domingo, 15 de diciembre de 2019 Actualizado a las 11:11

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Siete preguntas por el Cierre del CREAD de Playa Ancha

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El sábado pasado se dio a conocer la noticia del cierre del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) de Playa Ancha, a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename) en la ciudad de Valparaíso. La decisión, tomada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, afectaría a aproximadamente 80 niños, niñas y adolescentes que tienen entre 6 y 18 años de edad.

El CREAD de Playa Ancha es un centro residencial que ocupa una manzana completa de la ciudad, con capacidad para recibir a 120 niños, niñas y adolescentes. En su interior, cuenta con seis casas de entre 10 y 22 cupos cada una, separadas por sexo y causal de ingreso.

El centro ha sido objeto de variadas denuncias y observaciones. Si bien los informes de las CISC Protección en 2012 y del Poder Judicial en 2016 no constataron problemas sanitarios graves, otras investigaciones sí han detectado serios problemas tanto en la infraestructura, aspecto que fue fuertemente criticado por el Comité de la ONU que visitó el lugar, así como en el personal que se desempeña en el centro, y graves hechos de violencia y violación de Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes.

El Informe de la Cámara de Diputados del año 2012 constató la necesidad urgente de mejorar la cantidad de profesionales a cargo de las múltiples tareas de intervención, disminuido por el alto número de licencias, rotación laboral y sumarios en curso, necesidad que se acrecienta en períodos de vacaciones. Otro elemento crítico y que da cuenta el Informe Técnico N°1 de la Fundación para la Confianza, se refiere a que 55 de 57 educadores de trato directo se desempeñaban en el escalafón administrativo, teniendo el 61% de ellos sólo educación media completa, lo que es poco entendible dada la complejidad de las funciones desempeñadas por los educadores.

A priori, el cierre del centro parece ser una medida necesaria, pero si no se realiza en un proceso bien pensado y coordinado resulta una decisión irresponsable.

En materia de violencia, el centro tenía 18 funcionarios suspendidos por denuncia de maltrato en 2017, lo que significa un 11% del total. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) constató la existencia de violaciones de derechos en 25 niños y niñas, razón por la cual  interpuso una querella por torturas y un recurso de protección, el que fue acogido por la Corte tras acreditarse la existencia de hechos de maltrato físico, psíquico y descuidos graves. Por su parte, la Fundación para la Confianza también interpuso una querella criminal en contra el Centro por las razones expuestas.

A priori, el cierre del centro parece ser una medida necesaria, pero si no se realiza en un proceso bien pensado y coordinado resulta una decisión irresponsable.

Sin duda, el tipo de centros que representa el CREAD de Playa Ancha refleja un modelo de cuidado e institucionalización altamente iatrogénico, en donde las decisiones tomadas con la promesa de proteger y restituir derechos, terminan siendo más perjudiciales y dañinas para los niños. Un centro con alta cantidad de niños y adolescentes, de amplio tamaño físico, con una infraestructura que busca el encierro, con alta rotación de personal y sin formación suficiente, sin duda afecta negativamente a los niños, niñas y adolescentes a su cargo.

Lo anterior, vulnera las disposiciones internacionales del Comité Interamericano de Derecho Humanos (CIDH) y las Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2010, que estipulan el deber de contar con espacios de acogida pequeños, organizados en torno a los derechos y con entornos lo más semejantes a condiciones de vida familiar.

En Chile, el Hogar de Cristo en su investigación “Del Dicho al Derecho” constató -en base a una revisión exhaustiva de evidencia internacional- la necesidad, para jóvenes mayores de 12 años, de tener residencias de máximo 10 personas. Tesis similares han suscrito estudios del Consejo Nacional de la Infancia y el reglamento que está preparando el Ministerio de Salud para estos centros que se filtró recientemente.

Aun así, el anuncio genera varias preguntas de forma que deben ser respondidas por las autoridades antes de concretar esta decisión. Se ha hecho evidente que la medida no ha tenido la debida coordinación entre el Ministerio de Justicia, SENAME y el personal que se desempeña en el Centro. Por otro lado, lo más seguro es que el proceso no ha recibido la opinión de los propios niños, niñas y adolescentes. Frente a toda esta situación, cabe ser enfáticos en que el cierre de éste y otros centros debe ir acompañado, imperiosamente, por alternativas factibles en la oferta programática a nivel ambulatorio y residencial, las que permitan tomar decisiones respetuosas de los niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, el cierre del CREAD de Playa Ancha genera más dudas que certezas. Es por ello que Fundación para la Confianza formula las siguientes siete preguntas al respecto:

I. ¿Cuáles serán las alternativas programáticas para sustituir la necesidad del uso de la oferta que ofrece el CREAD Playa Ancha?

Alrededor de la mitad de los niños, niñas y adolescentes del CREAD Playa Ancha ingresa directamente, muchas veces asumiendo la función que tiene de “Centro de Tránsito y Diagnóstico”, lo que se ha acrecentado por la falta de alternativas. Las carencias en la oferta programática a nivel ambulatorio, de cuidado alternativo familiar y del propio sistema residencial, hacen preguntarse si el no contar con el centro sólo acrecentará el problema, con diversas consecuencias en la pertinencia y oportunidad en la determinación de medidas.

II. ¿Cuáles son los programas que acogerán a los niños y niñas que se encuentran en el CREAD de Playa Ancha?

Alrededor de 80 niños, niñas y adolescentes residen en el CREAD de Playa Ancha. La mayoría tiene entre 13 y 18 años, aunque cerca de un tercio está entre los 8 y 12 años.  Estos niños, niñas y adolescentes han permanecido en el centro cerca de un año, y poco más del 33% más de uno. Cada niño requiere de una respuesta a la medida, pues sus situaciones dependerán de su situación particular (familiar, edad, educación, salud). Muchos niños, niñas y adolescentes permanecen en las residencias debido a que no hay disponibles programas adecuados, lo que en la actualidad se acrecienta por el mayor desinterés de los Organismos Colaboradores en participar en programas para residencias.

III. ¿Cuál es el costo económico del cierre del CREAD de Playa Ancha y cómo se reasignarán los recursos?

El cierre del CREAD de Playa Ancha conlleva la necesidad de aumentar la disponibilidad de oferta programática las cuales permitan tener mayores alternativas de intervención de los niños, niñas y adolescentes; tanto a nivel ambulatorio, de acogimiento familiar y residencial. Esto conlleva la destinación de recursos que permitan financiar estos elementos. Por otro lado, el cierre permite también contar con los recursos que actualmente se destinan en el CREAD de Playa Ancha, ¿Cómo se redestinarán estos recursos? Cabe preguntarse además, si el anuncio realizado tiene sustento financiero en base a la Ley de Presupuestos actual o cómo se considera realizarlo en el tiempo.

 IV. ¿Cómo se dará continuidad a los procesos de intervención de los niños, niñas y adolescentes y qué organismo se encargará de cautelar que se cumplan los objetivos de intervención iniciales?

Un proceso de modificación de la oferta programática existente, implica que los niños y niñas se vean directamente afectados en la continuidad de las intervenciones educativas o de salud, entre otras, las cuales tenían como coordinador principal al CREAD.  Los cambios de actores conllevan desajustes en la gestión de casos y de redes por lo que se deben diseñar buenos procesos de transferencia técnica y coordinación entre los equipos. Por otro lado, también es necesario considerar que el papel que cumplen los cuidadores es significativo para muchos niños y niñas, aspecto tiene que ser coordinado con esmero. Cabe destacar que en el cierre de otras residencias se ha carecido de información posterior sobre qué ha sucedido con los niños, desconociéndose si la clausura mejoró o no la condición de vida de éstos. En este mismo sentido, cabe preguntarse -además- si los niños, niñas y adolescentes hoy atendidos en el centro, y en cuyos casos donde el acogimiento residencial siga siendo una medida necesaria, permanecerán en la región o en la ciudad y sí la oferta disponible permitirá aquello.

V. ¿Qué condiciones y estándares tendrán los Centros Residenciales que atenderían a los niños y niñas de la región y a los que hoy son atendidos por el CREAD de Playa Ancha?

La lógica indica que la decisión del cierre del Centro implica paralelamente que la oferta residencial que la sustituya y que atienda a los niños, niñas y adolescentes - y eventualmente a los que hoy son atendidos en el CREAD Playa Ancha - responda entonces a los estándares que deben exigirse para este tipo de Centros. En este sentido, cabe preguntarse cuál es el nivel de coordinación entre estas medidas con las necesidades de reconversión de los Centros Residenciales. Al respecto cabe agregar que la filtración del Borrador del Reglamento de MINSAL de los Centros da cuenta de requerimientos elementales que por sí solos implican profundos cambios en la oferta. Un estándar de doce plazas máximo implica una importante reconfiguración de un sistema que tiene residencias alrededor de 40 plazas como promedio nacional, el cual necesita si o si acompañarse por cambios en las dimensiones y formas de financiamiento. Sin embargo, no se ha conocido si este borrador será dado a conocer en consulta pública o si será aprobado o no. Lo mínimo debiese ser que este reglamento permita el aporte de la sociedad civil y la academia a su contenido, y que se acompañe por planes de reconversión y transición debidamente coordinados y financieramente sustentables.

VI. ¿Cuáles serán los plazos y tiempos para implementar esta medida?

Los puntos anteriores hacen preguntarse también sobre los plazos y tiempos que están proyectados para la implementación de esta medida. Dada su complejidad, se requieren otras acciones presupuestarias y de coordinación que aseguren tomar decisiones responsables. Además, los niños y adolescentes que residen en el Centro muchas veces tienen lazos de amistad, que son importantes de respetar y considerar en el proceso ¿Se va a considera este aspecto?

VII. ¿Qué acciones se realizarán con los funcionarios del Centro?

Alrededor de 160 personas se desempeñan laboralmente en el CREAD de Playa Ancha. Cabe preguntarse cuáles serán las medidas que se tomarán con respecto a ellos, si se resguardarán los derechos laborales y si se realizará un proceso coordinado entre el Servicio y éstos. Además, cabe preguntar qué pasará con los funcionarios que actualmente están sumariados por causas de violación de Derechos Humanos y cómo continuarán estos procesos dentro del contexto de la administración estatal.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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