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Más democracia para mayor equidad ambiental

por 22 noviembre, 2016

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Esta semana, en la sede de la Cepal en Santiago, iniciamos una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo regional para la aplicación efectiva del denominado “Principio 10 de la Declaración de Río”, sobre derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, en el que participan delegaciones de las 22 naciones de América Latina y el Caribe que adhieren a esta iniciativa.

Creemos que una verdadera democracia debe garantizar la participación informada en la toma de decisiones ambientales, porque ello no solo mejora la calidad de vida de las comunidades y de las futuras generaciones, sino porque contribuye de manera sustancial a la equidad ambiental.

Esta iniciativa surge como una propuesta de Chile, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), con el objetivo de crear un instrumento regional que apoye el fortalecimiento de la democracia ambiental en Latinoamérica y el Caribe.

En Río+20 eran cuatro países los que impulsaban esta instancia: Chile, Costa Rica, Jamaica y Perú. Hoy somos 22, lo que significa que más de la mitad de la región ha respondido al llamado de Chile y se tiene la oportunidad de beneficiar a más de 500 millones de personas. Y en cada una de nuestras naciones, más y más organizaciones ciudadanas se han ido involucrando, contribuyendo con sus aportes al texto de la negociación.

Hoy la ciudadanía es más activa, más crítica y demandante respecto del estado de su entorno, y de sus efectos en la calidad de vida. En los encuentros locales realizados en nuestro país en el marco del proceso constitucional, cuando se pregunta por los valores y principios más importantes que debe preservar la Constitución, el respeto y conservación de la naturaleza o del medio ambiente ocupan un lugar relevante de las preferencias manifestadas por los ciudadanos.

Muchos de los países que iniciamos esta semana la negociación en Santiago, apoyamos que el mecanismo o instrumento que finalmente acordemos tenga un carácter vinculante. No solo impulsamos un convenio que recopile y recomiende buenas prácticas, sino que este además tenga un contenido ambicioso y transformador, porque tenemos el desafío de garantizar a nuestra ciudadanía mayores grados de injerencia sobre aquellos asuntos ambientales que les afectan.

Un mayor y mejor acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, redundará en una mayor legitimidad del sistema de gestión ambiental en cada país y de sus decisiones, ayudará a anticipar y prevenir los conflictos ambientales, y facilitará una gestión más eficiente de proyectos y programas, ya sean públicos o privados, incrementando así el nivel de protección de los recursos naturales y el patrimonio ambiental.

Esto ayuda también a profundizar la democracia y la cohesión social. Una mayor injerencia de la ciudadanía sobre aquello que la afecta en materia ambiental ayuda a un mejor desarrollo de nuestro territorio y disminuir los conflictos. Según PNUMA, al menos el 40% de los conflictos violentos en los últimos 60 años han estado vinculados a los recursos naturales, y nuestra región tiene el triste récord de la mayor cantidad de ataques a defensores ambientales. Y en un contexto de cambio climático y aumento de desastres naturales, estos riesgos se acrecientan.

Hoy la ciudadanía es más activa, más crítica y demandante respecto del estado de su entorno, y de sus efectos en la calidad de vida. En los encuentros locales realizados en nuestro país en el marco del proceso constitucional, cuando se pregunta por los valores y principios más importantes que debe preservar la Constitución, el respeto y conservación de la naturaleza o del medio ambiente ocupan un lugar relevante de las preferencias manifestadas por los ciudadanos.

En este acuerdo que estamos impulsando en Santiago, resaltamos la importancia de la educación, la formación, la sensibilización y participación de la comunidad con sus múltiples expresiones, el acceso público a la información y la transparencia; todos, aspectos claves para una democracia ambiental, y para un desarrollo más sustentable y equitativo.

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