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Salvador Allende y Nicolás Maduro frente a los derechos humanos

por 22 julio, 2019

Salvador Allende y Nicolás Maduro frente a los derechos humanos
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A raíz del informe de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos (DDHH) en Venezuela, se ha puesto de moda comparar a Nicolás Maduro con Salvador Allende. Así lo han hecho mi amigo Eduardo Contreras, abogado comunista que ha dedicado toda su energía a llevar a la justicia a los violadores de los DDHH en Chile; el médico Pablo Sepúlveda Allende, nieto del Presidente, y el propio Maduro. ¿Cuál era la actitud de Allende respecto de los DDHH? Un grave, dramático episodio ocurrido durante su gobierno el 5 de agosto de 1972 puso a prueba su compromiso en esta materia, pero antes conviene recordar algunas facetas de la trayectoria del exmandatario en lo que a los DDHH se refiere cuando el Derecho Internacional Humanitario se encontraba todavía en pañales.

Desde su época de líder estudiantil bajo la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, Allende estuvo siempre del lado de las víctimas de la represión y él mismo se hallaba preso el día en que murió su padre. A lo largo de su vida recorrió incansablemente los cerros de Valparaíso, las zonas mineras, los campos, los barrios industriales, las islas y poblaciones de Chile observando, dialogando con la gente, siempre dispuesto a escuchar y denunciar las injusticias.

A Salvador Allende le dolía Chile, hablaba con angustia de “las muertes evitables” debidas a la desnutrición infantil, la falta de agua potable y alcantarillado y a una deficiente atención sanitaria, e insistía en que la salud comenzaba “con el cuidado del binomio madre-hijo”, como consignó en su libro La realidad médico social chilena.

En su calidad de diputado, ministro de Salubridad de Pedro Aguirre Cerda, vicepresidente del Seguro Obrero, presidente del Colegio Médico, senador por cuatro períodos, presidente del Senado y presidente de la República, fue desde la oposición o desde el gobierno enérgico impulsor de la medicina social, creador del Servicio Nacional de Salud y autor o promotor de las principales leyes y medidas sobre fuero materno, alimentación infantil o atención médica que hasta hoy se proyectan en la vida de los chilenos y las chilenas. Se empeñó en la lucha contra el tifus, la tuberculosis y las enfermedades venéreas, y a favor de la alimentación escolar y la atención dental en las escuelas, la ampliación de la cobertura del seguro de enfermedad, de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, y la extensión de los beneficios médicos a la familia del imponente. Abogó por una atención realmente humana en los hospitales y por la dignificación de las funciones del médico, así como del personal paramédico de enfermería y servicios auxiliares, y por el trabajo de todos en equipo.

El compromiso y la labor social que Salvador Allende asumió desde muy temprano y a lo largo de toda su vida de médico, político y gobernante fue coincidente con el espíritu y la letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y se encuadró anticipadamente en los objetivos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que será firmado por él en 1972 y entrará en vigor tres años después de su muerte. Dicho Pacto garantiza los derechos laborales y a la seguridad social, el derecho a la salud y la educación y a un nivel de vida adecuado, y es considerado uno de los pilares fundamentales del Derecho Internacional Humanitario que hoy día está en el centro de los debates. El otro pilar es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado igualmente por Allende y que entrara en vigor después de su muerte, que protegerá diversos derechos que él se había empeñado en respetar durante toda su vida. Este pacto garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de sus derechos civiles y políticos y el derecho a la vida, a la protección frente al castigo o al trato inhumano o degradante –vale decir la tortura– y respecto de la esclavitud, el derecho a no sufrir arresto o detención arbitraria, el derecho a la libertad de movimiento, a la presunción de inocencia, a la privacidad, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de opinión y de expresión; el derecho de reunión pacífica, de asociación, y el derecho a participar en los asuntos públicos, a votar y ser elegido, y la libertad religiosa y de las minorías. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que encabeza Michelle Bachelet, con sede en Ginebra y alrededor de 1.300 funcionarios y varias oficinas regionales, cumple la compleja, abrumadora tarea de velar por el respeto de esos derechos en todo el mundo y estudiar la situación de cada país, incluido Chile.

Cuando en 1948 el presidente González Videla relegó en el campo de concentración de Pisagua a los comunistas que lo habían apoyado, el senador Allende viajó al norte junto a otros parlamentarios con el propósito de visitar y apoyar a los presos, pero el jefe militar del campo, capitán Augusto Pinochet Ugarte, amenazó con dispararles si se acercaban. Más tarde Allende desempeñará un papel decisivo en las delicadas negociaciones que condujeron a la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, la Ley Maldita, que había proscrito a los comunistas.

El 2 de abril de 1957, cuando el presidente Ibáñez, elegido esta vez en las urnas, ordenó disparar contra los manifestantes que protestaban por las alzas de precios, Salvador Allende recorrió las calles donde se libró la “Batalla de Santiago” y estuvo presente como senador y como médico en la morgue, adonde llegaron más de veinte muertos, y en la Asistencia Pública, donde acompañó a los heridos que sumaron más de quinientos. En el Senado y en todas las tribunas fue implacable para denunciar el crimen.

Del mismo modo, Allende estuvo en primera línea para denunciar la masacre de la población José María Caro, perpetrada en 1962 por el gobierno de Jorge Alessandri, que dejó seis muertos; la masacre de seis hombres y dos mujeres en el local sindical del mineral de El Salvador, propiedad de la Anaconda Company, ejecutada contra los huelguistas por el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1966; y la masacre de diez pobladores, incluido un bebé de nueve meses asfixiado por los gases lacrimógenos, en Pampa Irigoin, Puerto Montt, en marzo de 1969. En este último caso Allende viajó a la zona, acompañó a los pobladores y regresó a Santiago trayendo los casquillos de las balas disparadas por los carabineros como prueba acusatoria contra el ministro Pérez Zújovic y el presidente Frei.

Cuando Salvador Allende triunfó en la elección presidencial en 1970, un comando de derecha asesinó al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, y las tensiones políticas y sociales llegaron al rojo vivo. Ante la ofensiva desatada desde dentro y fuera de Chile por los enemigos de su gobierno, muchos de sus partidarios pedían “mano dura Presidente” o “armas para aplastar la sedición”. Allende reiteró siempre su apego a la legalidad, repitiendo que “yo no soy un irresponsable, no permitiré una guerra civil, no lanzaré a miles de trabajadores a la muerte”. Cuando el MIR pidió armas a Fidel Castro, el líder cubano respondió que se las daría solo con el visto bueno del compañero Allende, un visto bueno que nunca llegó. Corresponde a los historiadores y politólogos especular sobre lo que habría sucedido hipotéticamente si la posición de Salvador Allende hubiese sido diferente: si hubiera descabezado las Fuerzas Armadas y entregado el mando a oficiales incondicionales y se hubiese apoyado en la tropa, consiguiendo con ello según algunos sugerían el apoyo de los militares como el que los uniformados venezolanos prestarán al gobierno de Maduro; si como hoy en Venezuela hubiera encarcelado a los opositores; si hubiera creado una asamblea constituyente integrada exclusivamente por sus partidarios, como la que Maduro implantará en Venezuela; si hubiera propiciado grupos armados favorables al gobierno como los “colectivos” que actuarán en Venezuela.

Para ilustrar la verdadera posición de Allende, llegamos al episodio dramático mencionado al comienzo. El 5 de agosto de 1972, durante su gobierno, agentes de Investigaciones allanan de noche los campamentos de emergencia Asalto al Cuartel Moncada, Lulo Pinochet y Vietnam Heroico en el sector Lo Hermida de Peñalolén. Buscan a los miembros de un denominado Comando 16 de Julio de Liberación Nacional que en las semanas anteriores han levantado barricadas, ocupado un supermercado y una gasolinera y retenido incluso al dirigente del MIR Andrés Pascal Allende, hijo de Laura, hermana del Presidente, y a los funcionarios que han llegado a parlamentar con ellos. El grupo es liderado por el exaltado cabecilla poblacional Osvaldo Romo Mena, autodenominado “comandante Raúl”, quien –según se sabrá más tarde– actuaba por cuenta de los servicio de inteligencia militar y será durante la dictadura el sádico torturador y asesino de la DINA conocido como el Guatón Romo. El allanamiento de Lo Hermida se convierte en una batalla campal y los agentes de la policía civil matan a tiros en circunstancias confusas al poblador René Saravia Arévalo, de 22 años, hieren a otros pobladores y detienen a un centenar de personas. Los detectives aseguran haber utilizado las armas en respuesta a disparos.

La noticia de la muerte de un hombre del pueblo a manos de agentes del Estado afecta terriblemente al Presidente, quien a la mañana siguiente, en un acto de coraje, se dirige a Lo Hermida. Dejando afuera a los policías y escoltas, Salvador Allende penetra a pie hasta el sector donde han tenido lugar los incidentes y hace frente a los gritos de los pobladores enardecidos que lo rodean azuzados por Romo. El Presidente los escucha y se hace oír a duras penas en un dialogo que se prolonga cerca de dos horas: “Yo soy el que tengo la mayor responsabilidad y aquí́ estoy, camaradas, mirándolos a los ojos. Sin bajar los ojos, sin implorar que me escuchen, sino hablándoles con el derecho que me dan mis años de lucha y de lealtad al pueblo”. El Presidente asegura que los tribunales aclararán los hechos, visita la capilla ardiente y guarda un minuto de silencio ante los restos de Saravia. Cuando regresa a La Moneda, su hermana Laura lo está esperando enfurecida por la muerte del poblador. “¡Eres un González Videla!”, le grita. Sumada a las emociones que acaba de vivir, la comparación con el mandatario traidor es un mazazo para él. Cuando su hermana se retira, el Presidente llama a Eduardo “Coco” Paredes, director de Investigaciones, y al subdirector Carlos Toro y les pide la renuncia.

El informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, elaborado de acuerdo con los tiempos y protocolos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ella encabeza, da cuenta, ciñéndose a las cifras entregadas por el gobierno de Maduro, de 29 manifestantes muertos solo entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, y de 1.569 muertes violentas en el mismo período por “resistencia a la autoridad” a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), encargadas de combatir el narcotráfico y la delincuencia, muertes que el informe considera en muchos casos “ejecuciones extrajudiciales”.

La muerte de un solo trabajador durante su gobierno conmovió a Salvador Allende y lo llevó a tomar una medida drástica. ¿Cabe comparar a Nicolás Maduro con el presidente chileno?

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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