Usted y yo aceptáramos la fundamentación que da la Nueva Mayoría y Alianza para tener un TC cuyo fin sea asegurar las garantías constitucionales consagradas en la Carta Fundamental (escrita en dictadura y “remozada” con Lagos el 2005), es necesario que usted y yo sepamos cómo se conforma el TC, pero sobre todo exija que este organismo tenga un procedimiento de selección que no responda a los intereses políticos del binominal.
Hace uno días la Alianza decidió recurrir al Tribunal Constitucional (TC), bajo el argumento de que la Reforma Educacional “vulnera la libertad de enseñanza y la posibilidad de los padres de elegir el colegio de sus hijos en un ambiente de proyectos educativos diversos”.
Cabe preguntarse entonces, qué es este órgano al cual la Alianza le encarga la responsabilidad de proteger las garantías constitucionales de quienes somos padres para que podamos elegir el ambiente en que estudian y estudiarán nuestras hijas e hijos.
Para explicar en términos muy sencillos cómo funciona el TC, opera a través de un “control preventivo” obligatorio cuando se trate de proyectos que interpreten la Constitución, sean leyes orgánicas de Constitución o tratados internacionales cuyo contenido estén en normas del tipo orgánicas constitucionales. Además, resuelve asuntos que surjan a propósito de la tramitación de un proyecto de ley que puedan afectar normas constitucionales. El TC también tiene otras atribuciones que, atendido el fin de este comentario, no es necesario reproducirlas.
[cita]Si usted y yo aceptáramos la fundamentación que da la Nueva Mayoría y Alianza para tener un TC cuyo fin sea asegurar las garantías constitucionales consagradas en la Carta Fundamental (escrita en dictadura y “remozada” con Lagos el 2005), es necesario que usted y yo sepamos cómo se conforma el TC, pero sobre todo exija que este organismo tenga un procedimiento de selección que no responda a los intereses políticos del binominal.[/cita]
Tras la reforma del año 2005, la de Lagos, el TC se integra por 10 ministros. De esos 10, tres son elegidos por el Presidente de la República; 4 por el Congreso Nacional, de los cuales 2 son elegidos directamente por el Senado, mientras que los otros 2 son propuestos por la Cámara de Diputados para que el Senado los apruebe o rechace; los 3 ministros faltantes son escogidos por la Corte Suprema.
Ya con la forma de integración de TC es posible ver que cuando se elige Presidente la República, no sólo se elige ese cargo, sino además a sus 3 representantes en el TC. También se puede ver, y sabiendo cómo operan los dos grandes conglomerados políticos, que la selección de los cupos que corresponde al Parlamento se realiza mediante negociaciones políticas, para “repartirse” los cupos y así asegurarse defensores constitucionales de sus intereses. De hecho, las dos últimas designaciones de ministros del TC corresponden a un ex diputado UDI y a un militante socialista. La Constitución “sugiere” a nuestros parlamentarios que los ministros sean destacados profesionales en la vida universitaria. Sin embargo, en estas dos últimas designaciones, los parlamentarios se tomaron sólo unos minutos para elegir a los ministros y sin revisión de sus respectivos currículos. Por tanto, existe una alta probabilidad de que se hayan “negociado” previamente los cupos tanto para la Alianza como para la Nueva Mayoría; más bien, no cabe la menor duda de que se negoció, pues así fue como lo reconoció el mismo senador Guillier en la última sesión de la Comisión de Hacienda y Educación que discutió uno de los proyectos de la reforma educacional.
Retomando la pregunta inicial, ¿a dónde va la derecha? Allá va. A un TC que tiene una conformación espuria, donde tras haber perdido en la votación de este proyecto, se aferran al último bastión que les queda para defender sus intereses.
Es cierto que tanto Concertación como Alianza han utilizado este mecanismo. A ambas coaliciones les es útil. Y a nosotros nos intentan convencer (y parece que nos convencieron) de que Chile necesita un Tribunal Constitucional, para que en pos de una mayor seguridad jurídica, vivamos tranquilos de que nuestras garantías constitucionales no serán vulneradas por el presidente o la presidenta de turno, ni por una determinada mayoría parlamentaria. Afirman que en las democracias “más fortalecidas” existe este órgano, por lo que es legítimo tener un TC, y así como dijo el senador Allamand, es legítimo recurrir cuando ellos estimen que se han vulnerados normas constitucionales.
Y aunque pareciera tener asidero lo que sostienen estos conglomerados políticos para mantener un TC, lo cierto es que toda esta argumentación se cae cuando vemos cómo se reparten estos cupos, dejándolo simplemente a la última instancia que le queda, en esta oportunidad, a la derecha.
Los actuales ministros son: Marisol Peña Torres, Francisco Fernández Fredes y Domingo Hernández Emparanza, todos elegidos por la Corte Suprema; los cupos del Presidente de la República están cubiertos por Carlos Carmona Santander (presidente del TC), elegido el 2009 por la Presidenta Bachelet; María Luisa Brahm Barril y Gonzalo García Pino, ambos elegidos por el Presidente Piñera; mientras que el Parlamento eligió a Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán y los recientemente designados Cristián Letelier Aguilar y Nelson Pozo Silva. De esta conformación, tenemos a 7 ministros que fueron elegidos exclusivamente por instancias meramente políticas, mientras que los otros 3 por la Corte Suprema.
Por tanto, si usted y yo aceptáramos la fundamentación que da la Nueva Mayoría y Alianza para tener un TC cuyo fin sea asegurar las garantías constitucionales consagradas en la Carta Fundamental (escrita en dictadura y “remozada” con Lagos el 2005), es necesario que usted y yo sepamos cómo se conforma el TC, pero sobre todo exija que este organismo tenga un procedimiento de selección que no responda a los intereses políticos del binominal.
¿A dónde va la derecha? Ya lo sabe. No va en busca de asegurar nuestros derechos como padres, sino a ganar por otro medio, algo que no ganó en una elección. Finalmente, si ya existen muchas razones para que tengamos una Asamblea Constituyente, pues acá tenemos otra: un procedimiento de selección del TC que sea transparente y confiable para el país.
