Opinión
Tras todos estos esfuerzos es válido preguntarse: ¿cómo se ha llegado a este punto? La respuesta es una combinación de factores externos pero también algunas heridas autoinfligidas por las autoridades en una economía que, pese a sus avances, sigue siendo débil.
Argentina en unos pocos días pasó de estar encumbrada en lo alto de los mercados financieros a tener que volver a experimentar una de las peores pesadillas para algunos argentinos, como es recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) por ayuda financiera. Esta decisión tiene un alto costo político, por ende, muestra la innegable determinación que tiene el Gobierno de ganar la batalla de la “normalización económica”.
La llegada a la Presidencia de Mauricio Macri, en el 2015, abrió grandes expectativas dentro y fuera de Argentina. Su Gobierno ha tenido que sortear una situación extremadamente complicada en sus inicios, con un mercado cambiario fragmentado y un tipo de cambio artificial, distorsiones en precios públicos y un gran desorden fiscal en las provincias y el Gobierno Central.
En lo financiero, tras una década de aislamiento impuesto por los gobiernos peronistas, Argentina salió del aislamiento económico internacional y tuvo la venia de los inversionistas que parecían más enfocados en el rendimiento de los activos que en las debilidades que aún persistían en su economía. Así fue el país emergente que más deuda emitió en los últimos dos años y medio, con emisiones que totalizaron los US$75.307 millones.
Entonces, y tras todos estos esfuerzos, es válido preguntarse: ¿cómo se ha llegado a este punto? La respuesta es una combinación de factores externos, pero también algunas heridas autoinfligidas por las autoridades en una economía que, pese a sus avances, sigue siendo débil.
El detonante de esta crisis pudo ser el cambio de las metas de inflación comunicado al mercado en diciembre del año pasado, donde se modificaron las estimaciones de inflación para el 2018 desde un rango entre 8%-12% a un 15%, para el 2019 se pasó desde un 5% a un 10% y, para el 2021 se pretende alcanzar un 5%. Esto significó reconocer que la inflación será más alta (hoy la inflación oscila en un 25%), pero al mismo tiempo lo más ortodoxos vieron en este acto una intervención del gobierno en la independencia del Banco Central y también una dura evidencia de que no sería sencillo controlar la inercia inflacionaria que mantiene el país.
El segundo tropezón se produjo tras la decisión del Banco Central de salir a intervenir decididamente el mercado cambiario en un contexto en que el mundo estaba preocupado por el alza de las tasas de interés, la tasa del tesoro americano en Estados Unidos se empinaba en un 3% y el precio del petróleo escalaba por los US$70 el barril. Por ende, el dólar se apreciaba a nivel global y las monedas latinoamericanas experimentaron fuertes depreciaciones. Así la intervención del Central fue literalmente “tratar de tapar el sol con un dedo”. Al mismo tiempo se colocó un impuesto a las LEBAC (Letras del Banco Central) para los tenedores extranjeros, donde el ente emisor buscó por algún momento defender un tipo de cambio y terminó “dándole una salida barata” a estos inversionistas.
Entonces, cuando ya no había intervención que funcionase, el Banco Central eleva las tasas pasando en pocos días desde un 27,25% a un 40%. Son 1.275 puntos básicos que ponen arriba de la mesa el desafío que tiene Argentina por delante, que es una gran dependencia del financiamiento externo para pagar el déficit fiscal y el nerviosismo de una población acostumbrada a ver en la depreciación de su moneda una crisis inminente.
Al final el Gobierno de Macri, al recurrir al FMI, ha optado por una solución técnicamente acertada y que puede devolverles la confianza a los inversionistas. No obstante, la tarea que hay por delante sigue siendo crítica y el rumbo reformista no se puede parar. Todos queremos creer que esta vez sí será diferente para nuestros vecinos por el potencial económico, político y financiero que tiene este gigante latinoamericano. El gobierno trasandino ha probado ser merecedor de un voto de confianza en su lucha en pos de la normalización económica.
