El entusiasmo con el que los vecinos de Recoleta se han inscrito en la farmacia popular habla por sí solo de lo oportuna que ha sido la iniciativa en la resolución de una necesidad urgente. Existe un diagnóstico ampliamente compartido respecto a lo prohibitivo que resulta el precio de los medicamentos para la mayoría de los chilenos, y las diferencias de precios entre la farmacia popular de Recoleta y las grandes cadenas de farmacias, que han puesto en evidencia la falta de competencia crónica del mercado farmacéutico.
Sin embargo, debemos ser cuidadosos, porque los responsables de garantizar un acceso gratuito a los medicamentos que ofrecen las farmacias populares son los mismos municipios. Estos alegan a su favor que no cuentan con los recursos para garantizar en la práctica el acceso gratuito a los medicamentos, y por tanto la pregunta del millón es por qué esos recursos no están.
La atención primaria de salud (APS) se financia principalmente a través de una transferencia de los Servicios de Salud a los municipios. El monto recibido por cada municipio es proporcional a la población inscrita en sus consultorios, ajustado por factores de riesgo (por ejemplo, una comuna con más adultos mayores recibe un mayor financiamiento por inscrito).
Por tanto, existen tres explicaciones no excluyentes detrás de la falta de recursos. En primer lugar, la transferencia puede ser insuficiente, ya sea porque el per cápita es muy bajo o porque los factores de riesgo no reflejan adecuadamente las distintas necesidades de los municipios. En segundo lugar, los municipios podrían estar usando los recursos de la APS en fines distintos. En tercer lugar, los municipios podrían estar usando los recursos de manera ineficiente.
[cita tipo= «destaque»]Lo correcto es reconocer a las farmacias populares como una solución de emergencia, sin desconocer que generan incentivos perversos que deteriorarán aún más la gestión de la APS con el pasar del tiempo.[/cita]
Las numerosas auditorías de la Contraloría a la APS han mostrado que el segundo caso es bastante relevante, sin desconocer la necesidad de inyectar mayores recursos al sistema. El problema radica en la falta de control sobre los recursos transferidos, que no permite asegurar que se gasten efectivamente en salud y no en otras necesidades de la municipalidad, o incluso se malversen. La capacidad de control de los Servicios de Salud es mínima, e incluso la Contraloría no puede hacer mucho cuando encuentra gastos improcedentes (es decir, no relacionados con la APS), ya que los alcaldes pueden fácilmente salir del paso sacando recursos de otra área temporalmente para cuadrar la finanzas en salud.
Por otro lado, un estudio realizado a comienzos de año por la Central Nacional de Abastecimientos (Cenabast) muestra la relevancia de la ineficiencia en el uso de los recursos por parte de los municipios. Según el estudio, los municipios pagan en promedio un 55% de sobreprecio al comprar por sus propios medios medicamentos que podrían comprar a la Cenabast. Es decir, por cada dos medicamentos que compran por sus propios medios podrían estar comprando tres medicamentos a través de la Cenabast. Dados los 35,4 millones de dólares que los municipios compraron en medicamentos durante el 2014 por sus propios medios, este resultado implica un potencial ahorro de 12,5 millones de dólares, lo que equivale a un 1,1% de la transferencia recibida por los municipios en dicho año para la APS.
Tomando en cuenta las razones expuestas que explican la falta de recursos, es razonable sospechar que parte del transversal entusiasmo de los municipios por las farmacias populares se debe al efecto positivo que proyectan sobre sus finanzas al analizar la implementación de dicha iniciativa. Al vender lo que deberían gratuitamente otorgar, disponen de más recursos para seguir gastando la transferencia de la APS en otros fines sin enfrentar el descontento de los usuarios. Y, por otro lado, este relajo presupuestario alivia la sana presión que deberían enfrentar para mejorar su gestión de compras y así procurar medicamentos más baratos.
¿Quiere decir lo anterior que no deberían permitirse las farmacias populares? Por ningún motivo. Es paradojal que el éxito de las farmacias populares sea el fiel reflejo de las graves deficiencias de la APS, pero prohibirlas no solucionará esas deficiencias. Si no se le cobra a los usuarios precios razonables, la alternativa bajo el escenario actual es que dichos usuarios paguen con su tiempo esperando en el consultorio, o consigan los medicamentos pagando los precios usureros de las grandes cadenas.
Lo correcto es reconocer a las farmacias populares como una solución de emergencia, sin desconocer que generan incentivos perversos que deteriorarán aún más la gestión de la APS con el pasar del tiempo. Por tanto, se hace indispensable repensar la APS para resolver el problema de fondo, que es el hecho de que independiente de la existencia de las farmacias populares funciona mal. Esto nos lleva a cuestionarnos si son los municipios las instituciones más idóneas para administrar la APS. Delegar la provisión de un derecho garantizado en una estructura organizacional tan atomizada y heterogénea como los municipios no permite garantizar dicho derecho en la práctica. Al igual como se hizo en educación, es necesario que la APS vuelva al control del nivel central para garantizar su correcta provisión y sacarle provecho a la estructura en red del sistema de salud. Solo así se podría asegurar que los recursos destinados a la APS efectivamente se gasten en ello, y así no sean necesarias las farmacias populares.
*Los datos de compra de medicamentos se encuentras disponibles en la página www.analiza.cl, administrada por Chile Compra. El total de transferencias recibidas por los municipios se encuentra disponible en la página www.sinim.cl, administrada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Note que esta estimación debe ser interpretada como una primera aproximación cuantitativa, pues muchos medicamentos comprados por los municipios no son ofrecidos por la Cenabast y, adicionalmente, las corporaciones municipales no están obligadas por ley a usar el sistema de compras públicas.
