Una vez más hemos sido testigos del descubrimiento de una colusión, al parecer los ciudadanos chilenos estamos perdiendo la capacidad de asombro frente al destape de tan recurrentes acuerdos de mercado. Primero fue la industria avícola, luego las farmacias, y pensamos que era el colmo cuando se descubrió que ni en la industria papelera se podía confiar. Esta vez fue el turno de los supermercados, de las grandes cadenas por supuesto.
Algo está sucediendo en el mercado, al parecer las atribuciones que tienen los entes reguladores son deficientes. Estos hechos, sin duda, se deben a una debilidad estructural en términos de legislación, que deja una sensación de impunidad de los grandes conglomerados económicos frente a situaciones de fraude que vulneran los derechos ciudadanos.
Está claro que existe una violación permanente a los derechos de la ciudadanía en el marco de no saber si estamos comprando productos de calidad y a un precio coherente. En el caso de la colusión de CMPC y Pisa S.A., además de regular los precios en el mercado, también acordaron bajar la calidad de sus productos.
[cita tipo=»destaque»]Han pasado dos meses y aún no hay un tribunal que se declare competente para llevar la causa, lo que deja en evidencia la deficiencia de la justicia y una crisis en la democracia donde no se respetan los derechos mínimos de los ciudadanos ni existe un respaldo institucional para que el mercado funcione de manera adecuada en términos de libre competencia.[/cita]
Como municipio, el abastecimiento de papel tissue depende en un 90% de estas empresas coludidas, lo que significa que en los últimos cinco años hemos sobrepagado 30 millones de pesos, dinero que es necesario para atender las distintas necesidades de la comuna, por lo que decidimos interponer una querella en noviembre.
Han pasado dos meses y aún no hay un tribunal que se declare competente para llevar la causa, lo que deja en evidencia la deficiencia de la justicia y una crisis en la democracia donde no se respetan los derechos mínimos de los ciudadanos ni existe un respaldo institucional para que el mercado funcione de manera adecuada en términos de libre competencia.
Es imperativa una modificación mayor al proyecto de ley contra la colusión, es necesario tener penas adecuadas tanto para los ejecutivos como para los dueños de las empresas coludidas.
Estamos frente a un escenario de total desconfianza, son fraudes que afectan directamente el presupuesto mensual de las familias chilenas con productos de primera necesidad. Farmacias, alimentos y empresas papeleras, tal vez no nos sorprenda saber que en otros mercados está sucediendo lo mismo. Al parecer la colusión se ha vuelto parte de la industria y la justicia no se ha hecho presente.
