Señor Director:
El martes se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria 2017 y, junto con ello, hemos vuelto a reflexionar sobre cómo este instrumento perpetúa las brechas sociales existentes, pues más que medir conocimientos adquiridos, en la práctica extrapola las desigualdades de la vida cotidiana al campo de la admisión universitaria, mermando las posibilidades de desarrollar, canalizar y diversificar en plenitud las habilidades y talentos reales de quienes aspiran a la formación profesional.
Y en aquel escenario, a las mujeres nos toca la peor parte, pues si bien este año el 53% de quienes rindieron la PSU fueron mujeres, la Presidenta de la República y los medios de comunicación repararon en que una cantidad mínima de ellas obtienen generalmente puntajes nacionales (nunca más de 30, a diferencia de los más de 100 hombres). Entendiendo que la cifra de puntajes nacionales evidentemente no da cuenta de todas las dimensiones necesarias para generar un análisis complejo en relación a esta prueba, sí nos ilustra cómo nuestra estructura educativa está claramente sesgada en términos de género, pero muchas veces invisibilizada y/o normalizada.
Pero, no es solo la PSU. El problema de las brechas entre hombres y mujeres que vemos año a año en las pruebas estandarizadas, tienen su origen en los cimientos de nuestro sistema educativo, el cual está construido en torno a códigos discriminatorios no sólo según la clase, sino que también en virtud del sexo de las personas, replicando lógicas estereotipadas que se observan en la vida adulta de manera discriminatoria.
De este modo, las políticas educativas, las prácticas pedagógicas, las expectativas docentes respecto de las capacidades de sus estudiantes, la presentación del currículum escolar (tanto el explícito como el oculto), los contenidos y valores presentes en los planes de estudio, el estilo del liderazgo directivo, las normas de convivencia dentro de las comunidades educativas y lo que esperan las familias de sus propios hijos o hijas en esta materia, reflejan la forma en la que como sociedad hemos ido legitimando y perpetuando las diferencias según el sexo y que a lo largo de las trayectorias de vida se convierten en desventajas en el acceso a oportunidades de desarrollo personal y social, toda vez que en la etapa escolar influyen directamente en la confianza y en la autoestima académica de niños y niñas.
En Chile diversas instituciones y organizaciones han trabajado en torno a la visibilización de la desigualdad de género como una realidad existente en nuestro sistema educativo: el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Educación 2020, Comunidad Mujer, la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres y el movimiento feminista, por mencionar algunos. Y en estos años el consenso es claro, hemos avanzado en cobertura, pero el desafío es aún mayor, radica en reflexionar y modificar contenidos, textos ministeriales, prácticas pedagógicas, evaluar por qué niños y niñas enfrentan de manera tan dispar las pruebas estandarizadas, entre otros elementos relevantes que suceden dentro del quehacer educativo y, a su vez, pensar en cómo esas barreras presentes disminuyen las oportunidades de aprendizaje de nuestras estudiantes a lo largo de sus trayectorias escolares. Barreras que pueden visualizarse incluso en las estrategias evaluativas que tradicionalmente utilizan estos exámenes estandarizados y que tienden a favorecer más el rendimiento de los hombres, dada las lógicas simbólicas estructurales del mismo sistema.
Desconocer lo anterior como un hecho real, es invisibilizar las experiencias de vida de la mitad de la población y relegarlas a planos secundarios. Avancemos con convicción hacia una educación justa y de calidad, pero también no sexista.
Nicole Salas
Militante Frente de Género
Revolución Democrática
