Como la gratuidad sólo será implementada en aquellas instituciones que cumplan los requisitos demandados por el gobierno, resulta legítimo preguntarse qué pasará con los planteles educacionales que no se encuentran acreditados y que hoy, concentran una matrícula mayoritaria de alumnos provenientes de los tres primeros quintiles.
Hace unos días, el diario La Tercera pudo tener acceso al documento que se trabaja hace varios meses en el Ministerio de Educación, referido a la gratuidad universal en el sistema de educación superior. La medida no ha pasado inadvertida entre los diferentes actores que se ven involucrados, recibiendo incluso duras críticas por parte de los sectores más radicalizados de la Confech.
El medio señalado anteriormente, establece que el programa de implementación de la gratuidad se contempla realizar de manera gradual a partir del año 2016, a la vez que se inicie con un grupo de instituciones que cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, alcanzar un mínimo de años de acreditación –el cual será obligatorio bajo un sistema de gratuidad– y adscribir a un compromiso público que incluirá, entre otras cosas, aceptar el arancel regulado que propondrá el Ejecutivo y contar con un “alto número” de alumnos que sea parte del 70 por ciento más vulnerable del país.
[cita]Como la gratuidad sólo será implementada en aquellas instituciones que cumplan los requisitos demandados por el gobierno, resulta legítimo preguntarse qué pasará con los planteles educacionales que no se encuentran acreditados y que hoy, concentran una matrícula mayoritaria de alumnos provenientes de los tres primeros quintiles.[/cita]
A partir de lo anterior, surge una serie cuestionamientos que tienen que ver con el falso eslogan de los derechos sociales y que el gobierno de la Nueva Mayoría ha sembrado en la ciudadanía haciéndonos creer un falso progresismo. Esto tiene que ver con que el régimen de lo público tenga que estar monopolizado exclusivamente por el Estado. Pues como muchos hemos señalado, el régimen de lo público no viene dado por garantía exclusiva ni del Estado ni de particulares. Al contrario de ello, el régimen de lo público en materia educativa se explica en cuanto los distintos planteles educacionales –ya sean del Estado o privados– estén dispuestos a hacerse cargo de los desafíos que la misma ciudadanía ha ido desarrollando con el paso de las generaciones.
Un segundo cuestionamiento, tiene que ver con la pérdida de autonomía de los planteles educacionales, que al querer aceptar el sistema de gratuidad para sus estudiantes tendrán que someterse a los aranceles que el Estado defina. Aquello, puede resultar perjudicial para las distintas instituciones educativas, debido a que la posible inexistencia de montos no permita cubrir los gastos que van más allá de la docencia, como investigación u otros gastos asociados a los planteles educacionales. Es por esto que no resulta irracional que las instituciones tengan libertad para obtener recursos adicionales de otras fuentes, como, por ejemplo, de aquellos que pueden pagar por educarse, para que de esta manera exista cierta independencia frente a los montos asignados por el Estado. Ante ello, el costo de la transición para un sistema instaurado, en el que coexisten instituciones que tienen distintas ofertas educativas y con distintos costos asociados, puede ser sustancial.
Ahora bien, como la gratuidad sólo será implementada en aquellas instituciones que cumplan los requisitos demandados por el gobierno, resulta legítimo preguntarse qué pasará con los planteles educacionales que no se encuentran acreditados y que hoy concentran una matrícula mayoritaria de alumnos provenientes de los tres primeros quintiles. Por esto, una buena medida podría ser focalizar los recursos principalmente en la educación técnico-profesional, donde asisten en su mayoría alumnos de los tres primeros quintiles y cuyas becas cubren un menor valor de los aranceles en comparación a la situación universitaria, pese a que las carreras son más baratas.
Por otro lado, no dejan de llamar la atención las críticas que ha recibido el proyecto por diferentes miembros de la Confech, respecto a que éste contemplaría la gratuidad sólo por la duración formal de la carrera más un año de gracia, junto con establecer un límite de cursos reprobables. Ante ello –tal como lo han señalado distintos expertos en materia educativa– y no compartiendo la gratuidad a la oferta en educación superior, es legítimo establecer que el beneficio se acote a un número de años y que los beneficiarios lo sean en la medida que muestren un interés y esfuerzo real por la carrera que se curse. En ese sentido, las críticas que se generarían por parte de la presidenta de la Fech, en cuento a que el derecho social dejaría de ser tal por el hecho de estar condicionado por el mérito y el esfuerzo real de cada estudiante, parecerían infundadas, pues no se sigue que un derecho social pierda su garantía como tal, en la medida que el ente que lo provea y garantice, es decir, el Estado, requiera de un compromiso por parte de los beneficiarios de la medida.
En conclusión, para evitar otro bochorno en materia de reformas, urge que el gobierno se siente a discutir con las distintas autoridades de los planteles educativos un proyecto que atienda la realidad de los más vulnerables, pues, de lo contrario, el gobierno entraría en una encrucijada –que de no resolverla debidamente, puede resultar en una reforma igual de mala que la reforma a la educación secundaria–, pues por un lado la gratuidad no puede ser ni inmediata y ni aplicable al 100% de los estudiantes, y, por otro, en que elegir universidades y no alumnos para partir implica casi irremediablemente beneficiar a los alumnos de mejores resultados, que son los menos vulnerables. Pues tal como la evidencia lo señala, los alumnos más vulnerables del sistema de educación superior en Chile se encuentran en los Institutos profesionales y Centros de formación Técnica, muchos de los cuales no se encuentran acreditados.
