durante las últimas décadas entre atributos de la democracia y legados de la dictadura. Nadie con sensatez podría afirmar que vivimos bajo una dictadura, pero cada vez es más evidente que tampoco estamos ante una democracia plena. ¿Cómo podría serlo si la Constitución que nos rige y determina sigue siendo de herencia dictatorial?
Sigue vigente una Ley Antiterrorista que vulnera los derechos fundamentales y no respeta el debido proceso. Chile negocia secretamente un acuerdo (TPP) en donde ni siquiera los parlamentarios pueden conocer el estado de las negociaciones, siendo que los temas tratados afectan aspectos tan importantes de nuestra vida como la salud, nuestros alimentos, el medio ambiente, los derechos digitales y la propiedad intelectual. ¿Democracia?
Votar cada cuatro años es una mirada insuficiente para considerar plenamente democrático a un país. No sólo está el hecho de que cada vez vota menos gente, lo real es que esta generación postdictadura no ha vuelto a ser consultada en ningún tipo de consulta ni plebiscito. La (des)concentración del poder, la garantía de derechos fundamentales, la promoción de las diversidades, la composición del tejido asociativo, en fin, son múltiples y variados los elementos que definen cuán democrática es una sociedad. Todos ellos elementos conocidos de democracia directa.
Ahora nuestra pretensión no es sólo declarar una crítica a la democracia representativa, es más bien, en lo concreto, revelar que dichos vacíos de participación de nuestra democracia requieren hoy de la voluntad de cambios estructurales. Porque ha quedado demostrado con los procesos de movilización social y bloqueos de reformas que nuestro sistema, que nuestras reglas así cómo están son insuficientes para dar el salto cualitativo hacia sociedades modernas y desarrolladas. Lo que tenemos está pasando por un muy mal momento. Esto es malo para el país y debiera preocupar a todos los demócratas. Hay varios indicadores que nos permiten hacer esta afirmación.
[cita]En el mercado cada uno vale lo que tiene. Y la libertad de elegir se reduce a la capacidad de ingreso de las familias. Hoy el dinero determina dónde me alcanza para estudiar, para vivir y dónde tratar mi salud. No podemos permitir que esa lógica se siga reproduciendo en la política.[/cita]
Según el «Informe de Auditoría a la Democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo» elaborado por el PNUD el 2014, institución que nadie podría calificar como de «ultraizquierda» o «antisistema», en los últimos 23 años Chile ha experimentado la caída más aguda en participación electoral en las Américas, la segunda entre los países de la OCDE y la cuarta en todos los países del mundo. Esta situación fue dramática en la última elección presidencial en donde apenas participó el 50% de la ciudadanía facultada para votar. Esto es aún peor si consideramos que dichos resultados se dieron en un contexto electoral donde se generaron reformas pro participación, los chilenos transitamos de la inscripción voluntaria y voto obligatorio, a la inscripción automática y voto voluntario.
Mucho se ha hablado de estas cifras pero aún no hay explicaciones certeras de sus causas. Todo indica que la elección municipal del próximo año será un escalón aún más bajo en esta preocupante tendencia que ha protagonizado las últimas elecciones, dado que a las respuestas que generan cambios culturales y que reproducen desafección no se han presentado como elementos de agenda (desde recuperar las horas de educación cívica en los colegios hasta una ley de financiamiento público de la política).
Pero la baja participación no se da únicamente en los procesos electorales de cargos de elección popular. Las cifras son aún más dramáticas si revisamos la participación en las elecciones gremiales, sindicales o de juntas de vecinos, por dar algunos ejemplos. Durante los últimos años la tasa de sindicalización en nuestro país se ha mantenido en un ínfimo 14%, las federaciones estudiantiles son electas alcanzando los quórums mínimos de participación y las juntas de vecinos (en su mayoría) no escapan a esta situación. Resultados que sólo ratifican que nuestra sociedad tiene una deficiente cultura democrática y que la participación activa y la organización son palabras poco comunes en el quehacer cotidiano de la mayoría de los chilenos.
Otro elemento sin duda es la clase política la cual está cada vez más desprestigiada. Está instalada en la gente esa sensación de abuso, de poca empatía con los problemas cotidianos de la gente. Un SIPCO que prometía controlar alzas y que hoy tiene a la bencina con alzas de 15 pesos por litro. Una cafetería VIP de 720 millones en el Congreso. Un sistema de transporte público metropolitano que día a día quita dignidad al ciudadano. Un sistema de pensión que condena a la pobreza. Pueblos originarios que se sienten más excluidos que incluidos en nuestra nación. Un sistema de salud y educación pública que no garantiza calidad. Largo es el listado para encontrar elementos que llevan a que la institucionalidad no sea sentida como propia, sino más bien percibida como un conjunto de reglas que favorecen la acumulación insaciable de grupos económicos que se ha apoderado del país, pero que es restrictiva e implacable con las mayorías. El rechazo a los actores políticos y a la institucionalidad es creciente y esto debiera encender más alarmas de las que se han encendido.
Finalmente la situación actual de los partidos políticos sólo le pone más pelos a la sopa. ¿Cuánta capacidad de representación de la actual diversidad de la sociedad tienen los partidos políticos? Con el nulo debate púbico y la invasión del marketing electoral, cada vez cuesta más diferenciarlos y, de momento, pareciera que a muchos de ellos no les importa mucho su escasa conexión con la realidad del país. Pero más allá de la oferta política, hay elementos de fondo que implican cambios de reglas, no existen espacios que vehiculicen las demandas sociales y ciudadanas hacia la institucionalidad política. Es muy difícil pensar una democracia sin partidos, pero es aún más difícil imaginar una verdadera democracia si no hay un cambio de voluntades y miradas en los actuales partidos. El cambio al sistema binominal era urgente e importante, pero igual de urgente e importante es terminar con la ley de donaciones reservadas a las campañas y avanzar hacia un financiamiento público a la política. Con los cambios aprobados por el Congreso los distritos van a crecer, por tanto el gasto electoral por campaña también lo hará. Si no generamos hoy los cambios el dinero logrará la invisibilidad de las ideas y proyectos país.
Esta democracia está pasando por un mal momento y revertirlo debiera ser la principal preocupación de todos quienes valoramos la democracia.
Sin duda el problema es profundo y no hay un sólo camino para resolverlo. Hay que partir por identificar bien cuáles son causas y cuáles son efectos. La baja participación es un efecto del escaso valor a hacerse parte de la democracia, por lo que no puede revertirse pensando únicamente en facilitar el proceso de participación. La reforma que instauró la inscripción automática y el voto voluntario es una buena muestra de medidas que surgen de diagnósticos errados. Hay que volver a darle sentido a la participación política, y no hay mejor reforma contra cultural que la educación. Devolver horas de educación cívica y aumentar las horas de historia construyen más patria que obligar a los jóvenes a aprender a bailar cueca.
Este proceso de descomposición de la política no se revertirá fácil ni rápidamente. Se puede partir desde distintos caminos.
Tal como mencionamos antes, una de las situaciones más lamentables de nuestra democracia es el secuestro de los parlamentarios y partidos políticos que hacen los grupos económicos, el caso Penta pone en evidencia tal situación, en donde tanto parlamentarios como un aspirante a candidato presidencial aparecen vinculados. Por eso hoy nos parece indispensable que la reforma al sistema binominal vaya acompañada de un cambio al sistema de financiamiento de la política en el país. No es posible que los partidos y las campañas sean financiadas por encapuchados y que el país no sepa de dónde obtienen sus recursos los candidatos al Parlamento y sus partidos.
En las últimas elecciones cerca de la mitad del financiamiento de las campañas llegó por la vía de las donaciones privadas y el 74% de estas donaciones correspondieron a donaciones reservadas. Esto quiere decir que no sea posible saber quién fue el donante. La lista de los financistas es conocida: Penta, Saieh, Matte, Luksic, Del Río, Cúneo-Solari, Angelini, Yarur, multinacionales como Endesa, y un privilegiado etcétera.
¿Por qué las personas jurídicas pueden financiar campañas políticas si no votan ni ejercen ciudadanía? ¿Por qué además obtienen beneficios tributarios al hacerlo? Beneficios que las personas naturales no tienen…
El principio que da forma a la democracia es el que indica que todos somos iguales y que todos valemos lo mismo. Es un supuesto ficticio, pues en la práctica somos todos diferentes, pero valiosos por cuanto nos permite entendernos como iguales frente a la definición de las reglas de nuestra sociedad. Hoy lamentablemente carecemos de una Constitución garante de derechos lo que hace profundamente determinante la cuna en que uno nace para las posibilidades futuras que uno tenga.
En el mercado cada uno vale lo que tiene. Y la libertad de elegir se reduce a la capacidad de ingreso de las familias. Hoy el dinero determina dónde me alcanza para estudiar, para vivir y dónde tratar mi salud. No podemos permitir que esa lógica siga reproduciendo en la política.
Los encapuchados que más daño le hacen a la democracia son los que la tienen secuestrada, los que financian las campañas parlamentarias y los partidos y con eso logran que estos se subordinen a sus negocios. Queremos una democracia sin encapuchados.
