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El “canje” que desnuda al chavismo

Marcel Oppliger
Por : Marcel Oppliger Periodista y co-autor de “El malestar de Chile: ¿Teoría o diagnóstico?” (2012)
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Desde luego, de por sí resulta curioso —aunque no inédito— que un gobierno sugiera entregar a un connacional a la justicia de otro país a cambio de la libertad de un extranjero cuya situación judicial nada tiene que ver con la nación solicitante, en este caso Venezuela. En general, la norma es intercambiar a los ciudadanos ajenos por los propios. Más curioso todavía cuando ni siquiera ha concluido el juicio del preso en cuestión, como ocurre con Leopoldo López, que está acusado de incitar a un alzamiento violento para derrocar a Maduro y a quien la ONU y varios países han pedido liberar en vista de las irregularidades del proceso en su contra.


Ya casi se ha vuelto costumbre comparar negativamente las habilidades políticas de Nicolás Maduro con las de Hugo Chávez, pero no es por pura mala voluntad. Lo cierto es que dos factores de la contingencia venezolana hacen inevitables las comparaciones entre el actual Presidente y el fallecido fundador de la revolución bolivariana, y ambos juegan en contra de Maduro.

El primero es la situación económica desastrosa que Chávez le dejó como herencia a su sucesor, y que éste se ha encargado de agravar radicalizando el Socialismo del Siglo XXI, con resultados nefastos: inflación récord, desabastecimiento crónico de bienes esenciales, gasto fiscal fuera de control, base productiva erosionada, dependencia de las importaciones, tipo de cambio irreal, el riesgo país más alto del planeta y pare usted de contar. Con la mala suerte, además, de que a todo esto se suma un negro panorama petrolero mundial para los próximos años, con un barril de crudo tasado muy por debajo del precio que Venezuela necesita para equilibrar sus cuentas. Tanto así, que el Mandatario ha iniciado una gira internacional en busca de apoyo para salir del atolladero, algo sin precedentes.

[cita] Desde luego, de por sí resulta curioso —aunque no inédito— que un gobierno sugiera entregar a un connacional a la justicia de otro país a cambio de la libertad de un extranjero cuya situación judicial nada tiene que ver con la nación solicitante, en este caso Venezuela. En general, la norma es intercambiar a los ciudadanos ajenos por los propios. Más curioso todavía cuando ni siquiera ha concluido el juicio del preso en cuestión, como ocurre con Leopoldo López, que está acusado de incitar a un alzamiento violento para derrocar a Maduro y a quien la ONU y varios países han pedido liberar en vista de las irregularidades del proceso en su contra. [/cita]

El segundo factor es la gestión política del propio Maduro, que tiene al chavismo con la peor aprobación en década y media, diagnóstico desfavorable que por primera vez incluye tanto a partidarios como a detractores. En alguna medida, esto también se aprecia en el plano externo, ya sea en la mermada influencia del ALBA o en el sorpresivo acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos, que al parecer Raúl Castro no tuvo la cortesía de comunicar de antemano al aliado caraqueño, quitándole piso a su retórica antiimperialista.

Con todo, la intempestiva propuesta de canjear la libertad del líder opositor Leopoldo López por la de un independentista puertorriqueño encarcelado hace años en EE.UU. por varios delitos, podría ser una de las peores ideas que ha tenido Maduro en sus casi dos años de gobierno, porque parece confirmar lo que algunos acusaban y muchos sospechaban: que el ex alcalde venezolano, detenido en un cuartel militar sin derecho a visitas desde febrero del año pasado, es un preso político y así lo considera el Palacio de Miraflores, aunque afirme lo contrario.

Caracas sostiene que Oscar López Rivera es un prisionero de conciencia, pues en realidad no habría sido condenado por conspiración sediciosa, robo con fuerza, transporte de armas y conspiración para atacar edificios gubernamentales con explosivos —como se estableció en su juicio—, sino por defender la independencia de Puerto Rico (cuyos ciudadanos, por cierto, han votado mayoritariamente en más de una ocasión a favor de seguir siendo un territorio asociado de los EE.UU.). El propio López Rivera se define como “cautivo de guerra” y por eso ha invocado, hasta ahora sin éxito, el amparo de la Convención de Ginebra, la cual establece que no pueden ser juzgados como criminales comunes quienes son detenidos por oponerse a un régimen colonial.

Desde luego, de por sí resulta curioso —aunque no inédito— que un gobierno sugiera entregar a un connacional a la justicia de otro país a cambio de la libertad de un extranjero cuya situación judicial nada tiene que ver con la nación solicitante, en este caso Venezuela. En general, la norma es intercambiar a los ciudadanos ajenos por los propios. Más curioso todavía cuando ni siquiera ha concluido el juicio del preso en cuestión, como ocurre con Leopoldo López, que está acusado de incitar a un alzamiento violento para derrocar a Maduro y a quien la ONU y varios países han pedido liberar en vista de las irregularidades del proceso en su contra.

Pero es extraño, sobre todo, porque los canjes de prisioneros suponen una suerte de tácito reconocimiento mutuo en cuanto a que se trata de delitos de similar naturaleza: yo te pido la entrega de una persona a quien considero un preso político (o uno de mis agentes) a cambio de soltar a alguien que tú estimas se encuentra en la misma situación. Entonces, si es razonable argumentar que la libertad del militante puertorriqueño puede equipararse con la del opositor venezolano, es porque se admite implícitamente que ambos casos tienen mucho en común. Dicho de otro modo, si a Maduro le parece sensato canjear a un López por otro, en igualdad de condiciones, pierde credibilidad (y coherencia) la afirmación de que el líder antichavista sólo está preso por quebrantar la ley y no por motivos políticos.

O sea, un revelador tiro por la culata que pone en evidencia lo que la OEA y otros organismos han denunciado tantas veces: la dudosa vigencia del Estado de derecho y de las garantías democráticas en el país bolivariano.

Siguiendo la lógica del Presidente, la libertad del puertorriqueño, que él llama “el Mandela de este tiempo”, tiene el mismo precio que la del venezolano que su gobierno ha calificado como un “monstruo” y un “delincuente común”. Raro, ¿verdad?

O quizás no tanto.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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