Las reformas en educación superior están marcadas por una tensión permanente entre los intereses de la comunidad educativa y los intereses de los gobiernos. Esta complejidad histórica, a diferencia de lo que se trabaja generalmente, no responde a una trayectoria rígida, sino que es el resultado de una serie de pugnas históricamente situadas que en ninguna medida responden a “modelos” puros.
Como telón de fondo, el desarrollo de políticas públicas asociadas al estudio del «Estado» y del «mercado», como es la educación superior, presenta demasiado a menudo un tono excesivamente dicotómico. Donde hay Estado, no hay mercado, y viceversa. Asimismo, se supone que «Estado» y «mercado» significan siempre lo mismo y que, más allá de tales categorías, no hay otras opciones posibles. Hoy, una de las principales tareas de las fuerzas de cambio es abrir paso a esas otras opciones posibles, pero, como es evidente, no es para nada una tarea simple.
En esta dirección, el actual proceso de reforma a la Universidad puede ser abordado desde los niveles en que ha devenido la discusión (tecnócratas, propietarios y movimiento social) y las complejidades (fracturas y alianzas) de los actores presentes en la Universidad actual.
Así, un primer nivel de discusión es la posición que el proceso de reforma toma respecto a los diversos actores en disputa. A pesar de que sabemos que son muchas las formas en que podemos concebir los estados como espacios en los que políticos e instituciones actúan como «agentes» de un «principal», el pueblo soberano, que encarga unas tareas determinadas, se suele acusar, por parte de los sectores tecnocráticos y propietarios, que esta relación política solo debe estar sustentada en la dirección del aparato administrativo del Estado y que cualquier intento de incidir en la dirección de este aparato administrativo es un interés corporativo destructivo de todo interés general. Tales acusaciones, responden más que nada al “temor” de perder una posición privilegiada en el sistema actual y al mismo tiempo imponer su propio interés.
En este escenario el rol de los actores de la comunidad educativa ha quedado relegado a la consulta. Tal situación debe ser absolutamente revertida este año a través de un impulso conjunto de la sociedad chilena que promueve una sociedad de derechos sociales, no solo el movimiento estudiantil, para presionar por hacer efectivo el rol subordinado de los representantes políticos respecto a sus soberanos, el pueblo.
Un segundo nivel de discusión es cómo el proceso de reforma entiende la naturaleza de los mercados en los diversos espacios educacionales. Al igual que en relación al mandato político son muchas las formas en que los mercados pueden ser diseñados por parte de las instituciones públicas. Sin embargo, existe en la tecnocracia y los propietarios una concepción singular, que se presenta como abstracta y natural, de los mercados y su respectiva aplicación al sector educativo.
De esta forma la prestación pública de servicios sociales se muestra como directamente asociada a una “ausencia de competencia” o simplemente ineficiente. Tanto histórica, empírica y conceptualmente es posible rebatir la idea de una competencia y eficiencia de sistemas educativos centrados solo en mecanismos mercantiles. En esta dirección, la tarea del movimiento social por la educación pública es profundizar el debate social sobre qué naturaleza deben tener los mercados en cada contexto.
Y finalmente, un tercer nivel de discusión se ha dado respecto al rol del sector privado-mercantil y el Estado en educación superior. Al igual que la noción naturalizada y abstracta de los mercados, el Estado aparece como un enemigo y ajeno al espacio de regulación del sector privado-mercantil. Tal situación es solo posible en el mundo más ingenuo de los deseos y no responde a la construcción histórica de la propiedad privada. Lo real es la presencia de un sector privado-mercantil hegemónico precisamente por la acción del Estado. Ante una situación así, cabe disputar el carácter social del Estado al mismo tiempo que se amplían las formas de propiedad social en educación. De esta forma el movimiento social por derechos sociales puede impulsar una serie de espacios e iniciativas de autogestión comunitaria que puedan jugar un papel también relevante en la organización de nuestras sociedades.
Como es esperable, la divergencia en la discusión es producto de una serie de fuerzas sociales disputando el sentido social de la transformación. Sin duda, esta situación tensa a las comunidades educativas a “tomar posición” o apoyar de manera institucional una medida que permita mantener la “fuente de trabajo”. Una aproximación parcial a este problema permite sostener que el escenario de actores se encuentra fracturado entre comunidades educativas a nivel interuniversitario e intrauniversitario.
En este sentido, es evidente que el escenario general presenta como instituciones en disputa a universidades pertenecientes al Consejo de Rectores versus aquellas que no están incluidas. Esta situación de fractura interuniversidades ha sido parte de las estrategias para promover políticas desde los tecnócratas pero también para expandir la posición de los propietarios privados en educación superior. De la mano de estas disputas son arrastrados parte del cuerpo de académicos, funcionarios y estudiantes de las diversas instituciones privadas desde un discurso de “supervivencia” de la institución como fuente de trabajo y estudio.
En el plano intrauniversitario, las fracturas de las comunidades educativas se expresan, principalmente, entre las funciones que realizan los académicos de la Universidad, la actividad política del estudiantado y la condición salarial de los funcionarios.
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Aunque parezca absolutamente obvio, la diversificación de roles dentro de las casas de estudio universitarias, como parte del proceso general de privatización, ha dividido al cuerpo académico entre quienes desempeñan funciones y viven la actividad académica de manera gerencial y aquellos que no. Tal situación tiene a una parte de la comunidad educativa universitaria firmando grandes acuerdos comerciales y pensando en flujos de recursos fiscales, más que en un proceso de transformación, y a otra reivindicando, de alguna forma, la actividad académica clásica.
Por su parte, el estudiantado, fuerza central del proceso de crítica, se divide entre las diversas posiciones políticas que conviven dentro de las casas de estudios. Pudiendo decir que más allá de una división izquierda-derecha, opera una división entre quienes ven en la política una acción central de la vida social y aquellos que reconocen está centralidad en la función profesional o el bienestar personal.
De la misma forma, los funcionarios de las Universidades se dividen entre la función orgánica de su desempeño laboral y la respectiva “retribución” salarial. Esto se refiere a la situación que entiende al funcionario contratado a la institución universitaria y aquel que se encuentra contratado por una empresa externa, determinando de esta forma su nivel salarial e impidiendo, muchas veces, su formas de organización sindical.
Si bien el escenario es siempre complejo para las fuerzas del cambio, es deber de los militantes y los diversos esfuerzos políticos identificar una unidad dentro de un escenario evidente de divisiones por arriba y por abajo. Ante esto es posible establecer que la radicalidad del proceso de privatización en las diversas Universidades ha determinado, en líneas gruesas, dos actores colectivos en disputa.
El primer actor se encuentra sujeto a los diversos mecanismos de financiación privada y Estatal que le han permitido estar situado en una posición de privilegio y comodidad respecto a la vida académica o con la expectativa futura de conseguirlo, y un segundo actor colectivo sometido a la efectos de la privatización a través de una precarización salarial, pérdida de estatus social y endeudamiento sostenido.
Si bien estos dos actores colectivos encuentran “aliados” cruzados entre académicos, estudiantes y funcionarios, el conflicto radica en que la distribución de poder, entendida como la posibilidad de decidir, se encuentra posicionada en aquellos que se sienten cómodos respecto al sistema educativo actual versus los que no. Sin embargo, y como lo han venido demostrado sistemáticamente, la masividad y la amplitud es la principal fuerza de aquellos precarizados y endeudados por el sistema educativo.
Tal demostración de fuerza, en donde el movimiento estudiantil es central, es la que este año 2016 debe imponerse por sobre aquellos que viven cómodos en la Universidad privatizada.
