sábado, 17 de agosto de 2019 Actualizado a las 23:32

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Un colegio para abogadas y abogados

Un colegio para abogadas y abogados
El Derecho es “la” herramienta de emancipación femenina. El orden impuesto por normas y principios que componen el ordenamiento jurídico determina qué derechos se reconocen a las mujeres, cómo se ejercen y cuáles son sus límites. Por eso, la sociedad necesita un Colegio de Abogadas, mujeres o personas que se identifican como mujeres y que tienen el privilegio de conocer la ley, para utilizarlo en beneficio de quienes requieren especial preocupación.
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No pasaron inadvertidas las últimas elecciones del Colegio de Abogados, pero particularmente la discusión suscitada a propósito de la elección de Presidencia de su Consejo.

En las últimas semanas hemos visto campañas de presidencia, renuncias de colegiadas y colegiados, puestas a disposición de cargos electos y cuestionados, así como una serie de consejos sobre el liderazgo que sería mejor o deseable para el gremio.

Lo cierto es que la única disputa de fondo es -era que no- si acaso, luego de mucho tiempo y contrario a la historia, una mujer es la persona idónea para ocupar el cargo. Son atendibles los reclamos y renuncias de que hemos sido testigos y no son sino el reflejo de algo que hemos dicho reiteradamente: las cuotas de género no aseguran un espacio para las demandas feministas; la ansiada equidad de género, en este caso, traducida en voz y representación femenina efectiva.

Cuando se instalan cuotas de género sin una intención real de cumplir con su propósito, se producen resultados como los que hemos visto: no hay una voluntad genuina en buscar la equidad si se cuestiona el liderazgo femenino echando mano a la edad, la preparación o el carácter de una mujer. Una mujer no solo debe luchar por ganar un espacio, una vez obtenido, deberá probar constantemente que “lo merece”, que es idónea, que puede hacerlo tan bien como lo haría su par hombre.

Primero, se criticó que las cuotas integrarán hombres, pues dos mujeres debieron ceder su cupo para cumplir con la cuota 60-40 fijada en la última modificación de los estatutos del gremio. En realidad, ello no es sino consecuencia del mayor número de candidatas mujeres (antes se presentaba, a lo más, una por lista). Que las cuotas integren hombres debería llevar a cuestionar el sistema impuesto, producto de un supuesto “consenso”: deberíamos cuestionar la imposición de cuotas (i) en cuanto al porcentaje, pues debería ser 50-50 si se quiere paridad y (ii) en cuanto a la integración “efectiva”, pensando en el Consejo y no en cada elección particular (sigue habiendo una abrumadora mayoría masculina). Si esas dos mujeres no hubieran tenido que ceder sus cupos, hoy tendríamos un Consejo mucho más paritario.

Segundo, se criticó que una mujer quisiera ocupar la Presidencia. ¿Cómo puede, en este siglo, discutirse su idoneidad a partir de su “juventud” o experiencia? ¿Cómo se puede responsabilizar por igual a todas las listas participantes, que no tienen la misma voz y voto, de no haber escogido a una Presidenta?. Es evidente que en nuestro gremio subsisten prácticas patriarcales respecto a las cuales la cuota de género es inocua. Y lo es porque no existe una voluntad real de cambio, sino solo el propósito de responder a una demanda ética.

Un Colegio de Abogadas requiere lo que está ocurriendo: una rearticulación de movimientos y asociaciones femeninas (lamentablemente, no todas son feministas) que están dispuestas a disputar el espacio (sí, disputar, porque acá no hay concesiones) haciendo el doble de esfuerzo: pidiendo cambios estatutarios, exigiendo enfoque de género y verdadera representatividad  manifestada en el ejercicio de liderazgo. No es muy distinto a lo que ocurre en otros gremios, en las empresas o grupos políticos.

El Derecho es “la” herramienta de emancipación femenina. El orden impuesto por normas y principios que componen el ordenamiento jurídico determina qué derechos se reconocen a las mujeres, cómo se ejercen y cuáles son sus límites. Por eso, la sociedad necesita un Colegio de Abogadas, mujeres o personas que se identifican como mujeres y que tienen el privilegio de conocer la ley, para utilizarlo en beneficio de quienes requieren especial preocupación. En efecto, nuestro Colegio tiene mucho que decir en materias que son de interés público. Desde nuestra posición de privilegio, porque conocemos el Derecho, podemos (y debemos) ser un interviniente relevante en las discusiones legislativas que se darán este año: el proyecto de violencia contra la mujer, el matrimonio igualitario y adopción homoparental, la reforma tributaria y de pensiones, la modernización laboral y proyectos en materia de salud, así como las reformas a Fonasa e Isapres. También habría que decir algo respecto a los casos de corrupción que estamos conociendo en las FF AA, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Pero además, en nuestro gremio, en particular, hay una serie de problemas que requieren atención urgente. El número de abogados y abogadas que se incorporan al mundo laboral aumenta sin ningún control y sin garantizar empleabilidad (ni calidad); la irrupción de la tecnología en el mundo legal ha absorbido a muy menor costo algunas de nuestras labores (y aumentará); se ha denunciado una corrupción transversal en el sistema en que desarrollamos nuestro rol y que afecta directo a quienes representamos; el acoso sexual se da entre colegas a la salida de audiencias, entre compañeros de trabajo o en reuniones entre partes (aunque nadie quiere hablar de eso), sin que existan mecanismos de protección y sanción especial, a nivel del Colegio, hasta hoy… Cuando vemos un Proyecto de Código Penal en que no participa una sola mujer y por lo tanto la discusión respecto a qué es femicidio, qué es consentimiento sexual o ausencia de éste, o cuándo se pena (si es que se debe) la prostitución y queda relegada a aquello que los hombres determinan, el Colegio debiera ser la voz de alerta que exija un pronunciamiento de aquellas que quedarán al alero de la norma. Cuando vemos que la realidad está mostrando de manera palpable que las mujeres ejecutan un trabajo no remunerado y que les perjudica en sus pensiones, las colegas deberían salir a decir algo.

Hay tanto por hacer y corregir que no es posible seguir perdiendo el tiempo en nimiedades. Seamos consecuentes con voluntad declarada que se manifestó al establecer las cuotas y permitamos a las mujeres ejercer el liderazgo. En esta nueva Ola Feminista son ellas quienes deben guiar los cambios que necesitamos.

Dicen que “quien se enoja pierde” y por ello, restarse del espacio que tanto cuesta ganar día a día es un despropósito. Nosotras nos quedamos a trabajar en el Colegio porque queremos que sea un espacio seguro para las abogadas y que asegure su representatividad de manera efectiva.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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