Este conocido refrán parece caracterizar la estrategia que ha tomado el Gobierno de Michelle Bachelet, de cara al cumplimiento del periodo legislativo que tenía como fecha límite enero de 2014.
Durante el mes de enero, a pocas semanas del receso legislativo –cosa que, querámoslo o no, afecta la disposición psicológica de nuestros legisladores a tratar estos temas con la responsabilidad que ameritan–, aprovechándose de largas jornadas legislativas y con una capacidad de trabajo sorprendente, la Nueva Mayoría ha sido capaz de mostrar que, bajo presión, es capaz de aunarse bajo los lineamientos del Programa de Gobierno. Es casi como una lógica empresarial donde el bono de final de año está en juego. Tanto, que la semana pasada el Ministerio del Interior mostraba con orgullo cómo 105 de las 192 iniciativas que se presentaron fueron aprobadas.
Así, entre las grandes reformas que se han llevado a cabo se cuentan: el fin al binominal; una reforma educacional que pone fin al lucro, al financiamiento compartido y la selección; un nuevo Acuerdo de Unión Civil (AUC); Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. También, se comprometió el ingreso de nuevas reformas a la educación preescolar, aún está en discusión una reforma laboral y, desde el sábado antepasado, se ingresó la legalización del aborto.
[cita] La guinda de la torta viene a ser la propuesta del Gobierno de instalar su ley abortista el último día de enero sabiendo que, con eso, aminora las fricciones interiores y que, gracias la fecha, podrá diluirlas durante el receso estival.[/cita]
Esta hábil muñeca legislativa, sin embargo, ha dado muestras de una forma nociva de hacer política. En primer lugar, tenemos el indignante proyecto de ley que se aprobó en tan sólo nueve días, el cual entrega una bonificación específica de $960.000 (repartidos en cuatro pagos) a los empleados públicos de la Región de Atacama, sólo por el hecho de vivir en ella, sumando un valor de 7.580 millones. El fundamento tras este proyecto de ley presentado por el ministro del Interior, y que cuenta con la firma del ministro de Hacienda, es que el costo de la vida es asimétrico y que en la Región de Atacama esto afectaría más. Sospechoso, ya que no considera a las zonas extremas de Chile, donde es sabido que el costo de la vida es significativamente más costoso, infligiendo, con esto, una evidente discriminación arbitraria.
En segundo lugar, la guinda de la torta viene a ser la propuesta del Gobierno de instalar su ley abortista el último día de enero sabiendo que, con eso, aminora las fricciones interiores y que, gracias la fecha, podrá diluirlas durante el receso estival. El gobierno presentó este proyecto con una actitud llena de eufemismos donde ha preferido enmascarar sus propuestas para, con eso, sonar más amigable y así no generar roces con miembros de su colectividad. Esto se hace evidentemente patente con el caso del aborto y la Democracia Cristiana, donde el proyecto de ley se enmascara de ser una “Interrupción voluntaria de embarazo en tres causales”, para en los hechos ser, lisa y llanamente, un proyecto cuyo fin es el aborto puro y duro.
La reflexión que es necesario hacer después de ver estos dos ejemplos puntuales es la siguiente: ¿pueden políticas apuradas, realizadas en extensas jornadas laborales, donde están involucradas realidades sumamente complejas, ser legisladas con la premura de la cual hemos sido testigos?
La respuesta es claramente sí, de hecho, el Gobierno ya lo hizo. El punto está en otra parte. Este modo de hacer política es profundamente indeseado para una democracia que se dice participativa, en la cual las políticas que se hagan en el Congreso Nacional tienen impacto día a día.
La reforma educacional afecta profundamente la manera en que entendemos los establecimientos y la educación en Chile. La reforma al binominal, con más humo que cambios sustantivos, plantea una nueva forma de entender la política. A su vez, el AUC se presenta en los hechos como una nueva ley exprés de Matrimonio Civil que viene a erosionar la base de toda sociedad, la familia. Así, suma y sigue.
¿Demasiados cambios para un año? ¿Progreso tal vez? Ya veremos cómo esto es recibido por la ciudadanía. Sin embargo, es claro que esta no es la última vara con la cual vamos a medir el éxito de un Gobierno. La experiencia es clara, la política no puede ser medida con métricas empresariales. Cuando del bien de un país se trata, no basta con maximizar. La política es compleja y, en última instancia, el éxito de una iniciativa se mide en términos del bien que es capaz de generar en la vida de las personas, no en términos hedonistas, sino en términos de respeto a su dignidad, la justicia y la democracia.
Lo decepcionante, finalmente, es que este Gobierno, que prometía ser participativo, de cara a la ciudadanía, que se instaló como aquel que abriría nuevos canales de participación política, actualmente se aproveche del frenesí legislativo para terminar de pasar, entre gallos y medianoche, sus proyectos de ley. La democracia muchas veces tiene sus tiempos que es necesario respetar, porque implica deliberación, diálogo, gradualidad, confrontación seria, acuerdos y una mirada de fondo de la política, asunto que ya experimentaron exitosamente los gobiernos de la transición a la democracia. Con actitudes como la mostrada por este Gobierno, donde lo importante es avanzar sin importar a costa de qué, lo único que se está haciendo es borrar con el codo lo que nos ha costado construir durante más de 25 años.
