Cuando a fines del año 2014 el Gobierno anunció una Reforma Laboral proclamando que “estamos saldando una deuda con los trabajadores chilenos”, seguramente más de algún dirigente se esperanzó con la idea de que después de 25 años de democracia, al fin se lograrían cambiar sustancialmente las reglas del juego que dejó la Dictadura en el ámbito laboral. Hoy, luego de 6 meses de discusión parlamentaria, se corrobora la sospecha de que no hay nada nuevo bajo el sol.
Curiosamente, la discusión de esta reforma ha servido al movimiento sindical en dos sentidos que no tienen nada que ver con las “buenas intenciones” del Gobierno ni con el proyecto en sí. En primer lugar, se han promovido y ampliado discusiones sindicales que trascienden los estrechos límites de las demandas a nivel de empresa, interiorizando a dirigentes y a varias organizaciones de trabajadores en los aspectos legales perjudiciales del actual Código del Trabajo. En segundo lugar, ha generado un nutrido debate entre investigadores y especialistas que reafirma el lamentable panorama del sindicalismo, su relación con la institucionalidad y los desafíos pendientes para revertir esta situación.
La excepción a este diagnóstico sombrío han sido los sectores empresariales y sus representantes directos en el Parlamento. Y no es que estén enfrentando una situación particularmente dura. Es sabido que las leyes laborales vigentes favorecen enormemente a los representantes del capital en desmedro de los trabajadores.
Sin embargo, para la mayor parte de los empresarios no ha pasado inadvertida la aparente revitalización sindical de los últimos diez años, cuyo comienzo se suele asociar a las protestas de los trabajadores subcontratistas de Codelco a comienzos de 2006, y que se ha traducido en el aumento de las manifestaciones expresadas en huelgas de carácter ilegal que, además de igualar las huelgas legales, han involucrado a muchos más trabajadores como demuestra la recolección de datos de huelgas de Rafael Armstrong, y más recientemente el Observatorio de Huelgas Laborales, dejando entrever las incapacidades de la institucionalidad para absorber la creciente conflictividad laboral. A partir de este fenómeno, tanto en medios de comunicación como en el ámbito académico se ha aludido a la emergencia de un “nuevo sindicalismo”, especialmente cuando irrumpe alguna movilización importante de trabajadores, por poco que tengan que ver estas entre sí.
A partir de los hallazgos preliminares de la investigación “Nuevos horizontes de politización sindical en el marco de conflictos laborales” que se ha desarrollado desde CIPSTRA y el Núcleo de Poder Popular y Movimientos Sociales (Universidad de Chile), se pueden discutir dos tipos de prejuicios que dificultan la correcta apreciación de la naturaleza política de una nueva tendencia sindical que brota objetivamente en el neoliberalismo avanzado chileno. El primero es la extendida hipótesis de que las huelgas que se realizan por fuera de un proceso de negociación reglado son más radicalizadas y, por tanto, existiría una mayor politización que en las huelgas encausadas dentro de la legalidad. Para discutir esta idea, es preciso establecer antes qué entenderemos por politización.
[cita] Lo que subyace a lo que se ha denominado “nuevo sindicalismo” es el crecimiento y la expansión de franjas de trabajadores con una militancia sindical orientada a la ruptura y/o superación de la institucionalidad laboral, y con una predisposición mayor a convertir dicha orientación en una politización consecuente, que muchas veces repercute en planteamientos críticos a las organizaciones sindicales tradicionales. [/cita]
En su reciente informe sobre Chile (“Los tiempos de la politización”), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define ‘lo político’ como todo lo que una sociedad establece como susceptible de ser decidido colectivamente. ‘La política’, por su parte, vendría a ser la expresión institucional de lo político, es decir, lo que el Estado y los gobiernos de turno establecen que es legítimo decidir colectivamente, excluyendo a toda una serie de ámbitos que por distintas razones se busca evitar que sean deliberados democráticamente.
Siguiendo este sencillo concepto, la politización sindical puede entenderse como el intento de trasladar cualquier conflicto y/o demanda al ámbito de ‘lo político’, ya sea en el marco de lo permitido por ‘la política’ o rebasándolo. Pero esto no implica que actuar por fuera de la institucionalidad (en este caso, de las leyes laborales) para un sindicato signifique estar más politizado, y más en general, la politización no tiene que ver exclusivamente con las formas de acción de los sindicatos sino también con los objetivos y demandas que se plantean estratégicamente y que no necesariamente llevan a la práctica en lo inmediato.
Las formas de acción sindical por fuera de la legalidad, por ende, pueden responder a demandas básicas económico-salariales tanto como a demandas más politizadas, como una huelga general cuyo objetivo es tumbar a un Gobierno considerado ilegítimo. En este sentido la huelga ilegal solo muestra la insuficiencia de las leyes para procesar un creciente número de conflictos sindicales, como ocurre en el sector público; la evaluación del nivel de politización de un sindicato, por su parte, requerirá en cada caso un análisis más fino que se puede encontrar en los horizontes políticos de los actores involucrados y sus proyecciones, más que en sus acciones durante conflictos puntuales.
Un segundo prejuicio es la supuesta relación lineal entre el carácter más político de las demandas sindicales y determinadas condiciones laborales de los trabajadores. Así, se puede asociar la precarización en el trabajo con objetivos sindicales que difícilmente lograrán exceder el ámbito económico que es lo más apremiante, y por el contrario, mejores condiciones de trabajo proporcionarían un terreno fértil para proyectar demandas de carácter más amplio y politizado.
Sin embargo, las huelgas más significativas efectuadas durante el último tiempo y que se asocian al surgimiento de un nuevo movimiento sindical, se han registrado justamente en sectores periféricos de la estructura laboral, caracterizados por una explotación del trabajo más intensa y diversos obstáculos para ejercer sus derechos. Un ejemplo emblemático de ello son los trabajadores subcontratados, quienes han generado una capacidad de organización y acción que les ha permitido mejoras en sus condiciones económicas y laborales, e incluso el planteamiento de demandas más politizadas desde su máximo referente (Confederación de Trabajadores del Cobre, CTC) como el fin de la subcontratación y la renacionalización del cobre.
Si la mayor politización tuviera que ver con mejores condiciones materiales, entonces ¿cómo entender la politización de estos sectores más precarios? Una respuesta tentadora pero engañosa sería concluir que la politización se abre paso como conciencia (de clase, podríamos agregar) espontánea entre los obreros más castigados por el actual modelo. Pero una observación atenta entrega más pistas: dada la alta fragmentación de tienen estas franjas de trabajadores y la incapacidad de los sindicatos a nivel de empresa de resolver conflictos laborales que rebasan ampliamente las unidades productivas individuales, la clave de la politización parece encontrarse más bien en la necesidad objetiva que tienen estos trabajadores de dotarse de referentes supraempresariales para sus procesos de negociación, y cuyos dirigentes actúan a la vez notablemente como agentes de politización sindical hacia sus bases. Guste o no, muchas veces estos dirigentes provienen de partidos y/o organizaciones que promueven la politización conscientemente.
El principal desafío que impone este tipo de procesos son las dificultades a la hora de movilizar a los trabajadores detrás de demandas que trasciendan lo económico salarial. Mientras los sindicatos de base se mueven en torno a luchas gremiales típicas, la politización se hace visible, pero también menos socializada sindicalmente, en federaciones y confederaciones que agrupan a estos sectores. En cualquier caso, es importante notar que la politización que se da en ellos en términos de demandas no es necesariamente distinta a la que se ha dado entre organizaciones de trabajadores más protegidos laboralmente. En suma, tampoco parece correcto establecer una relación de causalidad entre politización y condiciones laborales.
Considerando estos aspectos, parece correcto señalar que la emergencia de nuevas tendencias sindicales en los años recientes ha tenido expresiones tanto fuera como dentro de la institucionalidad, y aunque fundamentalmente se ha hecho visible en sectores periféricos del mercado laboral, también ha encontrado espacio en sectores tradicionales del sindicalismo, como hemos visto recientemente en el caso de los profesores, a propósito del proyecto de Ley de Carrera Docente. Precisamente, tratándose de organizaciones, objetivos y formas de acción tan dispares, son importantes los ejercicios de reflexión acerca de cuál es el contenido de politización específico que tiene en común esta tendencia.
En nuestra opinión, lo que subyace a lo que se ha denominado “nuevo sindicalismo” es el crecimiento y la expansión de franjas de trabajadores con una militancia sindical orientada a la ruptura y/o superación de la institucionalidad laboral, y con una predisposición mayor a convertir dicha orientación en una politización consecuente, que muchas veces repercute en planteamientos críticos a las organizaciones sindicales tradicionales. Evidentemente, el alcance que logran estas franjas responde más al escenario laboral que se enfrenta en cada rama de la economía que a los objetivos políticos de los sindicatos y sus dirigentes, lo que explica sus éxitos entre los subcontratados y otras modalidades laborales propias del neoliberalismo.
Por sus características, el avance de estas franjas en el ámbito sindical genera poco a poco las condiciones necesarias para promover una politización que rompa en la práctica con el sindicalismo neoliberal que pretendió fundar el Plan Laboral: organizaciones débiles, despolitizadas, enfocadas en lo salarial y pacíficas, entre otras cualidades altamente valoradas por el empresariado. Al mismo tiempo, para proyectar futuros cambios que respondan a sus propios intereses, urge ir dándole forma lentamente a un programa reivindicativo y un proyecto histórico propio de los trabajadores, en articulación con otros movimientos que sean expresiones de su misma clase.
La actual coyuntura abre una gran oportunidad para iniciar un camino en esa dirección, si es que las franjas de trabajadores que se han planteado contra el continuismo que representa esta reforma desarrollan la tarea común de asentar una fuerza sindical que les dé una conducción a las nuevas tendencias sindicales donde estas se presenten, y con independencia de los defensores directos e indirectos del actual modelo laboral.
