Estos días hemos sido testigos del desborde de incendios en nuestro país. Si se considera el último quinquenio, la zona que incluye desde la V a la IX regiones, presenta una superficie afectada de 36.600 hectáreas como promedio anual, de un total de 41.800 en todo el país. Este verano del 2017, ya van sobre 25.0000 hectáreas, lo que constituye una cifra tristemente histórica.
En Chile, hay sobre 2 millones de hectáreas de bosque productivo, constituido por Pino Insigne, Eucaliptus Globulus, el 50% de este suelo ocupado se concentra en las regiones VIII y IX. Paradójicamente son estas regiones las que presentan la más intensa resistencia del Pueblo Mapuche al Estado Chileno, es pertinente destacar esta situación, ya que los perjuicios de la industria forestal van más allá de los macroincendios.
Al abordar esta problemática, se tienen variables que son los datos de entrada, que no los podemos manejar y controlar a priori, tales como la velocidad del viento, la alta temperatura ambiental, la baja sostenida de aguas lluvias, que sus comportamientos se explican en gran medida por el calentamiento global, fenómeno en el que las comunidades podemos incidir de manera marginal.
Por otra parte, se tienen otros parámetros tales como: la Tasa de cultivos forestales, Distancia a los asentamientos humanos, Inventarios de agua, Sequedad del suelo, etc., que sí son manejables y discrecionales, y que hoy producto del manejo ineficiente, en vez de atenuar los impactos sobre la población, los aumentan y se manifiestan con la ocurrencia de estos macroincendios.
[cita tipo=»destaque»] Es hora de poner la inteligencia, el conocimiento y la voluntad política al servicio de la elaboración de leyes y programas de gestión del agua y de políticas públicas que obliguen a la industria forestal a actuar con responsabilidad social y sentido de país.[/cita]
Por tanto, hay que regular los monocultivos forestales respecto al uso del territorio. Deben realizarse en suelos descubiertos, erosionados y degradados, considerando la alta eficacia del cultivo de estas especies a nivel local. Evaluar la relación plantación-cosecha en los bosques cultivados que hoy es de 2:1, considerando la huella hídrica y así encontrar la relación plantación-cosecha óptima desde el punto de vista país y no tener como una única referencia las utilidades de la industria forestal, lo que además debe ser complementado con la revisión del Decreto 701.
Es sabido que los vertederos de residuos sólidos deben cumplir con una franja de protección de 300 metros de distancia a las viviendas y de 600 metros de captaciones de agua potable, actividad claramente menos riesgosa y peligrosa que la industria forestal desde el punto de vista de la población. En esa perspectiva estos criterios debiesen aplicarse a este tipo de actividad lucrativa.
Además, se debe revisar la legislación que regula la propiedad del agua y vincular su relación con este problema que se va intensificando con el tiempo, y paralelamente implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales innovadores en las áreas rurales que permitan acumular estas aguas y tener zonas húmedas que ayuden, a la hora de enfrentar los incendios durante los periodos estivales, ya sea acumulando estas aguas residuales tratadas en la forma de microembalses o humedales e inversión inmediata en aviones de mayor envergadura y probada eficiencia en el control de incendios.
En resumen, es hora de poner la inteligencia, el conocimiento y la voluntad política al servicio de la elaboración de leyes y programas de gestión del agua y de políticas públicas que obliguen a la industria forestal a actuar con responsabilidad social y sentido de país y, al Estado, a elevar sustancialmente los niveles de calificación de los gestores con responsabilidad pública, que la meritocracia sea el parámetro de designación y elección de los equipos de gobierno.
