EDITORIAL
Es incomprensible el mal uso y pérdida de tiempo que el actual gobierno ha hecho de su mayoría parlamentaria, tal vez la más importante en las coaliciones de centro izquierda que han gobernado al país desde 1990.
No está claro qué debe entenderse por agenda legislativa del gobierno en el actual escenario. Si en ella solo deben contabilizarse las iniciativas que marcan los puntos centrales del Programa de Gobierno o si, por el contrario, deben incluirse también todas las iniciativas legislativas en curso, antiguas y nuevas, sobre las cuales el Ejecutivo ha marcado opiniones o preferencias mediante impulsos legislativos.
La primera opción marca el punto exacto que originó el acuerdo de la alianza electoral que es la Nueva Mayoría. Ella se centra en Reforma Tributaria, ya terminada y en proceso de implementación; Reforma Educacional, que hoy solo debate fin al lucro, copago y selección en colegios particulares subvencionados y la figura del interventor en las universidades, con un sinnúmero de otras reformas pendientes; Nueva Constitución; y Reforma Laboral, cuyo proyecto de ley estaría listo para ingresar antes del 31 de diciembre al Parlamento. Si se agrega el cambio del sistema electoral binominal, el AVP y la ley para despenalizar el aborto, ya tenemos cartón completo y bastante complejo.
Pero si por agenda legislativa entendemos lo anterior más otro conjunto de iniciativas importantes, tenemos un curso mucho más amplio y complejo que ameritaría una revisión a fondo de la estrategia gubernamental. Principalmente, porque se agrega una serie de propuestas como la creación del Ministerio de la Mujer, la Ley Antiterrorista, proyectos sobre regulación del mercado energético, la Agencia Nacional de Descentralización y la ley corta de los Cores, la autonomía del INE, y un etcétera significativo. Y aunque no son tan vistosos, su importancia está fuera de discusión, a lo que se agrega no menos de otro centenar de iniciativas a las que se debe dar seguimiento. Sobre todo si involucran a sus propios parlamentarios.
[cita]El desorden político a que aludían diversos analistas y dirigentes políticos en los últimos días y que toca al resto del núcleo de Palacio, Presidenta incluida, tiene su asiento en el “cosismo” e inmediatismo que denota el gobierno, y en su carencia de perspectiva sobre sus trazos estratégicos y el uso y fortalecimiento de los elementos que lo sustentan.[/cita]
A la complejidad temática le sigue el problema de los tiempos legislativos. El gobierno ha hablado de dos fechas tope, una el 31 de diciembre para el envío de varias iniciativas y otra el 31 de enero para la aprobación de ciertas leyes, poniendo un pie forzado al Congreso.
Chile no es un sistema parlamentario sino presidencial, pero en ningún caso el primero es un buzón de iniciativas gubernamentales. El Ejecutivo en sus prerrogativas goza de parte importante del impulso legislativo y, si lo quiere, puede derivar todo a debate en el Congreso sin elaboración prelegislativa, forzando un pie hacia la elaboración de leyes marmicoc, de construcción y cocido rápido, que terminarán lesionando la calidad de las mismas.
La producción de leyes con una baja calidad es un problema en la actualidad. Un ejemplo extremo es la reforma de la Ley Antiterrorista, la que tiene no solo poca profundidad técnica sino mala redacción tanto en el Mensaje como en el articulado, pese a que se trata de uno de los temas centrales de la agenda nacional de seguridad.
Los tiempos comunicados por el Ejecutivo son muy estrechos frente a la capacidad real para analizar una agenda, corta o larga, tan compleja, lo que pone en duda su viabilidad.
En materia de Reforma Educacional, lo más probable es que surjan cambios en la tramitación que la lleven hasta comisión mixta, de donde lo más seguro es que los tiempos legislativos se extenderán bastante más allá de la última semana de enero.
Un período presidencial de cuatro años se reduce prácticamente a tres, descontando el periodo de gracia e instalación que termina el primer 21 de mayo, y el período del “pato cojo” que se inicia el 21 de mayo del cuarto año de gobierno. De ahí en adelante este pierde protagonismo salvo en su incidencia electoral.
Por lo mismo, es incomprensible el mal uso y pérdida de tiempo que el actual gobierno ha hecho de su mayoría parlamentaria, tal vez la más importante en las coaliciones de centro izquierda que han gobernado al país desde 1990.
El desorden del bloque parlamentario oficialista frente a las iniciativas del Ejecutivo y la baja calidad de coordinación interministerial que se aprecia en los contenidos de las leyes, indican un pésimo manejo de la Segpres. Es este Ministerio el que debe coordinar los contenidos de ley, manejar las relaciones con las bancadas y construir mayorías legislativas.
El desorden político a que aludían diversos analistas y dirigentes políticos en los últimos días y que toca al resto del núcleo de Palacio, Presidenta incluida, tiene su asiento en el “cosismo” e inmediatismo que denota el gobierno, y en su carencia de perspectiva sobre sus trazos estratégicos y el uso y fortalecimiento de los elementos que lo sustentan.
Hoy, sin pausa ni reflexión aparentes, les impuso una carga de plazos a sus parlamentarios y partidos adherentes, que fuerzan tanto a otro poder del Estado en sus procedimientos, como tensionan internamente las coherencia de la propia coalición, pues hay temas no del todo afinados y que deberán ser defendidos con “disciplina militante” frente a la oposición. En un país no parlamentario, ello es un mal uso de la mayoría.
Es efectivo que estas son para usarse, pero es una elaboración del arte de la estrategia política el decidir sobre qué, cómo y cuándo. Y dado el panorama legislativo –sin mencionar los temas que el día a día agrega al peso del gobierno, como el transporte o el conflicto mapuche– se llega a la convicción de que el equipo político aún está muy por debajo del estándar de entender esta perspectiva. Las mayorías democráticas son siempre hechos políticos complejos, algo que La Moneda parece no alcanzar o no querer entender.
