Opinión
No se escucha a los académicos, pero no solo a ellos, no se escucha a la sociedad civil entera.
El miércoles 27 de enero fue aprobada sin votos en contra la Ley de Presupuesto enviada por Conicyt al Parlamento, la cual, mediante la modificación del decreto de becas, liberaría a los jóvenes investigadores afectados por la severa sanción que podría haber puesto fin a sus carreras académicas.
Más de dos años han transcurrido desde que se comenzó a destapar el escándalo del cobro desproporcionado de reposición de dineros de Becas Chile a investigadores de postgrado de diferentes programas, provenientes principalmente de la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción. La medida, que comenzó a operar con rigor a principios del 2013, ha sido la arista más visible de una crisis que vive no solo Conicyt sino también la academia en su rol más político.
A fines del 2013, los “Inhabilitados por Conicyt”, una agrupación informal y coyuntural a este problema, contribuyó a visibilizar la crisis en redes sociales y la prensa. Sin embargo, la alianza con otras organizaciones como la ANIP (Asociación Nacional de Estudiantes de Postgrado), y luego, en el 2014 y 2015, la emergencia de delegaciones de postgrado desde las organizaciones de estudiantes, primero en la FECH y luego en la FEUC, fue clave para sumar fuerzas e incidir activamente en el cambio de rumbo de la historia.
La academia chilena, principalmente las humanidades, se encuentran en un estado de precariedad ramificada. Y existe en sus académicos y autoridades la conciencia de la fragilidad política de su institución y de la escasa participación que tienen los cerebros mejor formados del país en las políticas que determinan incluso su propia producción. Si bien los desencuentros entre Conicyt y sus beneficiarios no son nuevos, la gravedad del problema de las inhabilitaciones y el cobro de becas –de hasta 80 millones de pesos, a gente que había terminado su grado, solo que fuera de plazos– obligó a los intelectuales a movilizarse.
El Programa de formación de Capital Humano Avanzado, creado en 1998, se establece como “agencia gubernamental dedicada a la administración de becas de posgrado”, con el objetivo de “contribuir al incremento del número de investigadores y profesionales de excelencia con alta preparación en todas las áreas del conocimiento para el desarrollo de Chile”. El siguiente gráfico evidencia el impacto del Programa en la formación de nuevos Doctores desde que se implementó y, sobre todo, desde el 2008, año en que se crean los primeros decretos formales para las Becas Conicyt.
Si bien el Programa demuestra que se están formando muchos más profesionales especializados e investigadores, poco a poco fueron quedando en evidencia las falencias de un plan que no consideró aspectos fundamentales para sostener la política que estaba implementando. Problemas administrativos, como el retraso en la entrega de dineros a becarios en el extranjero en año 2008, o más de fondo, la incertidumbre ante el retorno y la inserción del capital humano avanzado, se fueron suscitando y mientras aparecían, Conicyt tomaba medidas. Es así como el 2009 se implementa el PAI (Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado), y el 2011, desde este programa, se abre una convocatoria al concurso de inserción de investigadores en la academia. Las medidas no fueron suficientes.
[cita tipo= «destaque»]La academia en Chile está destrozada por razones que todos conocemos, no es solo por la dictadura; en los 90 hubo una desarticulación de la sociedad civil y los académicos son uno más ahí.[/cita]
Durante el Gobierno de Sebastián Piñera, los organismos encargados de resguardar las arcas fiscales, Dipres y Contraloría, comenzaron a ver con desconfianza este “gasto”, que no presentaba un horizonte claro de “retorno” de esa inversión estatal. Fue entonces que se le exigió a Conicyt tomar medidas urgentes y radicales. José Miguel Aguilar, presidente de la institución en ese entonces, decidió aplicar sin miramientos los decretos formales redactados y que hasta el momento habían sido letra muerta. La cláusula que establecía la devolución de la beca e inhabilitación, por incluso un día de atraso en la entrega del grado, fue aplicada con todo el rigor.
Poco después, José Miguel Aguilar renuncia a la institución y asume Mateo Budinich como presidente subrogante. Budinich continúa con la relación de hermetismo e indiferencia con la comunidad académica y extrema las medidas. Se licita, en su administración, la contratación de una empresa de cobranza para perseguir a los deudores. Se la adjudicó ORSAN, por su experiencia con grandes empresas como Chilectra, Movistar, Claro, Ripley y Cencosud.
2014, cambio de Gobierno, Mateo Budinich deja el cargo y la institución queda sin presidente. Asume como presidenta subrogante María Elena Boisier, quien junto a Denise Saint Jane, directora del Programa de Capital Humano Avanzado, son las únicas que mantienen algún tipo de comunicación con los afectados. Pese a esto, durante meses no hay respuestas claras para los inhabilitados y cada vez se descubren nuevos casos.
A fines del 2014, gracias a la intervención de la Unidad de Educación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Conicyt entregó un documento oficial con las cifras de los afectados y potenciales inhabilitados. El informe señaló que eran 1.404 estudiantes en retraso, y cerca de 100 de ellos habían sido notificados en situación de inhabilitación y/o cobro de la beca.
Julio Aguilar, Priscila Cisternas y Leonello Bazurro, inhabilitados que han estado a la cabeza de la organización, reconocen que con María Elena Boisier como presidenta subrogante comenzó un periodo de diálogo más abierto. Gracias a la presión de las organizaciones y el apoyo de autoridades académicas y algunos parlamentarios, la institución decide suspender la resolución del cobro y la contratación de la empresa de cobranza, no así las inhabilitaciones. El grupo “Inhabilitados por Conicyt” suma fuerzas y hace una entrega colectiva de una carta a la Presidenta Bachelet, firmada por miles de personas, académicos, autoridades, estudiantes y organizaciones. Se redacta, además, una propuesta para modificar el decreto que mantenía a los ex becarios en situación de inhabilitación y sujetos a cobros.
Durante la primera semana de octubre del 2015, y con Francisco Brieva como Presidente, el grupo de los “inhabilitados”, junto al delegado de postgrado Pablo Contreras y la presidenta de la FECH de ese entonces (Valentina Saavedra), se reúnen con el Fiscal de Conicyt y el director de becas, entre otros representantes de la institución, para discutir los alcances y términos específicos del decreto. Las noticias no son buenas. Sin embargo, desde la organización ven como una señal de avance el gesto de reunirse y transparentar el procedimiento.
La aprobación de Contraloría que permitiría la modificación del decreto tardó. Finalmente, el decreto Nº 335 que establece las condiciones y criterios para las becas de postgrado, es modificado y se amplían los plazos para la entrega de grados, pero no retroactivamente. Es decir, el problema de los inhabilitados sigue igual.
La razón por la que el trámite había demorado en Contraloría, era precisamente por la retroactividad. El organismo argumentó que una medida así debe ser aprobada mediante una ley en el Parlamento. Es decir, la última chance que tenían los inhabilitados era introducir una modificación vía Ley de Presupuesto, que debía discutirse por esos días, que incluyera una glosa que hiciera retroactivo el decreto y permitiera que sus condiciones se aplicaran a los concursos de los años anteriores. Si bien la meta estaba clara, la estrategia aún no estaba definida y el tiempo apremiaba.
Alfonso Pizarro, delegado de Postgrado FECH, y quien trabajó con los inhabilitados organizados en esta crucial etapa, cuenta como se llevó a cabo este proceso.
-¿Cuándo empezó a tener resultado el trabajo que habían venido realizando para dar solución a este problema?
-Una vez que el Estado y las autoridades reconocen quiénes son los actores legítimos y los mismos afectados son quienes plantean las soluciones, es posible avanzar. Nosotros reconocemos que Conicyt empezó a dialogar para solucionar el problema, nos escucharon, nos llamábamos por teléfono, wasapeábamos, mandábamos nuestros argumentos, teníamos reuniones con los asesores jurídicos, con los fiscales de Conicyt, fuimos a exponer para la comisión de Ciencia y Tecnología. Se asumió que esto era necesario, que era ridículo que el Estado invirtiera plata para formar capital humano avanzado, que la gente termine de estudiar y, después, se les castigue. No solo le piden la plata de vuelta, sino que los matan laboral y académicamente, ya que el 95 % de la investigación está financiada por Conicyt. La gente del gobierno entendió que solo dialogando con los actores sociales relevantes uno puede avanzar, y que esto no solo es legítimo sino eficiente.
-Cuando estalló el problema el 2013 había un hermetismo absoluto. Las autoridades académicas mandaron cartas que ni siquiera fueron respondidas.
-No se escucha a los académicos, pero no solo a ellos, no se escucha a la sociedad civil entera.
-Pero son los intelectuales…
-Tener la razón nunca ha bastado, lo que necesitas es organización social de base, con prácticas democráticas. No basta con mandar cartas y tener la razón, y eso es lo potente de esta experiencia, que permite que haya una organización con la misma gente afectada, que es capaz de recibir apoyo de las autoridades, mancomunarse, interactuar, hablar con diputaciones. La academia en Chile está destrozada por razones que todos conocemos, no es solo por la dictadura; en los 90 hubo una desarticulación de la sociedad civil y los académicos son uno más ahí.
La “Ley que regulariza beneficios de estudiantes, sostenedores y trabajadores de la educación”, que daría solución al conflicto de los inhablitados por Conicyt, tardó un poco más de un mes en ser aprobada, desde que se ingresó el proyecto el 22 de diciembre del 2015. Tras pasar por todas las instancias y trámites legislativos de rigor, fue aprobada este miércoles 27 de enero, sin modificaciones.
Respecto al procedimiento administrativo que faltaría para cerrar el tormentoso episodio, Conicyt informó este miércoles a través de su sitio web que “una vez que la Ley entre en vigencia, los becarios en incumplimiento podrán concurrir a las oficinas de Conicyt o acceder a la plataforma dispuesta en el sitio web de Conicyt para presentar la documentación necesaria que permita normalizar su situación”.
En un comunicado oficial emitido por la FECH, Leonello Bazzurro, vocero de los Inhabilitados por Conicyt, señaló: “Cuesta creer que la pesadilla se está acabando, fueron más de dos años los que tuvimos que pelear. Conocimos las cloacas del Estado y nos dimos de cabeza contra el absurdo institucional. Pero gracias a una fiera y persistente organización podemos decir que ¡Inhabilitados por Conicyt va camino a desaparecer!”.
