Opinión
El contundente informe reciente de la ONU sobre las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos
existentes en Venezuela, sumado al gigantesco éxodo que sufre su población y al clima prebélico producto de
la extrema polarización que agobia al país; hacen cada vez más necesario el apoyo de la comunidad internacio-
nal al logro de una solución pacífica y democrática del agudo conflicto que sufre su sociedad. Sin embargo, las principales naciones latinoamericanas -agrupadas en el Grupo de Lima- no están contribuyendo a ello con el absurdo e impolítico “reconocimiento” de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y la con- siguiente descalificación de Nicolás Maduro como “usurpador”.
Absurdo, puesto que es evidente que Guaidó no es, ni legal ni de facto, el jefe del Estado venezolano. El hecho de que el gobierno de Maduro haya comprometido sus credenciales democráticas con el desconocimiento -vía Poder Judicial, completamente dependiente de aquél- de las facultades de la Asamblea Nacional, no convierte a Juan Guaidó en legítimo presidente de Venezuela. Tan es así que incluso los Estados que conforman el Grupo de Lima siguen reconociendo como embajadores venezolanos a los representantes del gobierno de Maduro…
E impolítico, porque aquel gesto legitima a los sectores más radicales de la oposición que buscan el cambio violento de gobierno lo que, además (dado el clima extremadamente polarizado) puede conducir muy probablemente a una guerra civil. Y, dialécticamente, fortalece también -dentro de su espacio político- a los grupos gubernamentales más inflexibles en contra de un acuerdo político con la oposición.
Desgraciadamente, el potenciamiento mutuo de los sectores más radicales en cada bando ha sido la tónica de las relaciones políticas venezolanas desde la elección de Chávez como presidente en 1999. A la impronta autoritaria que tenía un presidente militar que, además, había encabezado un golpe de Estado frustrado en 1992; se le sumaron desde el principio iniciativas opositoras destinadas a derrocarlo. Así, ya en 2000 se lo trató de deponer, declarándolo “demente”. Luego, los inequívocos afanes golpistas fructificaron con el fugaz derrocamiento de Chávez en 2002 (derrocamiento apoyado explícitamente por los gobiernos de Bush, Aznar y Lagos). Posteriormente, en 2005, la oposición efectuó un boicot de las elecciones parlamentarias; y todo ello culminó con el intento insurreccional de hacer ingobernable al país (la “salida”) en 2014.
Todos esos intentos fracasados fueron contribuyendo -entre otros factores- al progresivo fortalecimiento de los sectores más radicales dentro de la autodenominada Revolución bolivariana, complementado por el éxodo del chavismo de las personalidades más moderadas que inicialmente lo apoyaron. Además, el antidemocrático y torpe boicot opositor a las elecciones de 2005 posibilitó que la unánimemente gobiernista Asamblea Nacional consiguiente designara un Poder Judicial y otras instituciones claves del sistema democrático (como el electoral) en completo beneficio del chavismo. Evidentemente, esto permitió afectaciones legales de los derechos humanos, y particularmente del derecho a la libre información y expresión; para terminar en 2016 con el desconocimiento ya mencionado de las facultades del Poder Legislativo, que adquirió una clara mayoría opositora producto de las elecciones de ese mismo año.
Si es que quiere efectivamente incidir en la resolución democrática y pacífica del conflicto venezolano; el Grupo de Lima debiese, en primer lugar, apoyar plena y explícitamente la mediación que está efectuando Noruega con el apoyo del Grupo Internacional de Contacto, conformado por varios países latinoamericanos y europeos, en favor de un acuerdo entre gobierno y oposición que conduzca a aquello. Los países que integran el Grupo de Contacto son Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, de nuestra región; y Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia, del viejo continente. Esto está tan lejos de la realidad actual -por lo menos en Chile- que este Grupo Internacional de Contacto ni siquiera es mencionado por los políticos y los medios de comunicación que articulan la opinión pública, por lo que ¡su misma existencia es virtualmente desconocida!…
Además, el Grupo de Lima debería adoptar todas las medidas a su alcance para ayudar humanitariamente a Venezuela; y promover que dicha ayuda no pueda ser utilizada mezquinamente ni por el gobierno ni por la oposición, condicionando su entrega a que su distribución sea supervisada por Naciones Unidas y/o la Cruz Roja Internacional. Asimismo, con la finalidad de aportar lo más posible -dentro de las facultades soberanas de los países miembros del Grupo de Lima- para un acuerdo político de ambas partes, sería muy importante que toda nueva relación interestatal con Venezuela sea adoptada teniendo en consideración los puntos de vista, tanto del gobierno de Maduro como de la Asamblea Nacional. Es decir, que todo nuevo acuerdo bilateral con Venezuela, sea de nombramientos diplomáticos; visitas oficiales; acuerdos de naturaleza política, económica o cultural; acciones de cooperación internacional; etc., sea efectuado con el visto bueno de ambas partes. Lo esencial es que el Grupo de Lima desarrolle el máximo de su influencia para que los actores internos de Venezuela comprendan que todo intento de “resolver” el conflicto aplastando violentamente a la otra parte, será completamente rechazado por la comunidad internacional.
