«Resulta aún más duro digerir que, en el marco de una ley de prepago, se autorice a las sociedades de apoyo al giro bancario (Transbank) a la interconexión entre redes de operadores de medios de pago. Por supuesto que es deseable que la interconexión entre operadores exista, pero con el debido cuidado de igualdad de oportunidades en el acceso».
La sabiduría popular suele aclarar: Una cosa es una cosa… y otra cosa es otra cosa.
Esta semana tuve el honor de ser invitado a la Comisión de Hacienda del Senado de Chile, para presentar el punto de vista de khipu sobre el “Proyecto de ley que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondos por entidades no bancarias”. Creo que el sólo hecho de estar ahí y tener la oportunidad de presentar, en la misma instancia que el Presidente del Banco Central, es una muestra de democracia plena. Llegamos a esa instancia sin color político, sin pitutos y en total cumplimiento de la Ley de Lobby. Previamente habíamos solicitado, por conducto regular, audiencia con los cinco senadores que conforman la Comisión de Hacienda. Dos de ellos nos habían recibido y nos escucharon atentamente, dejando registro del contenido de cada reunión, como corresponde según la ley de lobby. En conclusión, pidieron que la comisión nos invite a exponer.
Antes de compartir nuestro punto de vista, siento el impulso de destacar que khipu es una empresa muy pequeña en relación a todas las organizaciones privadas y órganos del Estado que han participado en esta instancia. Por lo tanto, el espacio de participación tenía gusto a democracia perfecta, un gusto que se disfruta más en estos tiempos de escándalos y decepciones, un gusto que se debe compartir, para no caer en el peligroso “son todos iguales” o “no hay nada que hacer”.
El tema central de nuestra propuesta, era que el texto mismo de la ley indique al Banco Central, que en el reglamento que tendrá que redactar, DEBE considerar tramos, con distintas exigencias dependiendo del riesgo que el nivel de operación de las empresas represente para la fe pública. Esto porque empresas que parten como emprendimientos de innovación tecnológica, van accediendo al capital en forma gradual, por lo tanto, su posibilidad de cumplir con requisitos de capital y encaje, requiere tiempo. Siendo así, si Chile quiere contar con una industria Fintech, entonces debe tener un marco legal coherente con una política pública y es peligroso esperar que un órgano técnico (el Banco Central) se haga cargo de una definición política (exigencias graduales para permitir la entrada de empresas pequeñas). Si bien hubo debate sobre la forma, no hubo duda en cuanto a que hay acuerdo sobre el fondo de este punto.
Pero hay dos puntos en los que no recibimos ninguna señal alentadora y nos parecen muy extraños. Se define que la ley norma a todo operador que “…contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público en general o ciertos sectores o grupos específicos de él”. En esta definición cabe un corredor de propiedades que cobra arriendos, una empresa de cobranza, una empresa de inversiones y muchas más. Este tipo de empresas, sin duda requiere regulación y control, pero no en el marco de una ley y reglamento de medios de pago, sin duda son otra cosa y requieren otra norma.
Resulta aún más duro digerir que, en el marco de una ley de prepago, se autorice a las sociedades de apoyo al giro bancario (Transbank) a la interconexión entre redes de operadores de medios de pago. Por supuesto que es deseable que la interconexión entre operadores exista, pero con el debido cuidado de igualdad de oportunidades en el acceso. Esta es una ley para normar la emisión, pero incluye un pequeño párrafo autorizando la interconexión de redes de operadores de pago, lo que no solo es otra cosa, sino que además tiene otro proyecto de ley completo en curso.
