Opinión
No es sorprendente que el actual ministro de Desarrollo Social, máximo dirigente del gremio empresarial más pode
Iroso del país antes de asumir en esta cartera, crea que la mejor explicación para analizar los resultados y asumir los retos de la CASEN 2017 sea el crecimiento económico. Pero lo que sí sorprende es que se haya prestado para encabezar una torpe politización de la presentación de la CASEN 2017 que termina por restarle méritos a su postura.
El día de la presentación de los primeros resultados sobre pobreza y distribución del ingreso de la CASEN 2017, el ministro Moreno exhibió ante todos los medios de comunicación un PowerPoint resumido selectivamente que limitó la posibilidad de comprensión y explicación de los resultados y que contenía, además, una lámina de gráficos de distribución del ingreso cuya distorsionada escala inducía premeditadamente a error (lámina 25 del PowerPoint original que -afortunadamente para la confiabilidad del instrumento CASEN- desapareció de la publicación del PowerPoint completo que el ministerio publicó muchas horas después). Si en alguna de las empresas en las cuales ha sido director Alfredo Moreno su gerente de finanzas le hubiera entregado al directorio esas gráficas acompañando las cifras de desempeño económico de dicha empresa, con toda seguridad hubiera sido despedido por alarmista e inepto.
Y para peor, según consigna días después el cuerpo de reportajes dominical de La Tercera, desde el Ministerio de Desarrollo Social se distribuyeron minutas al oficialismo con una serie de “ideas fuerza” asociando los resultados de la CASEN con el fracaso del gobierno de Bachelet, recomendando denostar las reformas estructurales del gobierno saliente y levantando alternativamente una agenda procrecimiento. Justo el mismo día en que, horas más tarde, el gobierno anunciaría su propuesta de reforma tributaria que revisa elementos esenciales de la legislación tributaria del gobierno de Bachelet y cuya progresividad recién estará en pleno régimen durante 2018.
[cita tipo=»destaque»]Ha habido y existen mecanismos correctores como son las transferencias monetarias, los subsidios que el Estado pone a disposición de quienes tienen menos ingresos propios. Y sin duda, estas transferencias aminoran las desigualdades que se producen por los ingresos del trabajo: si el Gini de los ingresos del trabajo en 2017 es de 0.501, el Gini del total de los ingresos monetarios (que incluyen las transferencias además de los ingresos propios de los hogares) es de 0.488. Existe entonces una diferencia entre ambos Gini cuando interviene el papel distributivo del Estado, pero aun así la brecha sigue siendo alta según cualquier estándar internacional y mayor que varios otros países latinoamericanos.[/cita]
Debemos cuidar la CASEN y dejar de usarla como parte de una trinchera política que deja afuera, precisamente, lo único que debiera importarnos: cómo apoyar la superación de la pobreza de millares de hogares y como abordar decisivamente nuestras desigualdades.
A pesar de quienes auguraban malos resultados en la pobreza nacional a partir del mediocre crecimiento del país en el período de realización de la encuesta CASEN 2017 los resultados han mostrado que se desafió el bajo crecimiento y que muchos hogares y personas superaron su situación de pobreza monetaria. Y de manera significativa, porque la reducción de la pobreza de ingresos es de tres puntos porcentuales en 2017 respecto de la medición anterior.
No podemos ignorar, cosa que los anuncios oficialistas han omitido desoyendo las movilizaciones por la igualdad de género, que una vez más esta CASEN nos demuestra que la pobreza, si bien ha decrecido, sigue castigando a las mujeres (se mantiene una brecha de pobreza entre hombres y mujeres) y a niños, niñas y adolescentes (grupo etario que mayormente concentra la pobreza).
Preocupante que estas evidencias no sean leídas por el Gobierno y el oficialismo como un reto mucho más complejo que el simplismo con el que suelen responder: hay que crecer, han dicho y repiten.
Por cierto, hay que asumir el reto del crecimiento, pero creer que esa es la varita mágica para resolver pobreza es parte de las limitaciones de las respuestas. Siguiendo la trayectoria de la larga serie de encuestas CASEN que se realizan desde fines de los ochenta se ha evidenciado, como lo hacen los actuales resultados de la CASEN, que no existe una relación automática ni lineal entre crecimiento y superación de la pobreza.
La pobreza de ingresos tiene respuestas efectivas cuando se combina crecimiento con el rol redistributivo del Estado, como lo demuestra el papel que juegan los subsidios monetarios en los hogares de menores ingresos, en ésta y anteriores CASEN. Pero ni aun así basta. Porque lo que ocurre con las mujeres y la infancia requiere políticas específicas para romper las barreras de discriminación que todavía segregan a un segundo plano los derechos de las mujeres y de una niñez que sigue sin tener una legislación de garantía de derechos, que no sólo priorice derechos esenciales sino que obligue al Estado a poner el máximo de recursos fiscales para su efectivo ejercicio.
Una de las grandes contribuciones de estas nuevas dimensiones no monetarias de medición de pobreza que evalúa accesos a derechos sociales (salud, educación y vivienda) y laborales (empleo y seguridad social) es el foco que pone en las distintas dimensiones de la inclusión social.
Esta medición corresponde a una cierta visión del bienestar social que rompe la tradicional respuesta conservadora de derecha de concentrar sus preocupaciones en el crecimiento con asistencialismo focalizado y, alternativamente, pone el acento en un desarrollo inclusivo fundado en la universalización de derechos sociales y laborales.
Por eso la lectura que hay que hacer de los datos de pobreza multidimensional es cómo se avanza en el ejercicio de esos derechos que van paralelos a la tradicional medición de ingresos que se limitan a satisfacer una canasta básica de necesidades.
El primer dato de realidad es que la pobreza de derechos sociales y laborales está estancada en 2017, sin diferencias significativas en relación al 2015, año que había mostrado reducciones en la pobreza multidimensional respecto de mediciones anteriores. Pero más importante que la evidencia de este estancamiento es que la pobreza de derechos sociales y laborales es considerablemente mayor que la pobreza de ingresos de los hogares, lo que demuestra que con tales ingresos las familias no pueden satisfacer adecuadamente sus derechos. Expresado en cifras: así como hay un millón y medio de personas bajo la línea de pobreza por ingresos, en materia de pobreza de derechos hay más de tres millones y medio de ciudadanos (20.7% de la población nacional).
Esta sola evidencia debiera alertarnos para hacer del debate de las políticas sociales y laborales una prioridad indiscutible y con fundamento a garantizar el ejercicio de derechos esenciales. Sobre todo en la dimensión que más resistencia despierta en la derecha, en la gratuidad universal y en la dimensión del trabajo y de la seguridad social.
En las sucesivas CASEN nos hemos felicitado como país por estar reduciendo constantemente la pobreza, aún en períodos de crecimiento débil. Sin embargo, con la misma persistencia subsiste una desigualdad en la distribución de los ingresos. Esta es una pelea que hasta ahora nos ha sido adversa y las leves y ocasionales correcciones en las brechas distributivas han sido sólo eso, leves y poco relevantes reducciones en las brechas distributivas en los ingresos del trabajo, compensadas parcialmente con las transferencias monetarias a los hogares de menores ingresos.
Quien quiera hacer de esta CASEN una trinchera para denunciar un aumento de las desigualdades, como quien en el pasado haya sobrevalorado la reducción de dichas desigualdades, estará haciendo una lectura sesgada e interesada de las cifras.
El seguimiento de las distintas mediciones de brechas de ingresos, sea por el coeficiente Gini, sea por al análisis de las distancias de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, o entre el 20% de mayores ingresos y el 20% de menores ingresos, o sea finalmente la distancia entre el 10% de mayores ingresos y el 40% de ingresos más bajos, revelará lo mismo: salvo leves y ocasionales variaciones a lo largo de todas las mediciones de la CASEN, las distancias siguen siendo enormes. Estamos entre los 8 países de América Latina con mayores desigualdades distributivas, en la región más desigual del planeta.
Con un coeficiente de Gini que en la distribución del ingreso del trabajo nos pone en 2017 en el valor 0.501 (en 2015 era 0.493 diferencia estadísticamente no significativa con 2017) estamos muy lejos de los países OCDE.
Y para que se entienda mejor el significado de estas brechas en la distribución de los ingresos del trabajo de los y las trabajadores del país baste analizar otras formas de medición que también utiliza la CASEN: una distancia de ingresos del trabajo en que el 10% de los más altos es 39.1 veces mayor al ingreso del trabajo del 10% de menores ingresos en 2017. En efecto, brecha más alta que la existente en 2015 pero que era igualmente escandalosa con 33.9 veces de distancia, o con 2009 que fue de 44.6 veces.
De eso tratan las brechas de los ingresos en nuestro país, de estos órdenes de magnitud es la persistente desigualdad distributiva.
Ha habido y existen mecanismos correctores como son las transferencias monetarias, los subsidios que el Estado pone a disposición de quienes tienen menos ingresos propios. Y sin duda, estas transferencias aminoran las desigualdades que se producen por los ingresos del trabajo: si el Gini de los ingresos del trabajo en 2017 es de 0.501, el Gini del total de los ingresos monetarios (que incluyen las transferencias además de los ingresos propios de los hogares) es de 0.488. Existe entonces una diferencia entre ambos Gini cuando interviene el papel distributivo del Estado, pero aun así la brecha sigue siendo alta según cualquier estándar internacional y mayor que varios otros países latinoamericanos.
Si la diferencia de los ingresos del trabajo entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 39 veces, al agregar las transferencias monetarias del Estado a los ingresos propios de los hogares la distancia se reduce a 17 veces. Significativo impacto del rol redistributivo del Estado pero todavía distante de las brechas tolerables de países OCDE y de algunos vecinos en nuestra región.
Que esta situación sea sostenida en el tiempo, como lo revela la larga serie de mediciones de distribución del ingreso de la CASEN desde los noventa, habla de fenómenos estructurales que no se pueden explicar de manera simplista en tasas de crecimiento y que medidas paliativas no pueden alterar significativamente. Esa es la única lectura seria que puede hacerse en esta CASEN 2017 que, una vez más, nos reitera la gran deuda que tenemos como sociedad con la profunda desigualdad existente y su expresión más nítida en la muy mala distribución de los ingresos del trabajo.
Sin duda cambios profundos en el acceso universal a la educación y avances en la calidad de ésta para todos y todas los estudiantes tendrá efectos en el mediano plazo en la desigualdad distributiva. Pero la desigualdad de las generaciones que ya no fueron beneficiadas con la educación y que hoy y mañana no son ni serán las beneficiadas de todavía inconclusas y pendientes reformas del sistema educacional, también merecen una respuesta.
En el actual gobierno todo apunta a desentenderse de estas evidencias que revelan sistemáticamente las sucesivas CASEN y ello fue reafirmado por la presentación del actual ministro de Desarrollo Social explicando esta compleja realidad en la sola variable crecimiento, en sintonía con el discurso presidencial.
Tenemos una primera señal en la insuficiente respuesta a las exigencias de un salario mínimo que al menos debiera acercarse a superar la línea de pobreza, así como una propuesta gubernamental para incentivar el trabajo juvenil que lo amenaza de mayor precarización.
Por otra parte, la contra-reforma tributaria en marcha anunciada por el gobierno a pocas horas de haberse presentado la CASEN es una respuesta contraria a las lecciones que nos dejan estos datos, pues es probable que pueda afectar negativamente la recaudación y con ello disminuir la capacidad redistributiva del Estado, pero sobre todo que revierta el impacto progresivo de la reforma tributaria aprobada en el gobierno de Bachelet.
Y nubarrones negros amenazan a los trabajadores y a sus posibilidades de negociar colectivamente sus ingresos, a los trabajadores informales, a las mujeres discriminadas en el acceso a los trabajos y en la equidad de sus ingresos con los trabajadores hombres, así como a una reforma previsional que le pueda asegurar a los pensionados de hoy y a quienes están próximos a jubilar un cambio en sus precarios ingresos actuales, más allá de la incierta promesa de mejorar las pensiones de quienes recién ahora entrarán al mundo laboral y se jubilarán en 30 o 40 años más.
