Opinión
Hace algunos días el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo entregó los resultados del Catastro Nacional de Campamentos 2018, el que reveló la existencia de 822 campamentos a nivel nacional, con un total de 46.423 hogares. Se trata de un aumento neto de 165 asentamientos en comparación al anterior registro, de 2011.
Hace 20 años, el Presidente Frei creó el Programa Chile Barrio, para resolver la situación de los asentamientos precarios existentes a esa fecha. El catastro de dichos asentamientos reveló que entonces, en campamentos y asentamientos irregulares en que vivieran al menos veinte familias, éstas eran cerca de 110 mil. Al término del gobierno del Presidente Lagos, en marzo del 2006, la casi totalidad de estas familias había accedido a una vivienda y situación de urbanización, tal como el Programa lo planteaba.
El programa Chile Barrio fue exitoso por diversas razones. Primero porque tuvo la flexibilidad necesaria para llevar adelante su tarea. Sin generar una estructura burocrática coordinaba diversos servicios y tenía una gestión descentralizada. En su directorio participaban los Ministros de Vivienda y Urbanismo y de MIDEPLAN, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, el Director de Presupuestos, la Directora de Integra, y los jefes de servicio de FOSIS y SENCE, lo que daba una capacidad de abordar integralmente la tarea. En el territorio trabajaban los Profesionales al Servicio del Barrio, coordinados por los alcaldes correspondientes y que tenían la tarea de apoyar la solución al conjunto de familias que integraban una comunidad habitacional precaria incluida en el catastro, que se había realizado en conjunto por los municipios y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
En segundo lugar, porque contó con el respaldo político del gobierno en toda su plenitud, desde los Presidentes de la República, pasando por sus ministros dependientes, jefes de servicios y los alcaldes, que no necesariamente eran del mismo signo político del gobierno. Esto se reflejó en la asignación de recursos, en la reorganización de la gestión de subsidios del MINVU y en múltiples aspectos organizativos. Con un equipo central muy reducido, el compromiso de los servicios, Intendentes y alcaldes, disponibles a asignar sus propios recursos humanos y financieros al éxito del Programa, resultó fundamental.
Por último, pero no en importancia, el compromiso de los propios pobladores, su capacidad de organización y su voluntad de superar la situación difícil en que se encontraban. Esto fue especialmente importante en los casos, alrededor de un tercio, en que debió erradicárseles a otros terrenos, dada la imposibilidad de radicarlos en el lugar de la toma por razones de urbanización.
La experiencia de Chile Barrio debiera ser considerada para abordar la situación de los más de 800 asentamientos precarios y campamentos que registra el catastro de 2018.
Es relevante señalar que, a partir de la experiencia de Chile Barrio o considerando esa experiencia en conjunto con otras, se materializaron cambios importantes en las políticas de vivienda para personas en situación de vulnerabilidad habitacional. Ejemplos de ello son la vivienda social dinámica sin deuda, cuyo premiado caso en la antigua Villa Monroy en Iquique fue la primera solución de este tipo; el Programa Barrios y Quiero mi Barrio; y los programas basados en la adquisición colectiva de terrenos.
No obstante lo participativo del programa, la mayor innovación de Chile Barrio fue la intersectorialidad entre entidades estatales, que permitió mejorar la asignación de recursos y las soluciones que se entregaron a las comunidades participantes. Esto debiera considerarse en un Chile Barrio 2.0.
Lo que se hizo bien en el pasado debe ser aprendizaje para hacerlo bien ahora.
Mas, es necesario conocer las causas por las que, aún hoy, con un país mucho más rico, con programas intensivos de vivienda y acceso a la vivienda, hay gente que vive en campamentos. Sin duda, hay un problema de distribución de recursos, que hace que no todo el mundo tenga acceso a créditos, pero ellos debieran tener acceso a subsidios, y algo ocurre con los subsidios, que en muchos casos no alcanzan a cubrir los costos asociados al valor del suelo. Entonces, hay falla de la política urbana.
Estudios sobre los motivos para vivir en campamentos, entre las familias consideradas en el Programa Chile Barrio, revelaron entonces tres causales principales. La mayoría estaba allí por no tener alternativa económica, podríamos llamarles los habitantes permanentes de los campamentos, que existirán mientras no se resuelvan los problemas de distribución y políticas de asentamientos urbanos. Un segundo grupo lo constituían familias que se instalaban transitoriamente en campamentos con el objetivo de mejorar las condiciones de postulación a las viviendas sociales. Los cambios en las políticas debieran haber reducido estos integrantes.
Por último, estaban los migrantes, entonces provenientes del campo a la ciudad o de localidades periféricas a los centros urbanos, instalados transitoriamente mientras su situación económica se resolvía. Las cifras regionales entregadas recientemente reflejarían un incremento en este tipo de familias habitantes de los campamentos, seguramente serán, ahora, migrantes provenientes de otras tierras de América.
Debemos tener mejor información sobre estas realidades, pero cualquier programa que quiera resolver en su origen el tema de los campamentos deberá tener como base tanto la política social, como la urbana. Los campamentos son construcción viva, biológica, de las ciudades, y las políticas urbanas son las que pueden atender esa creación de ciudad.
Un necesario Chile Barrio 2.0 debe construirse a partir de ello.
