Las masivas expresiones de malestar ameritan profundizar el debate sobre la política pública orientada al desarrollo de las ciencias, en particular por los problemas que derivan, a nuestro modo de ver, de una política anidada en el Conicyt y el Ministerio de Economía/Corfo que muestra un carácter errático al estar construida por la agregación de fondos (Fondecyt, Fondap, Anillos, etc./Milenio, Becas Chile, etc.); y segundo, de una extendida percepción entre quienes concursan, y han dejado de concursar, pues piensan que se enfrentan a verdaderos “carteles” que favorecen a sus cercanos, a malas prácticas y una enmarañada burocracia.
En estos días se ha hablado incluso de la derechización de la política científica, entendiendo que la distribución creciente de fondos entre universidades de carácter confesional con respecto de las universidades públicas y laicas expresaría esta tendencia. Aunque bastante grueso el análisis de estos autores (Mayol y Araya, Cisec/Usach), no es menos evidente que la rapidez con que acceden a mayores montos las numerosas universidades confesionales existentes en Chile, más aquellas con menos “tradición”, entre las que se cuentan las dependientes de órdenes religiosas (jesuitas, Opus Dei, Legionarios….) en desmedro de las universidades públicas, constituye una tendencia preocupante, tal vez tan preocupante como la gratuidad en la educación en sus distintos niveles.
Nuestro propósito es acotado: analizar algunos de los datos sobre el Programa Fondecyt del último sexenio en Ciencias Sociales y Humanidades para abrir interrogantes frente al actual funcionamiento de la política científica del país.
Los tres fondos de Fondecyt, léase el Concurso Regular, Iniciación y Postdoctorado, se han incrementado entre los años 2010 y 2015, pero no con el ritmo y los montos correspondientes a una demanda creciente, creada por la propia política pública. Los montos otorgados a los investigadores senior –Fondecyt Regular– son mucho mayores que los demandados y asignados por los jóvenes investigadores –Iniciación y Postdoctorado–. Sin embargo, los montos mensuales asignados por investigador son menores que en Iniciación y Postdoc ($400.000 mes por 2 a 4 años), puesto que se supone que estos investigadores tienen un salario en sus universidades, lo que no siempre es así. Estas cifras podrían estar indicando que la presión viene “de abajo”, es decir, de la creciente cantidad de jóvenes investigadores que una vez terminado su doctorado buscan dar continuidad a su carrera de investigación a través de un postdoc.
[cita tipo=»destaque»]Ni Conicyt ni Fondecyt ni otros fondos son ajenos a la sospecha de que existe una reproducción de privilegios al interior de estas instituciones, es decir, lo que ronda en el país y otros campos también ronda en el campo científico.[/cita]
La carrera de investigación no existe en Chile, tal como es concebida, por ejemplo, en el Conicet Argentina. Por el contrario, cada investigador tiene que concursar a este tipo de fondos para mantenerse en su campo, o adscribir a otro tipo de fondo de Conicyt u otros Ministerios, como lo hacen quienes participan de los consorcios de universidades a través de Fondap, Anillos o Milenio. Este tipo de modalidad abre la pregunta sobre el posible proceso de concentración de recursos en una elite de investigadores e instituciones que buscan acrecentar sus recursos por la vía de exigir a sus propios integrantes ganar proyectos Fondecyt.
A otra escala, una de las grandes fuentes del descontento y del malestar podría obedecer simplemente a los procedimientos, normas institucionales y a los recursos destinados a administrar los fondos, que son muy escasos en Conicyt.
Los Consejos que dirimen sobre este tipo de problemas no necesariamente son eficaces, puesto que los ritmos para modificar procedimientos y normas no responden a las necesidades de mayor celeridad para erradicar un sistema de funcionamiento que fue hecho para otros tiempos. Si quisiéramos agregar problemas que dificultan los procesos de gestión, también está el mal uso de los recursos públicos hecho por ciertos investigadores, lo que probablemente ha conducido al peso cada vez mayor de Contraloría sobre los proyectos y sus ejecutores.
Ni Conicyt ni Fondecyt ni otros fondos son ajenos a la sospecha de que existe una reproducción de privilegios al interior de estas instituciones, es decir, lo que ronda en el país y otros campos también ronda en el campo científico. Tal situación amerita un cambio radical en la política científica, en su gestión y en las normas y procedimientos internos, también en los mismos investigadores y evaluadores de proyectos y probablemente en la forma de nominación de los integrantes de los Consejos y Grupos de Estudio, de modo tal que dichos investigadores/as representen a sus pares.
El anuncio de la creación de un Ministerio para el desarrollo de las ciencias que logre unificar políticas dispersas, que logre un presupuesto acorde con las necesidades del país y su propio desarrollo (donde las Ciencias Sociales y las Humanidades tienen también un papel que jugar frente a una sociedad cada vez más compleja), es una buena noticia, sin embargo, su creación y diseño debiera comenzar por superar los problemas actuales, responder a los malestares y descontentos y, en particular, a mayores grados de transparencia y de participación de la comunidad de científicos.
