En el contexto del llamado “segundo tiempo” del Gobierno, varios jefes de partidos, ministros y otros personeros de la ex Concertación han afirmado que no será posible tener una Nueva Constitución durante este Gobierno. Así de claro. Por tanto, no se cumpliría con una de las principales promesas de campaña. Lo han hecho después de poco más de un año de Gobierno.
Uno de los exponentes más radicales en este discurso de renuncia a cumplir con el programa con el cual fue elegida la Presidenta Bachelet ha sido nada menos que su ministro del Interior. Veamos algunas de sus joyas que muestran tan claramente por qué, por lo menos en cuanto a la demanda de una nueva Constitución, el “realismo sin renuncia” debería llamarse renuncia a secas.
Lo primero es que el ministro Burgos ha dicho una y otra vez en varios medios de comunicación y seminarios que sería un “atajo raro” buscar modificar la Constitución Política de Pinochet de una forma diferente a la establecida en las reglas del propio texto constitucional. Ha señalado que el mecanismo debe ser definido por el Congreso, el cual, según él, podría realizar una delegación en una Asamblea Constituyente.
Sin embargo, eso en términos prácticos significa que se requieren de a lo menos dos tercios de los senadores y diputados en ejercicio para cualquier definición. El ministro sabe muy bien que no se cuenta con esos votos y que cualquier intento de tener una Nueva Constitución a través de los mecanismos establecidos en el Capítulo XV de la Constitución de 1980 caería en el bloqueo de quienes se benefician de ella y están a favor de mantenerla. Y es obvio que así sea, porque precisamente esos mecanismos han sido establecidos para impedir que la Constitución sea modificada en sus aspectos sustanciales. Eso el ministro también lo sabe.
El ministro Burgos también ha dicho que prefiere no llamar a la Constitución de 1980 de esa forma sino como “Constitución vigente”. Ello, debido a las importantes reformas que ha tenido, con lo que pareciera que el ministro quiere devolvernos al año 2005 y a la idea de que, con la reforma constitucional de la Ley 20.050 de ese año, esta dejaba de ser la Constitución de Pinochet y pasaba a ser la de Ricardo Lagos. Habría que decirle al ministro que, aun siendo relevantes las reformas constitucionales de 1989 y de 2005, si se llegó a que todos los programas de los candidatos en la última elección presidencial –excepto el de la candidata de derecha– tuvieran como uno de sus principales objetivos que Chile tenga una Nueva Constitución, fue porque hoy la ciudadanía entiende que seguimos con la misma Carta Magna de la dictadura cívico-militar. Y por eso corresponde llamarla Constitución de 1980 o, si el ministro prefiere, simplemente Decreto Ley 3.464.
[cita] En este marco, el atajo raro parece ser el de renunciar a impulsar un proceso constituyente y cumplir así con uno de los principales ejes del programa de Gobierno. Pero ese es un atajo que, a la larga, no va a rendir frutos porque Chile sigue necesitando una Nueva Constitución. [/cita]
Pero más que los dichos del Ministro referentes al mecanismo de reforma y a la denominación del actual texto constitucional, sus perlas más demostrativas de la intención de renuncia al cambio constitucional han sido las referentes a su valoración positiva de la Constitución de 1980. Esas afirmaciones ya no solo dan cuenta de estrategias diferentes respecto a la forma en la que las chilenas y chilenos nos podemos llegar dar una Nueva Constitución, sino que ponen en discusión la demanda misma por un nuevo texto constitucional, su necesidad y las razones que la han inspirado.
Una de las frases del Ministro del Interior en el último tiempo ha sido que “la Constitución vigente ha sido una Constitución eficaz”. En eso tiene toda la razón. La Constitución ha sido eficaz porque ha cumplido plenamente con el objetivo de Jaime Guzmán de neutralizar la voluntad popular. El diseño guzmaniano de “restringir la cancha” y neutralizar la voluntad democrática se ha cumplido a la perfección. Las mayorías ciudadanas no han podido modificar en lo estructural el régimen político, económico y social ideado por la dictadura de Pinochet. Y en eso la Constitución de 1980 ha sido uno de los elementos –no el único– que ha contribuido eficazmente y de manera decisiva.
Pero el Ministro Burgos no se refiere a ese tipo de eficacia. En su exposición en la Universidad del Desarrollo, el Ministro quiso explicar que “la Constitución Política puede exhibir haber impuesto un orden, que aunque imperfecto, nos ha permitido resolver los problemas dentro de una institucionalidad, en paz, conforme a unas reglas, con vigencia del Estado de Derecho”. Todavía más admirador de la Constitución de 1980 se muestra cuando señala que “durante su vigencia se han expandido notablemente el disfrute de los derechos económico-sociales, producto del crecimiento económico, la reducción de la pobreza, y la implementación de políticas públicas que han garantizado, a todo evento, algunos mínimos en salud y protección social”. El nivel máximo de exaltación del constitucionalismo de Pinochet se alcanza probablemente cuando, en el mismo seminario, el ministro afirma que la Constitución ha logrado “las dos metas a las que, desde una perspectiva democrática, liberal y republicana, aspira cualquiera en su género: regir eficazmente las diferencias políticas, garantizando el orden, el goce de las libertades y un creciente disfrute de los derechos”.
Sin embargo, la verdad es que si uno revisa el programa del actual gobierno en un tema tan clave como es el de dotar a nuestro país de una nueva Constitución, es difícil encontrar alguna similitud con los pensamientos político-académicos del actual ministro del Interior. En el programa se señalaba que “las diversas limitaciones a la voluntad popular mediante los mecanismos institucionales de contrapesos fuertes a dicha voluntad, siendo el ejemplo más evidente el mecanismo de los quórum contra mayoritarios para la aprobación y modificación de las leyes importantes. Ello no es propio de un sistema democrático; contribuye a la deslegitimación del sistema político; y actualmente constituye un freno al desarrollo del país, y a su gobernabilidad”.
No sabemos si el ministro del Interior nunca compartió lo que señalaba el programa de Gobierno sobre la Nueva Constitución o bien si solo ahora, de manera “realista”, se aleja completamente de él. Cualquiera sea la opción, sin duda resulta complejo desde una perspectiva de credibilidad democrática por parte de la ciudadanía que el principal Ministro del gobierno se exprese de manera completamente contrapuesta al programa que fue presentado al pueblo en la elección de la que resultó electo.
Por otra parte, si bien este discurso de renuncia a impulsar en serio la demanda de una Nueva Constitución tiene resistencias en parte de los representantes de la Nueva Mayoría, es claro que en las últimas semanas se ha ido imponiendo cada vez más con más fuerza. Los principales argumentos –a veces muy explícitos y en otras no tanto– de quienes han defendido esta renuncia programática son, en primero lugar que puede afectar el crecimiento económico y, en segundo término que por la baja aprobación del Gobierno en las encuestas no se puede llevar a cabo un cambio de tal magnitud como es el de tener una nueva Constitución Política.
Sobre lo primero ya muchos se han referido a lo problemático que resulta supeditar la democratización del país a razones económicas, por lo demás bajo supuestos bien discutibles. Acerca de lo segundo, parece a todas luces un contrasentido que un Gobierno que fue elegido con un amplio apoyo popular pretenda recuperar dicho apoyo incumpliendo su programa de Gobierno. Un diagnóstico razonable probablemente haría pensar que, al contrario, lo que correspondería es cumplir lo comprometido con la ciudadanía de manera más nítida y decidida. Quizás sería más realista y, por cierto, no sería una renuncia.
En este marco, el atajo raro parece ser el de renunciar a impulsar un proceso constituyente y cumplir así con uno de los principales ejes del programa de gobierno. Pero ese es un atajo que, a la larga, no va a rendir frutos porque Chile sigue necesitando una Nueva Constitución. Requerimos de un nuevo texto constitucional porque las reglas básicas de nuestra convivencia democrática deben ser el producto de una decisión fundamental del pueblo y no la herencia de la dictadura cívico-militar. Pero sobre todo dejar atrás la Constitución de 1980 –o Decreto Ley 3.464– nos abre las puertas a la definición conjunta de nuevas formas de deliberación política que permitan la expresión de la voluntad popular.
El atajo raro de renunciar al compromiso de llevar a cambio un proceso constituyente solo alejará todavía más al Gobierno y a la clase política en general de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, quienes deberemos ser con mucha más fuerza agentes transformadores para que Chile tenga por fin en su historia republicana una Constitución adoptada por el pueblo con reglas que nos permitan tener una democracia más inclusiva.
