La Ley de Pesca es un avance en la administración pesquera y la sostenibilidad de los recursos del mar en el largo plazo, que el país pesquero anhelaba hace bastante tiempo, pues contiene avances en muchos aspectos técnicos, sociales, de investigación y ligados a la sustentabilidad que sería extenso enumerar. Por eso la evaluación de esta normativa por un organismo internacional especializado como la FAO es positiva. Permite que se sugieran mejoras para perfeccionarla, además de garantizar una mirada objetiva sobre sus cualidades o falencias.
El sector industrial también estima que existen aspectos en ella a reforzar, como mejorar las atribuciones para erradicar la pesca ilegal, plataforma social para los trabajadores del sector, disminuir la sobreinversión artesanal a través de la compra de las inscripciones de pesca por parte del Estado, proteger la primera milla –reservorio de diversas especies–, entre otras. También es importante considerar que la actual ley no ha entrado a regir plenamente, pues aún hay Comités de Manejo en proceso de constituirse y deben establecerse Planes de Manejo y Planes de Recuperación que son esenciales para el futuro de las especies. En consecuencia, estamos disponibles para aportar en la línea de mejorar la legislación y estudiaremos con atención las conclusiones que el estudio de la FAO emita.
Es efectivo que un senador y una ex diputada enfrentan investigaciones derivadas de presuntos delitos que han sido vinculados a la tramitación de este cuerpo legal, pero una cosa muy distinta es plantear que en Chile un sector pudo haber comprado una ley económica y haber corrompido al Parlamento en su totalidad para obtener una norma beneficiosa sólo para sus intereses. Ese Chile que algunos quieren dibujar, no existe.
[cita] Es efectivo que un senador y una ex diputada enfrentan investigaciones derivadas de presuntos delitos que han sido vinculados a la tramitación de este cuerpo legal, pero una cosa muy distinta es plantear que en Chile un sector pudo haber comprado una ley económica y haber corrompido al Parlamento en su totalidad para obtener una norma beneficiosa sólo para sus intereses. Ese Chile que algunos quieren dibujar, no existe. [/cita]
La Ley de Pesca es fruto de una discusión parlamentaria amplia, participativa y democrática, donde se escuchó a decenas de expertos y representantes de todos los sectores que confluyen en el mundo pesquero. La solidez de las aprobaciones obtenidas por el proyecto en las instancias legislativas, hacen descartable que una normativa como esta haya sido consecuencia de otras influencias que no sean las de un prolongado debate técnico, económico y jurídico.
Por primera vez en la historia de las leyes de pesca la conformación y distribución de las cuotas anuales de captura para cada especie no ha quedado al arbitrio político de las autoridades sectoriales pesqueras de turno y ha sido traspasada a los Comité Científico Técnicos, instancias que entregan su opinión sobre la base de información basada en investigación. Es decir, estamos frente a una ley que apunta directamente a la conservación de los recursos pesqueros y que mejoró sustancialmente la situación y acceso a cuotas de pesca de organizaciones de pescadores artesanales legales y representativos.
La actual Ley de Pesca enfrentó durante su discusión a actores que buscaron imponer un mecanismo de licitación de los recursos pesqueros que no se utiliza en ningún país del mundo y que, pese a no haber logrado imponer su idea de permitir que grupos extranjeros puedan participar de recursos alimentarios de Chile, continúan su campaña de desprestigio y obcecados luchan hoy por derogar o anular la actual Ley de Pesca. Estos organizados acusadores son la pesquera de capitales noruegos Lota Protein, que posee una planta de harina de pescado en la comuna del mismo nombre y, entre otras, organizaciones formadas en su oportunidad para enfrentar la discusión de la actual Ley de Pesca: Pymepes, Condepp, Fenaspar y Fetrapes.
Ellos han intentado instalar la idea de que la industria pesquera no paga a Chile tributos por capturar los recursos naturales renovables. La actual ley establece Patentes Pesqueras y un Impuesto Específico o Royalty que habitualmente se establecen para recursos naturales no renovables. En su conjunto, estos tributos le han significado al sector pesquero aportar, sólo en 2014, más de $6.800 millones. Esto es relevante para la sostenibilidad el sector pesquero nacional, ya que estos dineros se utilizan como aportes para investigación y protección de los recursos pesqueros y para apoyo social y reconversión laboral y fomento a la pesca artesanal, entre otras.
Estos mismos actores pro licitación han inventado el eslogan de “Las Siete Familias”, aprovechándose del bajo conocimiento de la ciudadanía de los temas pesqueros, y sabiendo que en Chile existen más de 40 empresas (y familias) de diverso tamaño que trabajan con acceso al mar y sus recursos, ofreciendo empleos formales a más de 36 mil personas a lo largo de Chile, entre barcos y plantas.
La Ley de Pesca debe ser revisada y mejorada, pero la actual coyuntura no debe permitir que actores interesados en licitar los recursos pesqueros chilenos se escondan en tan delicado escenario, sin entregar propuesta alguna de mejoramiento del sector pesquero nacional que no sea la subasta internacional de los recursos de todos los chilenos.
