Opinión
A partir de la aprobación de la reforma constitucional que estableció la elección directa, por voto popular, del Gobernador Regional en nuestro país, con dudas más o dudas menos, se abrió una llave que durante mucho tiempo estuvo cerrada y que puede dar pie procesos de democratización territorial más amplios.
Al instalarse el actual gobierno, una de sus tareas principales ha sido la implementación del mandato establecido en las normas de descentralización aprobadas por el Congreso, referidas a materias políticas, de competencias y administrativas, que los Gobiernos Regionales y el Estado central deberán asumir en el nuevo escenario.
El 30 de octubre de 2018, en una reunión del Subsecretario Salaberry con funcionarios de la SUBDERE, y ante la extrañeza de muchos de los presentes, este declaraba abiertamente su desacuerdo con el proceso que le tocaba implementar.
Es posible que sea esa una de las causas por las que, en lo que toca a la Subdere, el proceso de implementación sea tan lento y dispar.
Esto se puede observar, por ejemplo, en lo referido a la instalación de las tres nuevas divisiones en los gobiernos regionales.
La Ley N° 21.074, de Fortalecimiento de la Regionalización del País, estableció la provisión de 15 nuevos cargos (de planta) para el funcionamiento mínimo de estas nuevas divisiones en cada uno de los gobiernos regionales. Sin embargo, DIPRES autorizó sólo 8 cupos para 2019 y 7 cupos para 2020, retrasando el proceso de concursabilidad y/o contratación de estos cargos y, por ende, la adecuada instalación de estas nuevas divisiones. Por otra parte, el apoyo técnico realizado por SUBDERE hacia los gobiernos regionales para la estructuración orgánica de las nuevas divisiones, al decir de los funcionarios de los gobiernos regionales, ha sido deficiente y no ha sido concordante con lo definido en la Ley N° 21.074 que asigna claramente las funciones de cada una de las divisiones. La distorsión de las funciones redefinidas y fuera del marco de la ley está generando que las nuevas divisiones tengan duplicidad con las ya existentes, tales como, planificación, seguimiento y control de la inversión, entre otras.
Otro elemento a considerar es que el proceso de instalación del Gobernador Regional y del Delegado Presidencial Regional, situación que ocurrirá a partir del 6 de enero de 2021, requiere realizar un catastro de todos los gobiernos regionales sobre sus actuales condiciones de uso, ya que no todas sus dependencias están en Concesión de Uso Gratuito, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Esto requiere su regularización en el corto plazo por el Servicio de Gobierno Interior, particularmente en relación con aquellos espacios que hoy son utilizados por las Intendencias Regionales. Además, se debe contemplar lo que va a ocurrir con el personal de las actuales gobernaciones provinciales que residen en las provincias cabecera de región, puesto que esas gobernaciones desaparecen y deberán ser absorbidas por las nuevas Delegaciones Presidenciales Regionales, abriéndose un nuevo flanco respecto de la estabilidad del empleo de alrededor de 500 personas y demanda de espacio físico.
Todo esto se debe considerar en el proceso de discusión del Presupuesto del año 2020; todos aquellos recursos necesarios para la renovación e implementación de espacios de trabajo, arriendo de oficinas, equipamiento u otros gastos asociados, que se estimen necesarios, deberán estar resueltos en el presupuesto del año 2020, que comienza su proceso de discusión próximamente, debido a que las nuevas autoridades asumirán los primeros días de enero de 2021.
La elección de los gobernadores regionales constituye un hito histórico en materia de descentralización y fortalecimiento de la democracia. Es fundamental que hoy, a menos de dos años de su elección, se deba priorizar una agenda de trabajo en donde los gobiernos regionales: a) dispongan de una adecuada (y regularizada) infraestructura y equipamiento, en el marco de la nueva normativa; b) tengan una estructura orgánica participativa acorde con la nueva normativa y el proceso de transferencia de competencias y c) cuenten con una dotación de personal para las nuevas funciones, pero que también se avance en la estabilidad laboral de todos los funcionarios involucrados.
Uno de los enfoques propuestos en la ley de Fortalecimiento de las Regiones y el programa de gobierno del Presidente Piñera era mejorar la transparencia de la información pública y en particular respecto del proceso de transferencia de competencias, sin embargo, observamos opacidad en el proceso de elaboración de los decretos sobre áreas metropolitanas, regulación de la transferencia de competencias, las competencias a transferir a los gobiernos regionales, la política de ordenamiento territorial, entre otras regulaciones definidas en la ley. Información que no se encuentra disponible ni para la ciudadanía, ni para los consejos regionales, así como tampoco para el parlamento. Recordemos que la Ley de Fortalecimiento de las Regiones establece la obligatoriedad de dictar estos cuerpos reglamentarios para darle operatividad y eficacia al proceso descentralizador.
Para cumplir adecuadamente con los desafíos que impone el proceso descentralizador, se requiere que la autoridad tenga liderazgo y convicción y que los equipos implementadores cuenten con conocimientos técnicos, expertiz y densidad política. La ausencia de estos elementos ha generado gran desconcierto en el personal de la Subsecretaría, lo que se ha reforzado con el sorpresivo y reciente despido de la Jefa de División de Políticas, que había logrado al menos generar cierto nivel de incidencia en el proceso.
La ausencia de liderazgo y contenidos ha llevado a que la Subsecretaría se vuelque al reforzamiento del Programa de Tenencia Responsable de Mascotas, que en términos de su diseño inicial era fundamentalmente un facilitador de recursos a los municipios para su implementación y entrega de asesoría técnica. En la actualidad, este programa copa la agenda de la autoridad y a raíz de aquello, el desarrollo regional y la descentralización han pasado a un segundo plano, proceso que se ha acentuado al ir siendo asumido progresivamente por otras instituciones de la administración, como la Segpres, Dipres y el mismo Ministerio del Interior y Seguridad Pública, sin necesariamente, contar con los expertos que tengan el conocimiento necesario para descentralizar el país y promover el desarrollo de las regiones y comunas. Para la autoridad de la SUBDERE hoy, la agenda de descentralización y el desarrollo de los territorios es una preocupación mínima, prefiriendo dedicarse por completo a promover la tenencia responsable de las mascotas.
El éxito de marketing político del programa de tenencia responsable, que incluye la producción de costosas ferias en los territorios y la contratación de personajes de la farándula criolla, con altísimo sueldo y nula presencia, se ha convertido en la tragedia de la SUBDERE, y por ello, lo que debió fluir sin problemas, hoy se encuentra en dificultades, dando pie a que más de algún político de mentalidad centralista quiera aprovechar la oportunidad.
