Este 2 de julio se llevarán a cabo las primarias presidenciales de Chile Vamos y el Frente Amplio, lo que marca el primer hito en la frenética carrera por ocupar la más alta magistratura del país. Uno de los temas que habitualmente entra en el debate y ocupa el interés de la población es el crecimiento económico. Es sabido y, afortunadamente, reconocido por la mayoría de las candidaturas como un hecho empírico, que el crecimiento potencial del país ha decaído sostenidamente en asociación con la productividad desde hace al menos 17 años.

La relevancia de este hecho para cada una de las opciones varía caso a caso, existiendo diversas evaluaciones de las causas y consecuentes propuestas de políticas públicas que marcan la orientación del futuro eventual gobierno. Con un fin analítico e informativo, esta columna desglosará las propuestas que se encuentran disponibles públicamente de los candidatos participantes en las primarias del Frente Amplio: Alberto Mayol y Beatriz Sánchez.

El primer candidato que analizaré será Alberto Mayol. Su estrategia está basada en tres grandes propuestas. La primera es dinamizar la mini-, micro- y pequeña-empresa. Sus dos armas serían un plan de protección de las empresas de menor tamaño frente a los abusos de las grandes empresas, y un plan de fomento a la producción de empresas de menor tamaño. La segunda es un ambicioso plan de obras públicas que involucra la construcción de 4000 kms. de línea de un tren rápido y nuevos establecimientos educacionales y de salud. Por último, se aumentarían las restricciones para la inversión en el extranjero. Específicamente, los fondos de pensiones se verían impedidos de hacer cualquier tipo de compra de activos cuyo origen sea fuera de las fronteras y las grandes fortunas tendrían que pagar un impuesto específico para realizar esta acción.

El primer cuestionamiento que se le puede hacer a este programa es que confunde ciclo con tendencia. En particular, utiliza un hecho estilizado asociado al ciclo económico (expansiones suelen estar asociadas con una mayor contratación de trabajadores por parte de las pequeñas empresas que por parte de las grandes empresas) para justificar una política pública que pretende solucionar problemas asociados a la capacidad de producción en el largo plazo.

El salto argumentativo aquí es grande por varias razones. Primero, es esperable que las pequeñas empresas crezcan más fuertemente que las empresas grandes durante las expansiones, ya que la base de comparación para una misma unidad de trabajo contratada es más baja. Segundo, las pequeñas empresas tienden naturalmente a ser más intensivas en el uso del factor trabajo que las empresas grandes debido a su menor escala y consecuente menor productividad, lo que obstaculiza la obtención del crédito necesario para poder aumentar su contratación de servicios de capital. Tercero, y relacionado con el punto anterior, no es claro entonces que fortalecer la pequeña empresa logrará mejorar la capacidad de producir y de elevar el bienestar de la clase trabajadora. Puede ser que se logre una reducción temporal del desempleo cíclico, pero esto no implicará necesariamente mayores salarios reales en el largo plazo. Por otro lado, existirá un mayor número de empresas que desearán permanecer pequeñas para gozar de la ayuda estatal. El principal empleador en la economía será entonces una empresa de pequeña escala, con un exceso de trabajadores por unidad de capital, y donde el valor del trabajo será subestimado.

La segunda objeción tiene que ver con el tipo de obras públicas que se pretende construir. Generalmente, inversiones en infraestructura pueden llegar a tener efectos positivos en productividad si estas ayudan a disminuir costos asociados a la sub-provisión de bienes públicos. Ejemplos de estas inversiones son mejores carreteras, mejores conexiones interior-puertos, un potenciamiento de la generación de energía, etc. En este sentido, difícilmente un tren rápido podrá caer dentro de esta categoría ya que probablemente será caro y su uso intensivo será bajo. Asimismo, una mayor construcción de escuelas y hospitales obviamente ayuda a la formación de capital humano para el país, particularmente en salud. No obstante, los índices de cobertura en educación son ya altos, existiendo poco espacio para grandes contribuciones marginales de una mayor cantidad de establecimientos. Lo que se requiere son mejoras en calidad de lo ya existente, que muchas veces tienen que ver más con el factor humano involucrado en la producción de educación más que con las instalaciones físicas per se.

Finalmente, los inversionistas chilenos invierten en el exterior porque evalúan que el retorno marginal de invertir en Chile es más bajo que el de invertir afuera. Restricciones o impuestos no cambiarán esta realidad, por lo que su implementación simplemente privaría al país de una generación de riqueza potencialmente tributable. A mi juicio, una opción que domina a esta es la de no imponer restricciones ni exacciones de ningún tipo y elevar el impuesto al ingreso, sin importar dónde éste se genere.

En el caso de Beatriz Sánchez, vemos un sesudo y muy valioso análisis de las causas últimas del estancamiento de la productividad en nuestro país. Es una interpretación que podríamos llamar alternativa pero no excluyente respecto a las que tradicionalmente se postulan, que pone el acento en cómo la concentración económica y el modelo exportador de recursos naturales determinarían los incentivos que llevan a bajas tasas de innovación en términos de inversión y resultados. Específicamente, una estructura exportadora concentrada en recursos naturales permitiría altas rentas económicas a los pocos propietarios de dichos recursos sin necesidad de que ellos ejerzan esfuerzo innovador alguno. Este argumento es atractivo si bien adolece de la debilidad de que el sector que más incurre en gasto en I+D como proporción de sus ventas totales es el sector de la minería (19,8%, VI Encuesta Nacional sobre Gasto y Personal en I+D), estando el déficit principalmente en los sectores agrícola y no asociados a recursos naturales. Esto sugiere que el problema es más general y que los canales de asociación con las características del modelo exportador son más indirectos.

Coherentemente con esta visión de la realidad, las propuestas de la candidata se orientan a la diversificación de la matriz exportadora, el impulso a la innovación, y el aumento del poder de los trabajadores en relación al de los grandes empresarios. En específico, se propone un plan nacional de innovación y desarrollo de nuevas áreas productivas, el cual sería articulado mediante un diálogo social entre el mundo científico, universidades y comunidades de cada territorio. La crítica más obvia es que nada garantiza que el plan que resulte de dicho diálogo sea el más conveniente económicamente tanto para las empresas, la región, o el país.

Es válido cuestionar por qué una comisión regional podría tener más éxito en identificar sectores con potencial de crecimiento de mejor manera que el sector privado, el cual tiene todos los incentivos monetarios para ello. Sin perjuicio de ello, el margen en el cual esta comisión podría ser socialmente útil es mediante el descubrimiento de posibles encadenamientos productivos que serían social pero no privadamente rentables. No obstante, es bastante complejo determinar dichas externalidades positivas y es factible que exista la tentación a proteger a ciertos grupos productivos “emblemáticos” de la zona y que poseen gran capacidad de cabildeo.

Otra de las propuestas habla acerca de un acuerdo de inversión público-privada, en conjunto con participantes clave en el exterior para expandir capacidades tecnológicas del país. La idea es que el país aumente fuertemente su inversión en I+D, se potencie la capacidad de investigación de empresas, gobierno y universidades (de paso empleando el exceso de oferta de doctorandos que año a año el país genera), y se expanda la educación técnica de forma significativa.

Esta es una buena idea que apunta en la dirección correcta de utilizar de mejor manera los recursos intelectuales que el país posee, de reasignar la formación de capital humano a los niveles que tienen el más alto retorno social, y de ayudar a financiar las importantes inversiones iniciales tanto en infraestructura como en horas hombre que cualquier proyecto de I+D requiere. El único problema es que este plan, a menos que sea sostenido en el tiempo, lo cual requiere encontrar una fuente de financiamiento estable dispuesta a mantener este esfuerzo, tendría un efecto de una sola vez. Esto le permitiría crecer a Chile a tasas más altas por un período, pero no sería capaz de generar un aumento permanente en la tasa de crecimiento de la productividad, generado por un cambio en los incentivos que las firmas enfrentan para incurrir en I+D.

El resto de las propuestas en su sección sobre desarrollo económico están dirigidas al fortalecimiento del poder negociador del factor trabajo en relación al capital. La idea es que una clase trabajadora más fuerte podrá ejercer un contrapeso mayor al gran empresariado en las grandes decisiones nacionales sobre productividad y eficiencia, las cuales muchas veces van a contrapelo de los intereses de los incumbentes en cada mercado. Esto es deseable. Es conocido el excesivo peso de los grandes magnates de Chile en la dictación de leyes que supuestamente debieran beneficiar al total de la nación y no sólo a unos pocos. No obstante, tampoco es claro que los trabajadores estén exentos de este tipo de vicios. Sus organizaciones también pueden ser presa de comportamientos sin mucha perspectiva país, que dañen el desempeño de la economía nacional y de grandes sectores de la población no afiliados a la organización en cuestión, sea éste un sindicato o una cooperativa.

Llaman la atención dos puntos de esta parte del programa: i) la justificación que se da para la negociación colectiva multi-nivel y ii) los criterios para la inversión de fondos previsionales. En el primer caso, la idea es que una negociación colectiva en distintos niveles permitiría aumentar los salarios y, con ello, la productividad. Esto es bastante raro. Una firma que enfrenta repentinamente costos más elevados, en el mejor de los casos, no sufre alteraciones en su nivel de eficiencia, pero usualmente ésta decrece. Asimismo, en el largo plazo, cuando la firma reajuste sus planes de producción, probablemente elegirá un tamaño más pequeño y/o una sustitución de trabajadores por máquinas. Por otro lado, una negociación en muchos niveles hará el proceso tremendamente más engorroso, afectando sin duda la eficiencia en la operación de la empresa como resultado de la negociación en sí, así como de las disposiciones que se acordaron a un nivel mayor y que no calzan con la realidad específica de la firma.

En el segundo caso, se busca que los fondos previsionales (administrados únicamente por el Estado) deban invertir en empresas con bajo impacto medioambiental, que distribuyan una mayor fracción en salarios y menos en utilidades, y donde exista paridad de salarios y de puestos entre hombres y mujeres. Ésta es una manera muy ineficiente de promover estas prácticas dentro de las compañías. En primer lugar, va en estricto detrimento de la riqueza previsional de los trabajadores. Las firmas que repartan una fracción mayor de las ganancias en salarios serán menos rentables y menos atractivas para todo tipo de inversionista, tanto capitalista como dueño de fondo previsional (i.e., trabajador) y es poco probable que todas las compañías se vayan a ver movidas a repartir más en salarios. Por ello, los trabajadores que no pertenecen a estas compañías o que son independientes pierden sin ambigüedad. En segundo lugar, el impacto ambiental o la equidad de género son temas que pueden ser abordados mediante políticas directas del gobierno central, sin la necesidad de distorsionar la decisión óptima de inversión de la administradora de fondos previsionales.

A modo de conclusión, si hacemos el balance respecto a la solidez de las propuestas de los dos candidatos, a mi juicio Beatriz Sánchez lleva claramente la delantera. Se nota un trabajo más acabado en hacer un diagnóstico lógico y coherente desde una perspectiva de Izquierda acerca de la problemática del bajo crecimiento chileno, lo cual se agradece enormemente sin perjuicio de las debilidades puntuales del argumento. Asimismo, sus medidas están mejor justificadas, abordan el problema en su raíz, el razonamiento económico es más claro, y existe coherencia con la interpretación de la realidad hecha en la introducción, si bien existen algunas importantes excepciones. Alberto Mayol, tal como Beatriz Sánchez, probablemente basa su agenda más en los tópicos relacionados a desigualdad, pero ello no es motivo para dar una aproximación tan superficial a un tema de crucial importancia para el país, sobre todo si lo que se busca es nada menos que la Presidencia.