Supongamos que un día se despierta en la noche con un ruido inusual, constante y molesto, que despierta a sus hijos y parece no apagarse. Logra hacerlos dormir, pero el ruido continúa, acompañado de una pequeña vibración que aunque no logra mover las cosas en su casa, se siente y molesta. De la noche se llega al día y el ruido persiste, constante, molesto, recordándole su fragilidad. Supongamos que en lugar del ruido es un olor, penetrante y nauseabundo que invade su hogar a ciertas horas del día y que parece quedar impregnado en su ropa y enseres. Un olor que podría ser incluso tóxico. Supongamos que el agua que usted y su familia beben a diario empieza a salir con trazas extrañas, con un olor peculiar, con una contextura distinta. O pongámonos en el caso de que varias personas de su barrio empiecen a sufrir cefaleas constantes, vómitos, abortos espontáneos o que la incidencia de cáncer sea, entre sus vecinos, mucho más alta de lo normal.
Casos como este tienen ciclos de vida muy similares y a ello me referiré en esta serie de columnas, porque la “institucionalidad ambiental” suena a una fría burocracia encargada de oscuros asuntos, pero es en realidad la que tiene que velar por que su vida y la mía se puedan desarrollar de manera digna, en un medio ambiente que reúna las condiciones mínimas para ello.
El primer problema que enfrentará un ciudadano en esta situación es contestar a la pregunta ¿Cuál es mi problema? Determinar el problema no es algo fácil. Alguien puede tener muy fundadas sospechas de que su cefalea es producida por la extraña consistencia del agua que usa para beber y cocinar, y puede asimismo sospechar que esa agua está así por los procesos industriales que se llevan adelante en las cercanías, pero determinarlo en realidad requiere de ciertos recursos (tiempo-conocimientos-dinero) que probablemente no tenga.
Lo normal en estos casos es que las personas se acerquen a sus municipalidades con el reclamo concreto, de lo que está sucediendo. En el mejor de los casos, alguien en la municipalidad tendrá conocimientos y preocupación suficiente, quizás hasta una ordenanza ambiental y con ella podrá, a veces, fiscalizar intentando localizar a quien pueda ser potencialmente el causante del problema, pero si este es serio, muy probablemente se verá en la obligación de derivar la información a otras instituciones en busca de solución. El paseo ciudadano generalmente continúa con el SEREMI de Medio Ambiente, oficinas ubicadas en la capital regional, con escasos funcionarios y capacidad operativa, sin ninguna posibilidad de fiscalizar, sancionar o hacer mucho ante casos de contaminación, más que derivar nuevamente la información. A estas alturas, ya estamos hablando de una persona que ha perdido varios días intentando dar con una solución a su problema y el de su comunidad.
[cita] Mientras las personas afectadas por algún daño ambiental de todo Chile esperan sentados que su denuncia sea alguna vez conocida por la autoridad, parece necesario preguntarnos cuál es la real voluntad política por solucionar su situación. Este no es un problema de gestión de una autoridad administrativa, la que intenta hacer lo mejor posible con lo que tiene, sino que es un problema claro de asignación de recursos donde una institución de la importancia de la SMA está reducida a su mínima expresión, siendo que de su actuar dependen en buena medida la vida y salud de millones de chilenos. [/cita]
En una de esas vueltas, o buscando en internet, seguramente se logrará topar con la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), la joya de la “nueva” institucionalidad ambiental y encargada precisamente de fiscalizar y sancionar a quienes incumplen con la normativa ambiental. Probablemente ingresará una denuncia, por sí o a través de la Municipalidad o el Seremi, y tendrá que esperar, tranquilamente, una posible solución. Y lo de la espera no lo digo en sentido figurado.
La SMA, en 2014, recibió 1.499 denuncias por hechos como los señalados en el comienzo de esta columna. Hubo, ese mismo año, 113 procedimientos sancionatorios iniciados. De esos procedimientos, apenas 27 fueron iniciados en virtud de las denuncias y del total solo 30 derivaron en multas. Por su parte, en 2013, recibió 1.640 denuncias y de 69 procedimientos sancionatorios, 26 se iniciaron por denuncia y 12 terminaron en multa. Lo anterior equivale a decir, de manera aproximada, que en 2013 un 1.5% de las denuncias inició un proceso sancionatorio y en 2014 ese número se elevó a un 1.8%, los números son aún menores si es que nos fijamos en cuántos de esos procesos terminaron en multa y, probablemente, menores si nos fijamos en cuántas fueron confirmadas por los tribunales.
Es posible que un número alto de las denuncias hayan estado mal planteadas, o incluso que un número importante hayan sido erradas o imposibles de probar; pero no puede dejar de sorprendernos la ínfima cantidad que termina convirtiéndose en un procedimiento sancionatorio. O quizás no es para nada sorprendente, si miramos otros números.
Al finalizar el 2014 había en Chile 14.479 proyectos funcionando con permisos ambientales (Resolución de Calificación Ambiental) y un sinnúmero sin ella, ya sea porque no tienen obligación de entrar al sistema, porque son previos a la existencia del sistema o simplemente porque lo burlaron. Para todos esos proyectos, distribuidos en los puntos más recónditos de nuestra geografía y cada uno con sus propias complejidades técnicas y geográficas, la SMA cuenta con apenas 6 oficinas regionales y un poco más de 100 funcionarios, pocos de ellos fiscalizadores y otros, personal administrativo de las más variadas índoles.
El año 2014, la SMA fue una de las 3 superintendencias con menores recursos (USD 9MM aprox), junto a la Superintendencia de Casinos y Juegos, y la de Insolvencia y Reemprendimiento (USD 7 MM Aprox. c/u), dos organismos que sin restarles ningún mérito, tienen considerablemente menos labores asignadas y, comparativamente, una cantidad ínfima de regulados. En el extremo contrario, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que también tiene menos regulados y funciones, goza de un presupuesto de casi 70 millones de dólares para ejercer sus funciones.
Con esta realidad, no es de extrañar que el Superintendente de Medio Ambiente se vea obligado a contestar a los denunciantes que “el volumen de trabajo para la instrucción de procedimientos sancionatorios asociados a los instrumentos de carácter ambiental que fiscaliza y sanciona la Superintendencia desborda con creces a la cantidad de funcionarios con que se dispone para dicho fin”, como lo tuvo que hacer a la Contraloría, ante una denuncia ingresada por la Organización Dunas de Ritoque (Ord. N° 803, SMA, 14.05.2015).
Es una respuesta interesante porque no es una simple excusa, sino que una realidad evidente, la cual la Superintendencia se encarga de hacer más evidente en dicho documento, al hacer un cálculo estimativo de las horas/hombre que le significa cada procedimiento sancionatorio dada su complejidad, con dramáticos resultados.
Así entonces, mientras las personas afectadas por algún daño ambiental de todo Chile esperan sentados que su denuncia sea alguna vez conocida por la autoridad, parece necesario preguntarnos cuál es la real voluntad política por solucionar su situación. Este no es un problema de gestión de una autoridad administrativa, la que intenta hacer lo mejor posible con lo que tiene, sino que es un problema claro de asignación de recursos donde una institución de la importancia de la SMA está reducida a su mínima expresión, siendo que de su actuar dependen en buena medida la vida y salud de millones de chilenos.
