Señor Director:
Durante los últimos meses la opinión pública se ha visto inmersa en el debate sobre reforma a la educación superior, enfocándose en las numerosas propuestas de gratuidad del Gobierno, las cuales desde una aparente improvisación han variado en su postura ante cobertura de matrículas y tipo de instituciones que se llegarían a financiar. A medida que se han ido instalando las demandas del movimiento estudiantil en esta agenda, el debate se ha ido transformando, traspasando las temáticas relacionadas con la gratuidad y fin al lucro. Así, la cuestión sobre autonomía de las instituciones y la democracia ha adquirido un carácter fundamental, convirtiéndose en un criterio a discutirse para que las instituciones educativas reciban financiamiento.
Es en ese contexto donde el rector de nuestra Unviersidad, señor Ignacio Sánchez, el pasado 26 de agosto sostuvo en una entrevista en La Tercera, que la Pontificia Universidad Católica estaría dispuesta a rechazar a la gratuidad propuesta por el MINEDUC si es que se llegaba a traspasar la autonomía de nuestra casa de estudios, cuestionando la incidencia que esto puede tener en el respeto a la misión e identidad de la PUC.
Estas declaraciones no pueden resultar sino problemáticas para quienes componemos la comunidad de la Universidad Católica, pues lo que es a simple vista una defensa de la autonomía universitaria realmente es el miedo al cambio y las transformaciones que la comunidad de la UC estamos exigiendo.
Por un lado es desafortunado que el rector al intentar resguardar la autonomía de la Universidad no tome en cuenta la postura de su comunidad al respecto, y es aquí donde se genera la primera discordancia importante. El respeto de la autonomía para el rector en ningún momento es entendida como el respeto a los espacios de encuentro democrático, negando de manera arbitraria la horizontalidad que toda institución educativa debe tener. Establecer un tipo de amenaza contra el gobierno, advirtiendo tomar la determinación sobre si los estudiantes de la UC deben o no recibir beneficios de gratuidad por parte del Estado para el 2016 si no se realiza bajo sus propios términos, es finalmente abusar de su posición de autoridad para tomar una decisión de esta envergadura, privando a académicos, funcionarios, estudiantes y autoridades quienes nos encontremos, discutamos y tomemos postura ante temas tan importantes como Reforma a la Educación Superior, democracia universitaria y criterios de financiamiento estatal, lo que es trazar la hoja de ruta de nuestra Universidad.
Sin embargo, esto no es nuevo, pues la capacidad que tiene nuestro rector para tomar una decisión de esta envergadura se fundamenta en un sistema de gobierno universitario establecido en tiempos de dictadura que nos hace ser una de las instituciones más verticales a la hora de tomar decisiones a la interna del Consejo de Rectores. A diferencia de instituciones como la Universidad de Chile, la cual el pasado 24 de agosto realizó un cónclave multiestamental para comenzar a discutir sobre la universidad y la educación que se quiere, en la UC seguimos estado carentes de espacios de encuentro donde la comunidad defina posturas y hagamos valer una real autonomía universitaria. No es posible entender la autonomía sin la democracia.
Lo anterior nos lleva a una discusión aun mayor y es cómo las instituciones privadas gozan de los privilegios de lo público pero no de sus obligaciones. Y en ese sentido, la apertura a que instituciones privadas mantengan un poder de veto ante las reformas del Gobierno es por el carácter ténue que éstas tienen. El Gobierno de la Nueva Mayoría ha tomado las demandas del movimiento estudiantil y las ha vaciado de su contenido transformador, manteniendo las lógicas actuales en nuestra educación. Este caso lo ejemplifica aún más.
Las distintas propuestas de reforma del Gobierno se han mantenido bastante alejada de estas demandas, y si bien conceptualizan en un pequeño apartado que se deben generar pequeños índices de participación estudiantil en los gobiernos universitarios, no establece criterios suficientes para hacer valer la real autonomía educativa de las comunidades permitiendo a los distintos estamentos ser parte de la definición del rumbo de su casa de estudios.
Como movimiento estudiantil hemos sido enfáticos en la necesidad de legislar en positivo hacia la democratización de nuestras universidades, estableciendo obligatoriedad de mecanismos participativos, la eliminación de los consejos directivos, la proporcionalidad en torno a la participación de los estamentos en órganos colegiados y la supeditación de las autoridades unipersonales a dichos organismos, todas como medidas para contrastar los términos actuales que dejan en libertad de autonomía a instituciones para recibir fondos del Estado sin mayores concreciones en torno a la democracia. Es precisamente esta contradicción la que mantiene la actual situación de bloqueo que se vive actualmente, por lo que se deben asumir responsabilidades. Mientras que para los sectores más conservadores la implementación de esta débil reforma significaría someterse a exigencias ideológicas y arbitrarias que trasngreden la autonomía universitaria, otros pensamos que las verdaderas reformas deben ir acompañadas de reales transformaciones democráticas.
Es por lo anterior que los desafíos que nos quedan son grandes, pues que hoy seamos capaces de hablar temas complejos no implica haber cambiado realidades. Tenemos que ser nosotros, en conjunto con académicos y trabajadores, los que seamos capaces de avanzar en la construcción de un nuevo sistema de gobierno para nuestras universidades, donde la democracia garantice la autonomía de su comunidad ante intereses de pequeños grupos, protegiendo nuestras libertades académicas, de expresión, de investigación y extensión, y de esa manera, construyamos una Universidad Católica y un sistema educativo capaz de atender las necesidades de las verdaderas mayorías de nuestro país, y que de una vez por todas Chile construya su educación.
Luciano Santander Hoces
Consejero Territorial Humanidades UC
