Opinión
Durante estos días se está llevado a cabo el proceso de difusión e inducción a todos los actores de la comunidad educativa, sobre la inminente llegada del SAE a la Región Metropolitana. En este contexto, muchas dudas han surgido sobre este sistema en distintas dimensiones, pero principalmente los cuestionamientos van enfocados al deterioro del mérito académico en el ingreso a un determinado establecimiento, y precisamente desde esa premisa se ha puesto en tela de juicio la legitimidad del SAE desde algunos actores de la sociedad.
Ahora bien, ¿es el SAE una buena política pública? Eso depende desde dónde nos realizamos esa pregunta, puesto que, si centramos en el análisis en la calidad de esta política en sus distintas fases, podremos encontrar más de un elemento que nos invite a reflexionar sobre ello.
La puesta en marcha no ha sido del todo clara, de eso no cabe dudas, las regiones que ya experimentaron la llegada del SAE reportaron complicaciones con el uso de la plataforma, el conocimiento efectivo de los plazos que se deben manejar y los procedimientos relevantes que todo apoderado debe saber para realizar su postulación sin mayores complicaciones.
En línea con lo anterior, todo indica que el diseño de esta política tuvo poca capacidad predictiva a la hora de evidenciar potenciales problemas a los que se podría enfrentar. Eso habla de una evaluación ex ante muy poco rigurosa, o bien, en un caso mucho más preocupante, que la formulación de esta política no tuviese este tipo de consideraciones en su diseño original.
Si nos detenemos en este punto, efectivamente estaría más que justificado el uso de uno de los recursos insignia de actual Gobierno, y gran parte de la responsabilidad caería en la gestión del “Gobierno Anterior”. Sin embargo, lo que la teoría nos dice, sobre el estudio de políticas públicas es que deben no solo ser pensadas, sino que, también abordadas con una visión de Estado, generando todas las condiciones de estabilidad que se requieran para garantizar una buena implementación de las mismas. Precisamente este punto es uno de los más importantes ya que el Gobierno del Presidente Piñera heredó la puesta en marcha de la implementación del SAE, y es su responsabilidad velar por su buena ejecución.
Si bien, ya conocemos la opinión negativa del oficialismo y los partidos de la actual coalición de Gobierno sobre el SAE, considerando con un alto nivel de relevancia, el fator ideológico en su punto de vista, nada quita la responsabilidad que tienen de hacerse cargo y realizar una buena implementación – o al menos eso se espera que ocurra en una sociedad con una clase política con algún grado de madurez. No obstante, las señales van en un notorio y preocupante sentido contrario.
Lo anterior se evidencia en base a una serie de elementos y situaciones que han ocurrido tan solo en este año, el cual ha sido particularmente inestable para el Mineduc. No obstante, basta con analizar solamente dos para demostrar la total y completa ausencia de visión de Estado por parte del ejecutivo y las autoridades del Mineduc.
En abril, en algunos medios de comunicación se hizo público el costó que tuvo la denominada “campaña anti SAE” por parte de las autoridades del Mineduc, la cual consistía en ejecutar una importante suma de dinero, para la impresión de volantes con frases que van en la lógica contraria al espíritu de SAE.
Este uso de recursos fue ejecutado presupuestariamente en el área de comunicaciones del Ministerio, la cual está a cargo de bajar la política ministerial de la manera más clara y precisa a la ciudadanía, situación que es evidentemente contradictoria con lo ya expuesto. Fueron cerca de 24 millones de pesos en impresión de aproximadamente un millón volantes, la cifra no deja de ser relevante ya esos mismos 24 millones de pesos son el equivalente al monto anual que recibe un establecimiento Municipal con una matrícula cercana a los 1.200 alumnos, por el Programa Movámonos por la Educación Pública, en el cual los consejos escolares pueden invertir en proyectos que fomentan la participación de la comunidad educativa, entre otras posibilidades las cuales quedan a criterio y decisión de los establecimientos, siempre apuntando a fines pedagógicos y participativos.
Por otra parte, recién el pasado mes de julio, la Ministra de Educación señalaba en diferentes medios de comunicación que, con la llegada del SAE a la Región Metropolitana, “se harían evidentes las fallas de diseño que tiene la política pública, asegurando que se encuentra totalmente convencida que sus problemas son de diseño y no de gestión”, nuevamente volviendo a recurrir al inagotable recurso de culpar al Gobierno Anterior.
No obstante, las declaraciones tenían sustentos los cuales se respaldan en la “experiencia que se tuvo en regiones con el sistema de admisión escolar”. Esta última frase es un punto que llama la atención para quienes entienden que la política pública al ser implementada de manera gradual o incremental, busca encarecidamente crear instancias de mejora y/o prevención de fallas o desajustes encontrados en la marcha, con la finalidad de corregirlos conforme avanza la implementación en otras zonas geográficas.
En otras palabras, lo que la Ministra nos dice son dos cosas: una que ya sabemos todos y que no debería ser sorpresa para nadie, respecto a las fallas de diseño que tiene el SAE, producto de su proceso de formulación en la administración anterior; pero la otra, resulta ser una novedad y no precisamente grata, ya que la puesta en marcha no ha sido capaz de dejar lecciones, ya sean técnicas y/o políticas, en la ejecución del SAE. O al menos eso es lo que opina la máxima autoridad en educación del país. Sería interesante indagar si los equipos técnicos ministeriales comparten esta apreciación sobre su trabajo.
Situaciones de esta índole, hacen cuestionar la eficiencia del estado, sus instituciones y la sobrecarga del factor político en las políticas públicas de nuestro país, pero más aún, invitan perder poco a poco la credibilidad de una idea que muchos les pareció necesaria, la cual fue optar con esperanza por aquella consigna de los tiempos mejores que se nos prometió.
Ser gobierno implica gobernar para todos, con todos los problemas que puedan tener las Instituciones del Estado, ya que se asume el desafió completo, considerando también lo que venga desde atrás. En palabras de un ex Ministro de Hacienda hace tan solo un par de meses, “culpar a otros de tus problemas no hará que se solucionen antes”.
