Opinión
Es innegable que nuestras instituciones estatales hacen muchas cosas razonablemente bien y ese es un motivo –entre varios– para creer que el desarrollo no es un sueño imposible. Pero al mismo tiempo es obvio que el Estado tiene serias fallas y comete graves errores. Esto no es un prejuicio antiestatista, sino una evaluación objetiva de los hechos.
Con la firma de la llamada Ley de Desmunicipalización, dijo la Presidenta Bachelet, “estamos devolviendo al Estado la responsabilidad de administrar y gestionar la educación pública, para que asegure que ella sea de calidad, abierta a todos y un factor de cohesión. La calidad de las escuelas y liceos ya no dependerá de cómo le vaya a cada municipio, sino que será responsabilidad de todo el país”.
¿De dónde le viene a la Mandataria esa fe tan profunda en la capacidad ejecutiva del Estado chileno? ¿Su propia experiencia como ministra y Presidenta no debería hacerla más bien escéptica al respecto? Sin duda, sobra evidencia de que nuestro aparato estatal está muy lejos de poder otorgar garantías de calidad, como ella da por sentado. Precisamente la jefa de Estado debería saberlo mejor que nadie.
[cita]Si alguien propusiera, en vista de los ejemplos citados más arriba, “privatizar” a los organismos públicos respectivos, se le acusaría con justa razón de excesivo simplismo. ¿Por qué no pasa igual con la noción de que “estatizar” es la panacea para nuestros problemas, en educación o en cualquier otro ámbito? En el pasado se criticó a la derecha por su obcecación con la idea de “menos Estado”, pero es claro que la actual izquierda oficialista está convencida de que “más Estado” es la mejor respuesta para muchos de los desafíos que enfrenta la sociedad chilena, aunque abunden pruebas de lo contrario.[/cita]
Por ejemplo, el cuidado y rehabilitación de los menores vulnerables o que delinquen está a cargo del Estado, pero ya sabemos que el Sename hace agua por todas partes. También los presos adultos son responsabilidad estatal, pero los altos niveles de hacinamiento y violencia en las cárceles obligaron a concesionar el sistema y aun así la situación es deplorable. Esos hospitales donde la gente reclama por las largas listas de espera y la atención deficiente son públicos, igual que los consultorios donde tan a menudo faltan los medicamentos gratuitos que supuestamente garantiza el Estado. La seguridad, el imperio del derecho y la mantención de la paz son, desde luego, tareas estatales, pero lo que pasa en La Araucanía demuestra que no siempre se cumplen a cabalidad. El transporte público capitalino, que era privado, fue convertido en sistema estatal, con los resultados que conocemos. Y no olvidemos que los tribunales de justicia, el Servel, el Servicio de Impuestos de Internos o el Congreso también son instituciones del Estado, lo que no impide que los ciudadanos tengan fuertes reparos sobre cómo funcionan.
Así las cosas, es clave hacer dos precisiones sobre lo anterior.
La primera es que nada de lo dicho supone un liberalismo “talibán” que niegue el rol indispensable del Estado en cualquier sociedad moderna, sobre todo una que aspira a ser desarrollada en el mediano plazo. No se puede prescindir de él, punto. Es justamente su importancia, entonces, lo que hace necesaria una reflexión a fondo sobre las competencias y alcances del Estado, sobre lo que debe y lo que puede hacer, y sobre cómo hacerlo. En Chile, esta discusión sigue pendiente.
Lo segundo que hay que precisar es que la crítica al Estado, incluso la más dura, no implica por extensión desconocer sus numerosos aciertos ni desmerecer las virtudes de muchas de las personas que trabajan diligentemente en el sector público. Es innegable que nuestras instituciones estatales hacen muchas cosas razonablemente bien y ese es un motivo –entre varios– para creer que el desarrollo no es un sueño imposible. Pero al mismo tiempo es obvio que el Estado tiene serias fallas y comete graves errores. Esto no es un prejuicio antiestatista, sino una evaluación objetiva de los hechos.
Si alguien propusiera, en vista de los ejemplos citados más arriba, “privatizar” a los organismos públicos respectivos, se le acusaría con justa razón de excesivo simplismo. ¿Por qué no pasa igual con la noción de que “estatizar” es la panacea para nuestros problemas, en educación o en cualquier otro ámbito? En el pasado se criticó a la derecha por su obcecación con la idea de “menos Estado”, pero es claro que la actual izquierda oficialista está convencida de que “más Estado” es la mejor respuesta para muchos de los desafíos que enfrenta la sociedad chilena, aunque abunden pruebas de lo contrario.
El tiempo dirá si desmunicipalizar la educación pública resulta ser una mala política o no. Lo que no puede pasar es que un gobernante la defienda con argumentos tan pobres como los empleados por la Presidenta Bachelet. Porque decir que la calidad de la educación mejorará inevitablemente solo por estar en manos del Estado es peor que ingenuo: es mentira.
