Algunos honorables diputados y senadores, representantes del soberano, del pueblo, se han visto involucrados en conductas ilícitas o vinculaciones no éticas con empresas.
Tales conductas contradicen flagrantemente las virtudes cívicas proclamadas por los congresistas en las respectivas campañas electorales, conocidas y tácitamente aceptadas por sus electores al favorecerlos con sus votos.
Esta vinculación elector-representante mediada por virtudes cívicas existe, de acuerdo a Werner Jaeger (Paideia), en la medida que para quienes gobiernan los asuntos públicos “rigen normas de conducta ajenas al común de los hombres”. Esta excepcionalidad originada en la Grecia antigua fue parte de los valores o virtudes republicanos que le dieron vida y sustentaron a esta joven república cuando daba sus primeros pasos independentistas.
Camilo Henríquez identificaba, entre las principales virtudes del nuevo ciudadano, “la justicia, el desprendimiento de intereses personales, prefiriendo al bien particular y propio el bien público, y la causa de la libertad”, y advertía que “por falta de estas virtudes estamos a ser esclavos eternamente”.
Sin estos valores encarnados y defendidos por nuestros representantes, las instituciones democráticas no serían capaces de proteger y desarrollar adecuadamente, no solamente la soberanía nacional, sino que todos aquellos bienes e intereses colectivos.
De no ser así, cada política pública estaría determinada por el acaparamiento de oportunidades por individuos aislados o grupos de intereses más o menos poderosos.
[cita] Los casos recientes de pública notoriedad muestran que las expectativas generadas por esos representantes han sido frustradas. Se podría argumentar que ello se explica por la voracidad del capital privado para comprar y echarse la política al bolsillo o que se justifica por las limitaciones institucionales en que se desenvuelve la labor parlamentaria, el estímulo al individualismo, la limitada función legislativa frente a una omnímoda Presidencia, o bien por las insuficiencias institucionales para regular este tipo de conductas. [/cita]
Esta relación representado-representante se expresa en el Congreso Nacional, espacio institucional donde los congresistas desempeñan sus roles y cumplen la promesa de la palabra empeñada. De esta forma, a partir de sus funciones institucionales, congresistas y Congreso generan ante el pueblo soberano expectativas sobre su desempeño, las que son satisfechas o no en el cumplimiento de su función legislativa.
De acuerdo a la Real Academia Española, la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”, se llama honor. Este no es otra cosa, según Jaeger, que el “reflejo del valor interno en el espejo de la estimación social y que se adquiere exclusivamente por el reconocimiento de la sociedad a que pertenece. El elogio y la reprobación son la fuente del honor y el deshonor, la medida de valor en la comunidad”.
Los casos recientes de pública notoriedad muestran que las expectativas generadas por esos representantes han sido frustradas. Se podría argumentar que ello se explica por la voracidad del capital privado para comprar y echarse la política al bolsillo o que se justifica por las limitaciones institucionales en que se desenvuelve la labor parlamentaria, el estímulo al individualismo, la limitada función legislativa frente a una omnímoda Presidencia, o bien por las insuficiencias institucionales para regular este tipo de conductas.
Cualquiera sea la explicación o justificación de estas, la expectativa del elector con sus representantes defensores de intereses colectivos y portadores de valores compartidos se ha visto profundamente frustrada.
La primacía del interés personal por sobre el colectivo, al que se debe el parlamentario, y el no cumplimiento de los deberes respecto de sus electores con la consecuente frustración de las expectativas de roles asociada a su investidura, han despojado al representante de la estimación y reconocimiento social que alguna vez se le entregó, transformando esta reprobación en deshonor individual y, por extensión, del propio Congreso.
Recuperar el honor perdido es un problema mucho más profundo que restablecer confianzas, es poder adquirir valor en el espejo de la estimación social evitando, como decía Camilo Henríquez, “ser esclavos eternamente”, ahora, del capital privado.
