Se abre en estos días un nuevo año legislativo en el que se espera continuar la discusión de la reforma de la educación. En las propuestas se pretenderá recoger demandas ciudadanas de amplio consenso, cuyo origen es conocido y que se resume en una demanda por la calidad, especialmente en el sector básico y medio, y en la consigna de la gratuidad de los estudios superiores. Las encuestas mostraron un apoyo que llegó al 80%, ciertamente tocando el anhelo de los nuevos sectores de la sociedad que accedían a una educación superior privatizada y cara. Una mirada más sistémica se percibió también en los lemas de las protestas –recordemos el de educación pública, gratuita y de calidad- y en los discursos de los dirigentes, naturalmente estos últimos con una mayor educación política. Los avances hasta ahora no han sido muchos, con los primeros pasos en la ley de inclusión y fin del copago en la educación escolar y en la glosa presupuestaria que permitirá al Estado financiar en 2016 los estudios universitarios de los primeros cinco deciles en un conjunto determinado de instituciones. ¿En qué dirección van estos avances? ¿Hay un nuevo paradigma que oriente la reforma en el largo plazo?
Intentemos un examen de las evidencias respecto de la primera cuestión. Si miramos las expectativas de ese 80% de ciudadanos, los avances parecen ser consistentes. Tanto el proyecto del fin al copago en las escuelas como el proyecto de gratuidad en la educación superior satisface lo que muchos esperan: un alivio al presupuesto familiar. El endeudamiento debido a los estudios universitarios es gigantesco, con aranceles que, comparados con el PIB per cápita, resultan los más altos del mundo. Y al endedudamiento se suma que muchas de las carreras no exhiben una rentabilidad que justifique la alta inversión. Si agregamos a ello, la disparidad en la calidad producida por la explosión de la oferta en las universidades privadas no CRUCH, la situación se hace frustrante para muchos egresados, que no logran las posiciones laborales esperadas. Así, la mayoría deberá sentirse satisfecha con la implementación de la gratuidad. Pero, ese éxito es relativo, por variadas razones. Si la implementación de la gratuidad afecta el presupuesto de las instituciones universitarias, como lo hace, ciertamente la calidad y, por ende, las expectativas laborales estarán aún más lejos de cumplirse. Aún cuando las personas no acumulen una deuda, el costo alternativo de haber seguido una carrera que no da los frutos esperados generará igualmente frustraciones.
Junto a esa visión particular del problema hay razones más serias para cuestionar la política de gratuidad que hoy observamos. Una reforma educacional no solamente tiene importancia en los bolsillos individuales: la educación es un problema global de relevancia para el país. De la estructura educacional, de los mecanismos provistos para la formación profesional, de los énfasis, del marco valórico de los procesos formativos depende el modelo de desarrollo del país. La pregunta central es cómo se provee la formación superior (estatal, privada, mixta), qué rol juega el Estado (activo, regulador, subsidiario) y qué clase de instituciones imparten la formación (docentes, de investigación, vinculadas a las empresas). Si hablamos de mantener el mercado como está, mixto –en apariencia, pues las instituciones estatales compiten en el mercado como cualquier privado y no reciben ninguna orientación del Estado-, y confiamos solamente en que un buen sistema de acreditación asegurará el rol de la educación en el desenvolvimiento de la sociedad, entonces no hay en vista un nuevo modelo de desarrollo, ni relaciones sociales solidarias, ni más justicia, ni una democracia poderosa, ni desarrollo humano.
Podrá alegarse de parte del gobierno que aún queda trabajo, que las reformas de fondo vienen más adelante. Sin embargo, valga la advertencia de que lo ya implementado consolida el modelo actual de mercado, porque la fórmula de gratuidad no es otra cosa que un subsidio a la demanda –igualmente, el fin al copago-, canjeables en cualquier institución que cumpla requisitos que son bastante básicos y nada tiene que ver con las obligaciones del Estado de proveer educación para el bien común. No se ve una valoración adecuada del papel del Estado, lo cual no quiere decir en absoluto que se eche de menos un pensamiento estatizador. La deficiente presencia del Estado tiene un impacto sobre amplios aspectos del problema educacional, sobre la equidad, pero también sobre la calidad de una educación pensada en función del bien común.
[cita tipo=»destaque»]Las necesidades presentes se resumen en un cambio fundacional del rol de las universidades públicas, dentro de un marco abierto a la iniciativa privada, adecuadamente regulada. Junto a la misión de asegurar la igualdad de oportunidades e impulsar las bases de una nueva economía, el Estado debe fomentar en las universidades estatales la discusión y el debate de todas las cuestiones que impacten en el bien común.[/cita]
En mi opinión, la demanda de gratuidad debe entenderse como una demanda de recuperación del rol del Estado en la educación. El sistema estatal de educación superior es el instrumento más importante de un país para definir su destino atendiendo a las necesidades de la república y el bien común, por sobre los intereses de grupos de poder, con pluralismo. Bien articulado, el sistema debe permitirle a cada familia, de Parinacota a Tierra del Fuego, contar con las mejores opciones de formación técnica y profesional, constituyéndose este sistema de manera diversificada de acuerdo a las características de cada región.
Las 16 universidades estatales se encuentran abandonadas al juego del mercado, sin una misión que se deduzca de una perspectiva nacional, sin un accionar articulado. Se hallan distribuidas regionalmente, pero la circunscripción a su región no es un mandato explícito, ni lo es la función de investigación, transferencia tecnológica, extensión. Por supuesto, la mayoría de estas universidades ha sabido orientarse de acuerdo a su carácter, con buenos ejemplos. Pero, es necesario mencionar el esfuerzo que significa sobrevivir frente a una competencia que gasta sumas millonarias en ‘marketing’, cumpliendo a la vez con generar bienes públicos en investigación, capital humano avanzado, cultura. Por lo tanto, es el rol del Estado el que debe cambiar, con una nueva orgánica y financiamiento del sistema. Las universidades estatales deben ser excluidas de la competencia del mercado cumpliendo, por supuesto, con altos estándares de calidad debidamente asegurados.
Sin perjuicio de lo anterior, el rol privado debe ser valorado. El sistema privado de educación superior tiene un rol reconocido históricamente, siendo las universidades privadas tradicionales parte de la construcción de la república moderna y partícipe de los esfuerzos en investigación científica y creación cultural. Las universidades privadas fuera del CRUCH tampoco han sido ajenas a la contribución de bienes públicos, aportando al debate nacional, a la innovación y la diversificación de las visiones. Del punto de vista de los principios y en el marco democrático, el Estado no puede copar las visiones y debe fomentar la pluralidad del sistema.
El acceso a una educación de calidad y de manera equitativa, depende también de la existencia de una flexibilidad que el sistema no tiene, que permita atender la diversidad de historias de las personas, que posibilite múltiples caminos, con puentes entre la formación técnica y la profesional, con entradas y salidas intermedias que den espacio a quienes tengan un mayor costo de oportunidad en un determinado momento de sus vidas. Si se suma la situación de la educación básica y media, con las enormes diferencias que produce entre los estudiantes que egresan y la consecuente desorientación vocacional, mayor razón hay para impulsar la flexibilización del sistema. Agreguemos que, más allá de las inequidades, el mundo actual implica la tendencia a buscar caminos alternativos a la cadena formativa tradicional. Así, el acceso equitativo a la educación superior debe entenderse como la igualdad de oportunidades para conseguir cualquier título profesional, dentro de un sistema multifacético con conexiones entre sus distintos estratos y carreras, y que pueda ser transitado de muchas formas. Es justamente una tarea del Estado sostener ese espacio de la educación superior diverso y múltiplemente conectado.
En conclusión, las necesidades presentes se resumen en un cambio fundacional del rol de las universidades públicas, dentro de un marco abierto a la iniciativa privada, adecuadamente regulada. Junto a la misión de asegurar la igualdad de oportunidades e impulsar las bases de una nueva economía, el Estado debe fomentar en las universidades estatales la discusión y el debate de todas las cuestiones que impacten en el bien común. Por otra parte, en un sistema mixto, el Estado debe contribuir a que el sector privado aporte en bienes públicos, con incentivos y mecanismos de colaboración.
Hasta donde se puede apreciar hay muchas coincidencias en el diagnóstico. Pero, no en los cambios que se requiere. Hoy renace un impulso conservador, reactivo, que se mueve contra el tiempo, intentando recomponer a partir de los escombros lo existente, con cambios cosméticos. Es un gran error. Digamos al menos tres razones. Primero, las exportaciones de Chile se componen en más de un 70% del sector primario y minero, por consiguiente, con precios que experimentan altas variaciones y, por ende, márgenes de utilidad bajos y extremadamente volátiles. Así, nuestra economía no es suficientemente robusta para generar un crecimiento sostenido. Segundo, el nivel de desigualdad del país es el más alto de los países de la OECD, con un coeficiente de Gini alrededor de 0.5, lo cual atenta contra la estabilidad política y social. Tercero, el bienestar de los ciudadanos, la confianza en la democracia, está en niveles preocupantes de deterioro; con ello, disminuye la calidad de vida de las personas. He aquí, en estos argumentos, las bases para los indicadores del éxito en el largo plazo.
El conflicto principal hoy no está en los detalles. Es el paradigma de esta revolución Kuhniana –una realidad que ya escapó de nuestras habituales soluciones- la primera bandera, el primer bastión que conquistar. Una vez conquistada la nueva mirada, consistente y clara, que el país necesita podrá augurarse el éxito.
