Señor Director:
Veo con preocupación el surgimiento de una retórica particularmente nociva para el Estado de Derecho. Es aquella que cuestiona de forma imprudente la existencia de servicios públicos cuya misión sea la defensa de las garantías constitucionales, tales como la Defensoría Penal Pública, el INDH y los jueces que integran el Poder Judicial.
Según la DPP, tan solo en la Región Metropolitana, anualmente más de mil personas inocentes son imputadas y privadas de libertad. Todo esto implica un tremendo perjuicio para las vidas de estas personas y sus familias, y demuestra que se hace más importante que nunca entender la labor de los defensores. Más aún a la luz de los casos en el que las policías no se han comportado según el estándar ético correspondiente, y sabiendo que la gente más vulnerable puede con facilidad ser objeto de abuso.
Es falaz criticar que la existencia de la Defensoría nos priva de recursos que podrían ser dirigidos a mejores causas que la defensa de supuestos delincuentes, si consideramos que en el último presupuesto, este organismo representó solamente el 0,12% del gasto público, y que solo están eximidos de pagar la defensa aquellos que no cuenten con los medios para hacerlo. Por otro lado, si lo que se desea es terminar con la sensación de impunidad, lo sensato sería modernizar el sistema de las policías y la Fiscalía, tal como fue propuesto en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública del actual Gobierno.
Jamás hay que olvidar que el “garantismo” no es patrimonio de ningún color político, sino que es una convicción básica de las sociedades que valoran la dignidad humana frente al Estado. Creo con firmeza que la promoción del Estado de Derecho es una tarea que nos involucra a todos y, en especial, supone un deber ineludible para nuestras autoridades: el de tratar con respeto a aquellas instituciones que son garantía de libertad.
Patricio Sainz Reyes
Estudiante de Derecho Universidad de Chile
