El pasado 18 de enero se aprobó en segundo trámite constitucional el Informe de la Comisión de Agricultura del Senado recaído en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, instancia en que se desaprovechó la oportunidad de haber hecho una real contribución a la descentralización del país, por la vía de fijar la sede del dicho servicio en una ciudad distinta a Santiago. Es de esperar que en lo que queda de tramitación legislativa los parlamentarios reflexionen sobre el punto.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF) es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, creada allá por 1970 como Corporación de Reforestación por iniciativa del Servicio Agrícola y Ganadero y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, organismos públicos dependientes también del Ministerio de Agricultura. En 1972 esta corporación adoptó la denominación actual producto de una reforma a sus estatutos, donde se incorporó, además, a la CORFO y a la ex Corporación de la Reforma Agraria (CORA). Su objetivo central es, entre otros, “contribuir a la conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país”.
Más allá de que algunas de sus tareas las desempeña de manera razonablemente eficiente, desde sus inicios la CONAF ha sido una anomalía jurídica e institucional que ha causado controversia en el ámbito de la Administración del Estado, precisamente por tratarse de una corporación de derecho privado a la cual sucesivamente se le ha entregado el ejercicio de potestades públicas en el ámbito de los recursos forestales. De ahí que a lo largo de los años ha habido varios intentos legislativos por transformar esta corporación de derecho privado en un servicio público creado por ley. El intento más serio se produjo en 1984 -¡hace 33 años!- con la publicación de la Ley N° 18.348 que creaba la “Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Renovables”, como una institución autónoma del Estado. Sin embargo, dicha Ley no llegó a entrar en vigencia al no dictarse el decreto supremo a través del cual debía disolverse la CONAF privada, condición necesaria para la plena vigencia de la ley.
[cita tipo=»destaque»]En un país en que uno de los graves problemas que lo afecta es su patológico centralismo, es válido formularse algunas interrogantes: ¿Es estrictamente necesario que el domicilio de la dirección nacional del servicio forestal que se viene creando tenga que estar en la ciudad de Santiago? ¿Es acaso la región metropolitana de Santiago el centro de la actividad forestal del país?[/cita]
Hace una década, con ocasión del control de constitucionalidad de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal (N° 20.283) el Tribunal Constitucional no perdió la oportunidad de consignar en su fallo que “esta Magistratura hace presente a los Poderes Colegisladores la inconveniencia de la mantención de situaciones constitucionalmente anómalas como las aludidas y, especialmente en el presente caso, exhorta a S.E. la Presidenta de la República para que regularice la naturaleza jurídica de la CONAF, procediendo a la dictación del Decreto Supremo a que se refiere….la Ley Nº 18.348, publicada el año 1984, o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado.”. Una década después de la sentencia del Tribunal Constitucional, la autoridad interpelada no ha cumplido el mandato del TC, la anomalía jurídica e institucional permanece vigente y la corporación de derecho privado sigue ejerciendo potestades públicas.
El último intento por subsanar la naturaleza jurídica de la CONAF, gatillado probablemente por los graves incendios forestales que devastaron la zona central del país durante el pasado verano, tuvo lugar el pasado mes de abril con el ingreso a la Cámara de Diputados de un proyecto de ley (Boletín 11175) que crea el Servicio Nacional Forestal, al que se le otorga la naturaleza jurídica de servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. A reglón seguido, en lo que ya constituye un automatismo legislativo cada vez que se crea un nuevo órgano público, el texto del proyecto establece que “El domicilio del Servicio será la ciudad de Santiago”, con lo cual se está refiriendo desde luego a su Dirección Nacional.
En un país en que uno de los graves problemas que lo afecta es su patológico centralismo, es válido formularse algunas interrogantes: ¿Es estrictamente necesario que el domicilio de la dirección nacional del servicio forestal que se viene creando tenga que estar en la ciudad de Santiago? ¿Es acaso la región metropolitana de Santiago el centro de la actividad forestal del país? Si la actividad forestal se desarrolla principalmente entre el Maule y Los Ríos, ¿no es acaso esta una magnífica oportunidad para que la autoridad haga una contribución efectiva a la descentralización del país y tome la decisión política-legislativa de establecer la sede de la dirección nacional del servicio forestal en Concepción, o en Temuco, o en Valdivia? ¿Hasta cuándo seguiremos escuchando discursos en favor de la descentralización mientras al mismo tiempo se toman decisiones políticas que desmienten la sinceridad de dichos discursos?
A este respecto sería conveniente que los poderes colegisladores se dieran el trabajo de revisar la experiencia del Instituto Antártico de Chile. El INACH, organismo público que tiene por misión cumplir con la política antártica nacional, funcionó desde su creación en 1963 en la ciudad de Santiago, hasta que el año 2003, en lo que constituyó una decisión geopolítica de gran proyección para el país, se tomó la inteligente decisión de trasladar su dirección nacional a la ciudad de Punta Arenas. La instalación del INACH en Punta Arenas ha tenido un significativo impacto económico, académico, científico, turístico y cultural para la ciudad austral, que le ha permitido transformarse en una puerta de entrada hacia la Antártica para centenares de científicos y operadores antárticos de decenas de países. Durante el presente año se inició el proceso de construcción del Centro Antártico Internacional (CAI), con una inversión de 46 millones de dólares (cifra similar a la que se pretende despilfarrar en ese saco sin fondo llamado TVN), que albergará a medio millar de científicos de una treintena de países. El CAI, que se espera esté operativo en 2022, se levantará sobre un terreno de 2,3 hectáreas en las afueras de la ciudad de Punta Arenas, frente al Estrecho de Magallanes, y ciertamente potenciará aún más a esa ciudad austral como el centro logístico más relevante en la zona occidental de la Antártica. Probablemente nada de esto hubiese ocurrido si por flojera mental o indecisión política, o ambas, el INACH hubiera seguido funcionando por inercia en la elegante avenida Luis Thayer Ojeda de la comuna de Providencia.
La Unión Europea, esa comunidad de naciones desarrolladas que con frecuencia nos gusta utilizar como espejo, hace ya varios años elaboró una directriz que establece que cada vez que se cree un organismo comunitario, cualquier ciudad europea (no países) podrá postular para ser la sede de dicho nuevo organismo, para lo cual tiene que competir y poner sobre la mesa las ventajas, atractivos o beneficios que la hacen elegible. En el fundamento de esta directriz hay varias razones, pero de manera especial subyace un principio de equidad territorial. De este modo, se evita que Bruselas y Ginebra sigan monopolizando la instalación de los organismos comunitarios e internacionales, lo que ha venido a permitir, por ejemplo, que desde 2002 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria funcione en Parma (postularon, además, Barcelona, Atenas y Helsinki), y hoy varias ciudades postulan para ser la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento, que prontamente tendrá que abandonar la capital británica como consecuencia del Brexit.
¿Alguno de los parlamentarios de las zonas forestales del país habrá pensado en esto?
