Se estima que a partir del año 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, el planeta tiene más habitantes urbanos que rurales. En Chile, la población urbana supera el 90% y el 75% vive en alguna de las 10 áreas metropolitanas. La mayoría de los problemas más acuciantes son hoy esencialmente urbanos. La desigualdad y la pobreza, dos de los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad –y nuestro país–, son hoy problemas fundamentalmente urbanos. La compatibilización de la actividad humana y los equilibrios ambientales se juega en gran medida en el territorio de las ciudades. El desarrollo económico, a través de la difusión del conocimiento, la innovación y el aumento de la productividad, son cuestiones urbanas. La calidad de vida de las ciudades afecta al 90% de nuestra población, y la calidad de vida en las metrópolis solamente, afecta a las tres cuartas partes de la población chilena.
A pesar de la importancia de las ciudades y del rol que tendrán que cumplir en todos estos ámbitos, nuestro sistema político y administrativo no reconoce a la ciudad como una entidad diferenciada. La Política Nacional de Desarrollo Urbano primero, y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) después, establecieron que no es posible abordar los problemas urbanos dentro de un ordenamiento administrativo que no reconoce a la ciudad. Este año, el CNDU ha culminado una propuesta de nueva institucionalidad para las ciudades que propone reconocer a la ciudad como una entidad central en nuestro ordenamiento administrativo, haciéndose cargo de todas las consecuencias de este reconocimiento en el resto del aparato administrativo del país.
[cita tipo=»destaque»]Estas propuestas representan acciones necesarias y posibles. Evidentemente, el plazo en que se deben llevar a cabo puede abarcar muchos años. Lo importante es que, una vez establecido el objetivo al que se aspira -los gobiernos metropolitanos-, se puede evaluar cada decisión en función de su aporte en el camino de establecer estos gobiernos, lo que permitirá descartar las decisiones que ponen en peligro el objetivo final. Y eso permitirá ordenar muchas políticas públicas referidas a las cuestiones urbanas.[/cita]
Se propone, en primer lugar, gobiernos para las áreas metropolitanas. Gobiernos con autoridades elegidas, personal, recursos y atribuciones, para que cada metrópoli enfrente su futuro de manera descentralizada, con su gobierno, su visión, su planificación, su financiamiento y su administración. Llegará el día en que el proceso de descentralización alcance la madurez necesaria y se creen gobiernos de ciudad en otras ciudades que, sin ser metrópolis, tengan un grado avanzado de complejidad. Con todo, el CNDU ha definido que la gran tarea del momento es establecer gobiernos metropolitanos en las diez metrópolis de Chile: Santiago, Concepción, Valparaíso, Serena-Coquimbo, Antofagasta, Temuco, Rancagua, Iquique, Talca y Puerto Montt.
El traspaso de atribuciones, personal, recursos y fondos desde los gobiernos regionales y el gobierno central a los gobiernos metropolitanos, tiene consecuencias en el tipo de instituciones del gobierno central que se acomodan a este nuevo ordenamiento. La consecuencia más importante es la necesidad de un nuevo ministerio, de ciudades y ordenamiento territorial, que rompa con la mirada sectorial e incorpore una mirada desde el territorio, con todas sus características, problemas y potencialidades. Ese nuevo ministerio debería refundir todo o parte de ministerios existentes. Y algunos organismos del gobierno (como la Subsecretaría de Desarrollo Regional, por ejemplo), debieran ver redefinidas sus atribuciones y tareas. Asimismo, los gobiernos regionales de aquellas regiones que tengan uno o más gobiernos metropolitanos, deberán establecer los límites de las atribuciones de la autoridad regional y las nuevas autoridades metropolitanas. Por último, se propone el fortalecimiento de los municipios que queden dentro de las áreas metropolitanas y la delegación de algunas de sus facultades al nivel metropolitano.
Estas propuestas representan acciones necesarias y posibles. Evidentemente, el plazo en que se deben llevar a cabo puede abarcar muchos años. Lo importante es que, una vez establecido el objetivo al que se aspira -los gobiernos metropolitanos-, se puede evaluar cada decisión en función de su aporte en el camino de establecer estos gobiernos, lo que permitirá descartar las decisiones que ponen en peligro el objetivo final. Y eso permitirá ordenar muchas políticas públicas referidas a las cuestiones urbanas.
