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¿Qué hacer con las condiciones carcelarias?

por 16 abril, 2019

¿Qué hacer con las condiciones carcelarias?

Crédito: Agencia UNO

Lo que llamamos “sistema” penitenciario son una serie de entidades estatales que intentan diariamente hacer lo mejor posible dentro de sus competencias para resguardar a la población penal y ofrecer seguridad al país. El resultado es una serie de actuaciones y políticas desalineadas, con escasos recursos y alejada de una verdadera política penitenciaria nacional.
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El pasado lunes 8 de abril se publicó una nueva versión del Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre las condiciones de vida en distintos recintos penitenciarios durante los años 2016-2017. Ante esto, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se anunciaron tres medidas para enfrentar la actual crisis carcelaria: mejorar la infraestructura penitenciaria, facilitar el acceso a servicios de salud y reformar el reglamento de establecimientos penitenciarios, junto con elaborar un nuevo anteproyecto de ley de ejecución penal.

Estas medidas son valorables y el Gobierno debiese operar con urgencia para materializar los cambios. El éxito de estas medidas también depende en su capacidad de aprender de políticas penitenciarias pasadas y de la experiencia comparada.

La primera propuesta formulada por el ministro Hernán Larraín es el desarrollo del Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria, cuyo objetivo es realizar mejoras a las instalaciones carcelarias en un plazo de 10 años y con prioridad en los penales con mayor hacinamiento, como los que se ubican en Calama, Copiapó, Valparaíso, Santiago, Talca y Chillán.

La última gran innovación que desarrolló el Estado chileno para superar las carencias de la infraestructura penitenciaria fue el programa de concesiones penitenciarias, que promovió diversos procesos de licitación con agentes privados para la construcción y operación de nuevas cárceles. Autoridades de la época, como José Antonio Gómez y Soledad Alvear confiaron en que entregar estas actividades a privados permitiría abaratar costos y obtener instalaciones y servicios de mejor calidad. Luego de cerca de 10 años desde la apertura del último recinto concesionado, los resultados no son alentadores. El Estado chileno ha incurrido en una inversión desproporcionada por concepto de infracciones a las bases de las licitación y resolución de los contratos por incumplimientos de los órganos privados, así como multas por excesos de sobrepoblación penal en las cárceles concesionadas.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se anunciaron tres medidas para enfrentar la actual crisis carcelaria: mejorar la infraestructura penitenciaria, facilitar el acceso a servicios de salud y reformar el reglamento de establecimientos penitenciarios, junto con elaborar un nuevo anteproyecto de ley de ejecución penal. Estas medidas son valorables y el Gobierno debiese operar con urgencia para materializar los cambios. El éxito de estas medidas también depende en su capacidad de aprender de políticas penitenciarias pasadas y de la experiencia comparada.

Las alianzas público-privadas en materia carcelaria deben estar sujetas a restricciones relativas al enriquecimiento abusivo del  sector privado e implementar mecanismos políticos y administrativos de fiscalización. En Australia, por ejemplo, la fiscalización del sistema penitenciario se realiza por inspectores que deben rendir cuentas al Congreso de los mayores problemas que llegan a su conocimiento. La expansión y mejoramiento de la infraestructura penitenciaria necesita un diseño que pondere adecuadamente los costos y beneficios de incluir a actores privados en estas actividades, evite las posibilidades de abusos e incluya una fiscalización rigurosa y permanente.

En segundo lugar, desde Justicia se anunció la firma de un convenio entre Fonasa y la Superintendencia de Salud para facilitar el acceso a prestaciones sanitarias de la población penal. La medida aborda el problema crucial de resguardar el derecho a la salud en los recintos penitenciarios y ofrecer a la población penal los mismos servicios a los que accede la ciudadanía en general. A esta acción debiera sumarse la incorporación de personal médico así como equipos suficientes para actuar de manera rápida y efectiva en caso de emergencias médicas al interior de los recintos penitenciarios. Actualmente, en la gran mayoría de las cárceles nacionales hay técnicos y paramédicos que enfrentan enormes dificultades para garantizar atenciones oportunas y de calidad.

Asimismo, un compromiso consistente con la protección de la salud y la integridad física y síquica de los internos y las internas exige desplegar esfuerzos para responder a necesidades particulares de esta población, sobre todo dada la prevalencia de enfermedades psiquiátricas y drogadicciones. La protección de la integridad física también exige implementar medidas de vigilancia y mecanismos de prevención internos en Gendarmería, tal como lo señala el mismo INDH en sus recomendaciones. La instalación de cámaras de seguridad y el mejoramiento de la fiscalización tanto interna como externa serviría para enfrentar y prevenir situaciones de abuso y tortura dentro de los recintos penales.

Por último, se encuentra la modificación del reglamento (de Establecimientos Penitenciarios), el cual pasaría a contener expresamente estándares de derechos humanos, lenguaje inclusivo, y perspectiva de género. Junto con ello, destaca el trabajo en un nuevo anteproyecto de ley de ejecución penitenciarias. La necesidad de una modificación reglamentaria y legislativa es imperativa. Hoy en Chile no existe una ley de ejecución penal. La actual normativa se encuentra fragmentada y dispersa en distintas leyes y reglamentos. Por lo mismo, dictar una ley de ejecución penitenciaria debiese constituir una prioridad para este Gobierno. Si lo que se desea es verdaderamente transformar el régimen de la vida al interior de la prisión, lo que corresponde es centrar todos los esfuerzos en la unificación de criterios para la presentación de un proyecto de ley de ejecución penitenciaria. La elaboración del anteproyecto no debiera quedarse en una declaración de buena voluntad, sino que requiere convertirse en una política efectiva que logre un impacto real en la vida de la población penal y sus familias.

La superación de las ilegalidades y delitos que se cometen en las cárceles también depende en buena medida de la capacidad de entregar tutela judicial efectiva a la población penal. Para ello, deben existir canales efectivos de denuncia independientes de la autoridad penitenciaria y un juez imparcial. Hoy en día existen dos instituciones claves del sistema a las que se deberían inyectar recursos para promover la vigencia de los derechos de presas y presos: la defensoría penitenciaria y los juzgados de garantía. Los defensores penitenciarios son un puente entre la población penal y las cortes de justicia. En ellos recae la tarea de proteger y velar por los derechos de la población penal.

Por su parte, los juzgados de garantía actúan como un ente imparcial para la resolución de los conflictos carcelarios. La sobrecarga de trabajo de estos tribunales y la divergencia de interpretaciones sobre su competencia han restringido su capacidad de imponer el estado de derecho en las cárceles. En el corto plazo, aumentar la disponibilidad de recursos públicos para la defensoría penitenciaria y los juzgados de garantía (a través de la creación de un turno especializado de ejecución) significa dar una respuesta inmediata y efectiva a la necesidad de tutela judicial.

Finalmente, lo que hasta aquí hemos dicho podría resumirse en una reflexión general. Lo que llamamos “sistema” penitenciario son una serie de entidades estatales que intentan diariamente hacer lo mejor posible dentro de sus competencias para resguardar a la población penal y ofrecer seguridad al país. El resultado es una serie de actuaciones y políticas desalineadas, con escasos recursos y alejada de una verdadera política penitenciaria nacional. El Gobierno tiene la oportunidad hoy de respaldar y fortalecer la labor social de quienes se encuentran a cargo del sistema e imponer el estado de derecho dentro de la institucionalidad penitenciaria.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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