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“Estamos bien en el Parlamento los 158”

por 10 abril, 2015

En definitiva, ante la actual aversión popular no se puede optar por mirar al techo e invisibilizar la falta de confianza y credibilidad en nosotros. Debemos hacer algo ¡ahora! Aunque ese ahora implique un adelantamiento de las elecciones parlamentarias, con nueva ley electoral y con financiamiento a la actividad política. Así tendríamos, a corto andar, un Congreso Nacional claramente legitimado para hacer todas las leyes, incluyendo una Nueva Constitución Política, que el pueblo requiere y que hasta hoy no tiene respuesta.
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Al igual como los 33 mineros de Atacama, enterrados a 700 metros de profundidad en la mina San José, los parlamentarios estamos metidos en el fondo del hoyo, sin ver la luz, sólo intentando sobrevivir, todos cuestionados por igual, esperando una solución imaginativa, estilo capsula Fénix, para seguir manteniendo el poder político y privilegios. Confiando en que la práctica de los últimos 25 años se vuelva a reeditar y los acuerdos por arriba sean la solución anhelada.

En el fondo del subterráneo-Parlamento la paranoia se apodera de senadores y diputados, los que aparentan no darse por aludidos y siguen su quehacer como si nada ocurriera en el país. Otros actores políticos, dentro y fuera de La Moneda, conocedores de lo que sucedía, en vez de dar soluciones correctas a lo que estaba aconteciendo, intentaron ocultar las trucherías mediante los mentados acuerdos políticos. Justificando todo con el argumento de los grandes estadistas, estilo Ricardo Lagos, “razones de Estado”.

Aclaremos, las “razones de Estado” son legítimas cuando permiten crear un orden político que sea capaz de aplicar justicia. Aquellas soluciones que entorpezcan la realización de justicia podrán ser razones de élite o casta, pero no razones de un Estado democrático de derecho.

Hasta el momento, 13 senadores y 37 diputados, cuya función principal implica confeccionar la ley, entre las que debería estar el sancionar los hechos de corrupción, por el contrario, crearon redes de impunidad en torno a grandes empresas privadas y, eventualmente, serían cómplices de los hechos que hoy son públicos: financiamiento ilegal, falsificación de boletas, evasión tributaria y leyes corruptas.

En definitiva, ante la actual aversión popular no se puede optar por mirar al techo e invisibilizar la falta de confianza y credibilidad en nosotros. Debemos hacer algo ¡ahora! Aunque ese ahora implique un adelantamiento de las elecciones parlamentarias, con nueva ley electoral y con financiamiento a la actividad política. Así tendríamos, a corto andar, un Congreso Nacional claramente legitimado para hacer todas las leyes, incluyendo una Nueva Constitución Política, que el pueblo requiere y que hasta hoy no tiene respuesta.

Los 50 enunciados corresponden a un tercio de los 158 parlamentarios que, de acuerdo a la normativa constitucional vigente, son los que deben confeccionar las leyes. Hacer la ley significa decirle a la sociedad qué norma jurídica deben observar, cumplir o acatar. Sin duda se hace difícil decirles a otros lo que deben hacer, cuando el que lo dice tiene grandes cuestionamientos. Por ahora, a mí se me ocurren a lo menos tres:

Primer cuestionamiento, elecciones corruptas. Los elegidos al Congreso Nacional llegaron con la “noble misión” de representar a los que los han elegido, al menos eso se creía cándidamente. ¡Los parlamentarios son los representantes del pueblo de Chile! Ahora es público y notorio que en realidad buena parte de los congresistas representan a empresarios, grandes conglomerados económicos, a los que les interesa que nada cambie, y es por ello que nada cambia.

Y por qué los conglomerados privados serían favorables a los cambios si a ellos y a sus amigos les va tan bien: utilidades de Isapres, AFPs, bancos, holdings mineros, empresas pesqueras y forestales. Y más aún, por qué iban a cambiar las cosas, si cuando los descubrían en sus abusos no les salía ni por curaos; como ejemplo: colusión de farmacias, MOP-Gate, La Polar, Cascada, alzas unilaterales de Isapres. Ahora entendemos por qué, por más que eligiéramos autoridades que se comprometían con grandes transformaciones, todo seguía igual. Buena parte de los parlamentarios no representan a quienes les dieron el voto, sino a quien le dio el dinero para su campaña.

Hoy se hace patente que la representación parlamentaria es una ficción jurídica y la ciudadanía exige que se investigue todo y la autoridad se convence y exclama: ¡caiga quien caiga!

Segundo cuestionamiento, representación antipopular. Por más de 24 años los representantes populares han sido elegidos mediante el peor de los sistemas electorales, el sistema binominal: impopular, antimayoritario y excluyente. Dicho diseño sólo cabía en la imaginación gremialista de Jaime Guzmán, quien no tenía ninguna intensión de representar el sentir popular sino domesticarlo. El sistema electoral binominal escabulló representar debidamente a la población, a la que intentó esculpir a imagen y semejanza de la Constitución Política del dictador Pinochet. El pueblo cansado de su no representación hoy exige ¡que se vayan todos!

Tercer cuestionamiento, desconfianza y descrédito institucional. El sentir popular en diversas encuestas nos repite con contundencia que el Congreso Nacional es una institución a la que los chilenos y chilenas no le creen. La última encuesta Adimark arrojó un 75% de desaprobación para el Senado y un 77% de desaprobación para la Cámara de Diputados.

Si hoy se ha puesto fin al sistema electoral binominal y se discute una nueva fórmula de financiamiento de la política, es porque la relación partidos políticos-dinero no resiste más. Pero la ciudadanía intuye que todas las fórmulas legisladas o por legislar serán para mejorar la democracia representativa y cerrar, así, la puerta a cualquier tipo de democracia participativa. En el fondo, está el temor al pueblo y a la perdida de los privilegios. Se teme que un día se le pregunte a la ciudadanía, por ejemplo, si quiere que el sistema de capitalización individual siga siendo la forma de asegurar las pensiones, y ésta responda “NO”.

En definitiva, ante la actual aversión popular no se puede optar por mirar al techo e invisibilizar la falta de confianza y credibilidad en nosotros. Debemos hacer algo ¡ahora! Aunque ese ahora implique un adelantamiento de las elecciones parlamentarias, con nueva ley electoral y con financiamiento a la actividad política. Así tendríamos, a corto andar, un Congreso Nacional claramente legitimado para hacer todas las leyes, incluyendo una Nueva Constitución Política, que el pueblo requiere y que hasta hoy no tiene respuesta.

De seguro habrá algunos que dirán que no tiene importancia que el debate sobre las leyes, incluida la norma fundamental, lo realice un Congreso Nacional cuestionado en su elección y en el financiamiento de los elegidos. ¿Por qué?, porque en dictadura las leyes, nuevamente incluida la actual Constitución, se elaboraron entre cuatro personajes vestidos de uniforme militar entre cuatro paredes. ¿Alguien, desde la institucionalidad, le ha cuestionado legitimidad? Nadie. En todo este tiempo le hemos dado legitimidad a toda la barbarie jurídica de la dictadura, pasando por su Constitución Política. Entonces, se nos dirá, “este Parlamento es lo más parecido a una asamblea griega. ¡Debemos darnos por conformes!”.

Lo peor está en que esos cuatro generales han extendido su fórmula de hacer las leyes, hasta el día de hoy, de espalda al pueblo y sólo pensando en la propiedad privada y en los intereses de las corporaciones privadas nacionales y transnacionales, a nombre de quienes se dio el golpe de Estado de 1973, se torturó, desapareció y asesinó a miles de compatriotas.

El sistema electoral binominal y la financiación privada de campañas electorales es el instrumento que nos dejó la dictadura para que el modelo económico social continuara igual como fue pensado en dictadura. Y si alguien insinúa que hay que hacer las transformaciones que el país reclama, se amenaza: “¿Quieren un populista cualquiera? ¿Quieren otro militar?”. Los que amenazan saben bien que lo que se reclama es una Nueva Constitución Política y ellos, tan autocomplacientes y cómodos como siempre, es algo que no se pueden permitir.

Hoy se unen los de aquí y los de allá para decirnos que “no hay crisis”, que “las instituciones funcionan”, que “hay que dejarlas tranquilas”. En buenas cuentas, que la institucionalidad pinochetista funciona. Entonces, como ayer la Junta de Gobierno y hoy el Congreso Nacional, se espera el olvido y que todo siga funcionando normalmente, “¡aquí no ha pasado nada!”, dirán.

Es la misma historia de los 33 mineros: los responsables de lo acontecido en la mina San José fueron los privados, la solución la dio el Estado de Chile a través de ASMAR, se les rescató, y aquí no ha pasado nada. En el Parlamento se dirá “Estamos bien, y seguimos bien, los 158”.

De la ciudadanía depende que no pasemos del “Caiga quien caiga” al “Que se vayan todos” para terminar en “Que todo siga igual”.

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