Durante diez años, una de las empresas del grupo Matte participó secretamente en la colusión de precios de los productos ‘tissue’, incidiendo directa y negativamente en la economía doméstica de los chilenos y generando problemas a nivel gubernamental. Los montos involucrados son hoy motivo de investigación.
El clan Matte, a pesar de sus disculpas públicas, ha demostrado creer poco en el modelo económico y social que ellos mismos ayudaron activamente a imponer en Chile y que se basa en la “la libre competencia” y en las “leyes de la oferta y la demanda”.
Pero existe otro flanco que involucra a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), propiedad de la familia Matte, que también tiene que ver con una colusión: aquella entre carabineros, militares y ex ejecutivos de la empresa en los albores de la dictadura, y que terminó con diecinueve trabajadores de Laja y San Rosendo, entre ellos funcionarios de la planta celulosa de Laja, asesinados de forma brutal.
La pregunta que hoy se impone en la causa judicial que actualmente sustancia el Presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, es cuán vinculada estuvo la empresa, a través de sus altos ejecutivos de entonces, en los crímenes de Laja y San Rosendo.
Durante la investigación que concluyó con la publicación del libro A la sombra de los cuervos (Ceibo Ediciones, 2015), intenté entrevistar al presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, Eliodoro Matte Larraín. No tuve respuesta a la solicitud de tal entrevista. Mi intención era conocer su opinión respecto del asesinato de los diecinueve trabajadores de Laja y San Rosendo.
Quería conocer la versión de Matte, pues el ministro Carlos Aldana ha dado con antecedentes que demuestran que dicha empresa facilitó medios concretos para la perpetración de tales crímenes.
En sucesivas operaciones, carabineros de Laja detuvieron a los trabajadores –entre ellos dos funcionarios de Ferrocarriles del Estado– en sus lugares de trabajo, en la vía pública o en sus casas, en presencia de esposas, hijos, padres, compañeros de labores y amigos. Los detenidos de “la papelera” –denunciados y señalados por administrativos de la empresa– fueron torturados en la propia tenencia de Laja y, en la madrugada del 18 de septiembre de 1973, sacados del calabozo y subidos a un bus utilizado por la CMPC para trasladar trabajadores. Los secuestrados, maniatados con alambres, fueron trasladados hasta un predio forestal. Ahí los fusilaron, los cubrieron con cal y los enterraron entre los pinos. Transporte, alambres y cal de la CMPC. El predio, explotado para la empresa.
Días después, un transportista de la Forestal Mininco, integrante de “la Papelera”, encontró los cadáveres desenterrados y parcialmente devorados por los perros. Según declaró el camionero en una causa judicial llevada a cabo en 1979 por el ministro en visita José Martínez Gaensly, encontró también palos ensangrentados, usados probablemente para rematar a los trabajadores que habían quedado con vida luego de la ejecución.
El camionero había dado con los cuerpos debido a que previamente su jefe, despachador de maderas de Mininco, le dijo que cuando llegara a ese predio se iba a encontrar con una “sorpresa”. El jefe fue identificado y en 2015 declaró en la causa que sustancia hoy el ministro Carlos Aldana, confirmando haber dado cuenta del hallazgo a su jefe, a quien identificó como Roberto Izquierdo, y quien le habría señalado que guardara silencio respecto de los eventos. La justicia determinó que el funcionario aludido era Roberto Izquierdo Menéndez, jefe del hoy poderoso clan Izquierdo Menéndez, propietario del Diario Financiero, socio estratégico de los Matte en Entel, y una de las “siete familias” dueñas de las mayores pesqueras del país y beneficiadas con la polémica Ley de Pesca –que ha desatado el llamado “caso Corpesca”, develando la existencia de coimas a políticos de la UDI, la DC y el Partido Socialista–. El objetivo: elaborar y aprobar una ley que aseguró la división y propiedad de una parte importante del mar chileno en beneficio de un puñado de grandes empresarios.
Izquierdo, en calidad de inculpado por el caso Laja-San Rosendo, reconoció judicialmente, hace poco más de un mes, que para 1973 era funcionario de Mininco y que recién ocurridos los crímenes conoció los hechos debido a que su subalterno se lo comunicó. Según Izquierdo, incluso viajó hasta las cercanías del lugar y luego le recomendó al empleado guardar silencio respecto del hallazgo de los cuerpos.
Por eso también me interesaba poder entrevistar a Eliodoro Matte, socio y probablemente amigo cercano de Izquierdo Menéndez. Además, tenía claro que su padre, Eliodoro Matte Ossa, era uno de los controladores de la CMPC al momento del crimen.
Como sabía que Eliodoro había entrado al directorio de la CMPC en 1976 y que la causa judicial original por los crímenes se abrió tres años después –luego de encontrarse 18 de los cadáveres al interior de una fosa común en el cementerio parroquial de Yumbel y uno más en el predio explotado para “la Papelera”–, las preguntas que pretendía hacerle tenían que ver con su conocimiento respecto de los hechos. Algunas de las que le envié y que no respondió, fueron: ¿Le informaron de esta situación? ¿Realizó alguna gestión? ¿Qué opinión se formó de las acciones criminales? En el aspecto general, se le consultó qué opinión tenía de que trabajadores de la planta de celulosa hayan sido secuestrados desde sus puertas; que las detenciones y los traslados hayan sido hechos con la ayuda de vehículos de la Papelera o por contratistas que funcionaban exclusivamente para ella, ocupando choferes de la empresa; que el día en que los trabajadores fueron asesinados, los carabineros del pelotón de fusilamiento bebieron alcohol proporcionado por el casino de la empresa; y que los asesinatos y la inhumación de los cadáveres se llevaran a cabo en un predio explotado para Mininco. ¿Considera que su empresa fue partícipe en calidad de cómplice o encubridora en los hechos criminales? ¿Por qué sí, o por qué no?
Desde luego sabía que Eliodoro había llevado a cabo estudios de postgrado en la Universidad de Chicago, cuna de las enseñanzas neoliberales que albergó a estudiantes de la Universidad Católica, quienes luego de las incursiones en el extranjero volvieron para ocupar las oficinas públicas recién ocurrido el golpe militar. Todo en el marco de una “revolución silenciosa”, como la ha catalogado uno de sus integrantes, Joaquín Lavín. Durante ella la mayoría de los cambios estructurales fueron encabezados por hombres como Sergio de Castro, Jorge Cauas, Álvaro Bardón, Pablo Baraona y Miguel Kast y José Piñera, entre otros. Así se forjó el actual Plan Laboral, la Reforma Educacional, la creación del sistema de pensiones y las AFP, la privatización del Sistema de Salud y, fundamentalmente, la Constitución Política de 1980.
La empresa que hoy dirige Eliodoro –quien antes de entrar a la Papelera fue funcionario del Servicio Nacional de Salud y del Laboratorio Chile (y partícipe de la privatización de este último)–, a partir de 1974 se vio beneficiada por la promulgación del Decreto Ley 701, subsidio estatal para empresas forestales tales como la propia CMPC y Forestal Arauco. Bonifica las plantaciones de pino y eucaliptos hasta en un 75%, y en su redacción, promulgación e implementación operaron dos ex funcionarios de la empresa de los Matte: Fernando Léniz, como ministro de Economía, y Julio Ponce Lerou, como director de la Conaf.
La hermana mayor de Eliodoro, Patricia, también propietaria de la hoy cuestionada CMPC, trabajó con Miguel Kast en Odeplan, desde donde se planificaron la mayoría de los cambios económicos y sociales realizados durante la dictadura. Su marido, Jorge Gabriel Larraín Bunster, fue uno de los creadores de “El Ladrillo”, manual clandestino que estableció las bases políticas del libre mercado y las consecuentes privatizaciones de las empresas del Estado. Jorge Gabriel Larraín, además de su participación en el directorio de “la Papelera”, representa los intereses del clan en la Minera Valparaíso, principal sociedad de inversiones del mayor grupo económico del país y que hoy controla Banco Bice, CMPC, Colbún, Entel y Puertos y Logística, entre otras empresas estratégicas.
Bernardo, el menor de los hermanos, también propietario y director de CMPC, durante su juventud fue militante de Patria y Libertad y por años ha sido conocido en el mundo político como uno de los principales operadores de Renovación Nacional. En la actualidad, se encuentra a cargo del área financiera del holding, a través de Bicecorp.
Los fundadores de la CMPC fueron Luis y Arturo Matte. Este último un político del Partido Liberal, senador y luego candidato a la presidencia. Además de agente e informante de inteligencia para la compañía estadounidense International Telephone and Telegraph (ITT). Así lo divulgó el periodista Jack Anderson en marzo de 1972 al publicar los documentos de comunicaciones entre la CIA y la ITT, que en ese momento eran analizados por el Senado estadounidense en el marco de las pesquisas producto del escándalo que vinculó a ambas instituciones en su rol como facilitadoras de varias dictaduras en Latinoamérica.
[cita tipo=»destaque»] Algunas de las que le envié y que no respondió, fueron: ¿Le informaron de esta situación? ¿Realizó alguna gestión? ¿Qué opinión se formó de las acciones criminales? En el aspecto general, se le consultó que opinión tenía de que trabajadores de la planta de celulosa hayan sido secuestrados desde sus puertas; que las detenciones y los traslados hayan sido hechos con la ayuda de vehículos de la Papelera o por contratistas que funcionaban exclusivamente para ella.[/cita]
Incorporar a la CMPC al área social, expropiándola debido a su carácter monopólico, fue un objetivo central del gobierno de Salvador Allende y lo fue incluso durante la campaña, antes de su elección. Fue la batalla política y mediática más notoria vivida durante el gobierno de la Unidad Popular. Bajo el lema “La Papelera No”, la CMPC –cuyo directorio estaba por entonces presidido por el ex presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez, hermano de Esther, casada con Arturo Matte– se defendió por todos los medios de comunicación, con la ayuda especial de su socio estratégico, El Mercurio, propiedad de la familia Edwards. El lema fue obra, entre otros, del publicista Jaime Celedón y del abogado y cabeza del gremialismo, Jaime Guzmán.
Durante mi investigación, como sabía que Eliodoro muchas veces ha hecho juicios y recomendaciones valóricas desde el Centro de Estudios Públicos (CEP) –que hoy preside y antes participó de su fundación–, también le envié el listado de preguntas respecto a la causa de Laja y San Rosendo, esperando que quizás desde su rol más político que empresarial, me diera respuestas. Tampoco las obtuve por esta vía.
Fue precisamente el CEP el que publicó por primera vez “El Ladrillo”, en 1992, aunque su redacción y formulación data de la campaña presidencial de Jorge Alessandri, en 1969.
Hoy, luego de conocida la “colusión del papel”, el CEP estaría evaluando la posibilidad de sacar a Eliodoro de su puesto de presidente del think tank al que se han sumado intelectuales, políticos y economistas del más amplio espectro. Aunque es probable que Eliodoro Matte no sea perseguido penalmente, hoy pocos creen que la invitación a Michelle Bachelet hace tres semanas al organismo de estudios públicos haya sido una coincidencia. Ahí Matte dio su ya conocido discurso a puertas cerradas, donde señaló que “del respeto al consumidor y al usuario surge el respeto a sus derechos en el mercado”, a sabiendas de lo que se venía en contra de su empresa y de él mismo. Tampoco parece plausible el argumento del engaño del que fuera víctima por parte de sus ejecutivos.
Si Eliodoro creyó que las disculpas públicas bastarían para exculparlo del delito de colusión de precios –una faz del papel de los Matte–, parece ser que respecto de la otra cara de la CMPC, la de los crímenes de 1973, confía en el obstinado silencio.
