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El fin del suprapartidismo concertacionista y el retorno a la pluralidad democrática

por 4 abril, 2017

El fin del suprapartidismo concertacionista y el retorno a la pluralidad democrática
Los incentivos para que los partidos se mantuviesen cohesionados más allá del sistema electoral desaparecieron y empezaron a florecer todas aquellas diferencias y conflictos que el suprapartidismo, el liderazgo presidencial o la gestión de la coalición moderaron o resolvieron de forma salomónica. Con la aparición de la Nueva Mayoría se perdió aquella identidad con el conglomerado y comenzaron a recuperar protagonismo los partidos, con sus aspiraciones legítimas y particulares de poder, algo natural en una democracia plural.
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Durante casi 20 años, desde el retorno a la democracia en Chile, el sistema de partidos de nuestro país vivió en una excepcionalidad. Logró conjugar de manera armónica la presencia de varios partidos políticos con un régimen presidencial, en el marco de dos grandes coaliciones que agrupaban prácticamente la totalidad de los votos. Esta mezcla de multipartidismo y presidencialismo es algo que la literatura especializada de ciencia política ha tendido a llamar “una difícil combinación”. Se señala que el presidencialismo convive mejor con un sistema bipartidista –que en Chile tomó la forma de dos coaliciones–, de manera tal que los costos de negociación en los cuales debe incurrir el Presidente, para gestionar su contingente legislativo, no se incrementan por los fraccionamientos y divisiones que producen varios partidos.

La Concertación logró generar algo inusual en la historia política chilena, lo que en su época se denominó el “suprapartidismo”. De ese modo, se consiguió una excepcional estabilidad política que, con claroscuros, contribuyó a una transición democrática pacífica. A esto ayudó también el sistema electoral binominal y la voluntad política de muchos líderes de partidos que estuvieron dispuestos a que sus colectividades renunciarán a gran parte de la influencia que tenían antes de 1973 frente a los gobiernos.

Esta excepcionalidad suprapartidaria se fue agotando a medida que la democracia se consolidaba.

La estabilidad política del país, que en los primeros años de la década del 90 se vio como una virtud para el proceso político, se terminó transformando en una camisa de fuerza y empezaron a expresarse tensiones, primero con el fenómeno de los díscolos que abandonaron los partidos de la Concertación para formar nuevas colectividades. Posteriormente, la Concertación, como coalición de Gobierno, llegó a su fin cuando Sebastián Piñera asumió su mandato el 11 de marzo de 2010. Para la Concertación se aplicó, ese día, aquel dicho que señala o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para morir como villano.

Todo aquello que contribuyó a la gobernabilidad del país y, además, al avance económico y social en diversos ámbitos, terminó siendo visto como una pesada carga, pues implicó que los partidos arriaran banderas históricas. La Concertación, con sus éxitos y fracasos, acabó siendo vista como la coalición culpable de todos los males que hoy afectan a la democracia chilena.

Los incentivos para que los partidos se mantuviesen cohesionados más allá del sistema electoral desaparecieron y empezaron a florecer todas aquellas diferencias y conflictos que el suprapartidismo, el liderazgo presidencial o la gestión de la coalición moderaron o resolvieron de forma salomónica. Con la aparición de la Nueva Mayoría se perdió aquella identidad con el conglomerado y empezaron a recuperar protagonismo los partidos, con sus aspiraciones legítimas y particulares de poder, algo natural en una democracia plural.

No solo se hicieron evidentes los conflictos programáticos entre los partidos, sino que también la administración de la coalición de centroizquierda se hizo mucho más problemática. Poca armonía hubo entre la DC y el PC durante los primeros años del segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet y hoy, cuando las cartas presidenciales empiezan a mostrarse, cada partido busca instalar la suya propia. La aspiración de saltarse las primarias ronda en el ambiente, así como la posibilidad de las listas parlamentarias separadas.

Gran parte del descrédito actual de la política chilena dice relación con una falta de representación que siente la ciudadanía de parte de los partidos. Durante muchos años la negociación fue de espaldas a los electores. Se ha percibido que los votantes solo terminaban por refrendar un acuerdo tomado antes de la elección entre equipos negociadores que no actuaban de forma transparente. Recuperar antiguas prácticas políticas que fortalecen el diálogo democrático, sin desechar lo positivo de los últimos 20 años, probablemente ayudaría a mejorar los niveles de representación, a darle dinamismo al sistema político chileno y contribuiría a que la pluralidad de sectores se pueda sentir efectivamente representada en las instancias institucionales de las que el país dispone.

La reforma electoral que reemplazó al sistema binominal terminó por abrir el último candado, pues la mayor magnitud distrital (el número de escaños por cada distrito) permite que las elecciones sean mucho más competitivas e inciertas, con partidos que antes tenían poca o nula opción de aspirar a algún puesto en el Congreso y que hoy puedan correr solos y tengan posibilidades ciertas de obtener algún grado de representación sin entrar a negociar pactos con las dos grandes coaliciones. Finalmente, el trámite de refichaje de militantes ha mostrado una debilidad del sistema de partidos que era un secreto a voces y que se contrapone con la vitalidad que están exhibiendo movimientos desafiantes. Una vitalidad que, por cierto, aún debe pasar por las urnas para consolidarse.

¿Significa esto un retroceso en la política chilena o una debilidad para la democracia? Tiendo a pensar que no, pues la excepcionalidad de la Concertación y el periodo de estabilidad política que significó, respondió a un particular contexto histórico donde, con impulso de la voluntad de algunos dirigentes y políticos, se valoró más el tránsito hacia una democracia sólida y se dejaron a un lado discusiones programáticas que pusieran en riesgo la transición, que para muchos pasaba por la sobrevivencia de la Concertación y su permanencia en el poder.

Chile está volviendo a su proceso político histórico, el cual prevaleció durante gran parte del siglo XX hasta el colapso de 1973: varios partidos políticos a la izquierda (PC, PS), al centro (DC, PR) y la derecha (Liberales y Conservadores), con otros partidos que surgían y desaparecían entre elecciones, coaliciones de Gobierno contingentes que se formaban después de la elección presidencial, mayor incertidumbre en torno a los resultados de cada elección y presidentes que, hacia el final del periodo, iban perdiendo el apoyo de los partidos que ponían sus fichas para la elección presidencial siguiente.

Hoy la democracia chilena se halla en una situación mejor frente al periodo 1932-1973, lo que hace suponer que la situación es más favorable para hacer frente a las tensiones y conflictos de un sistema político más dinámico. Hasta 1973 e incluso durante los primeros años de los 90, el periodo presidencial de seis años y la legislatura de cuatro años añadía la dificultad de que el Presidente podía partir su periodo con un contingente legislativo y, en algunos casos, antes de la mitad del periodo, ver cómo cambiaba, obligándole a modificar su coalición y su programa gubernamental. Las elecciones presidenciales y legislativas paralelas son un incentivo para darle gobernabilidad al país durante todo el periodo presidencial, siendo las municipales un barómetro que permite medir la fuerza electoral del Gobierno y de la oposición.

La coalición anterior a la primera vuelta electoral no parece algo fundamental para la gobernabilidad y ni siquiera para ganar las elecciones, considerando que después de la primera vuelta el panorama legislativo estaría claro con miras a enfrentar la segunda vuelta un mes después. En este tiempo los partidos con representación política en el Congreso pueden negociar con los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta, con el objetivo de formar una coalición mayoritaria para algunos de los candidatos y, aun cuando en esas cuatro semanas no se alcance un acuerdo, el Ejecutivo y el Congreso electos tienen todavía cerca de tres meses antes de iniciar el periodo presidencial para conseguir una coalición política viable y armónica que le dé sustento legislativo al Gobierno. Esto le da mayor capacidad al electorado para definir la capacidad de negociación de los partidos, sin distorsiones producidas por acuerdos de camarillas a espaldas de él.

Gran parte del descrédito actual de la política chilena dice relación con una falta de representación que siente la ciudadanía de parte de los partidos. Durante muchos años la negociación fue de espaldas a los electores. Se ha percibido que los votantes solo terminaban por refrendar un acuerdo tomado antes de la elección entre equipos negociadores que no actuaban de forma transparente.

Recuperar antiguas prácticas políticas que fortalecen el diálogo democrático, sin desechar lo positivo de los últimos 20 años, probablemente ayudaría a mejorar los niveles de representación, a darle dinamismo al sistema político chileno y contribuiría a que la pluralidad de sectores se pueda sentir efectivamente representada en las instancias institucionales de las que el país dispone, aprovechando así las ventajas de haber eliminado la camisa de fuerza que significaba el sistema binominal.

Para ello, es fundamental dejar de pensar el espectro político en el marco de un sistema binominalizado que ya no existe y aceptar que el debate político plural en democracia puede aportar mucho a reencantar a unos electores que durante mucho tiempo se han sentido ajenos al ejercicio democrático del poder.

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