Hay un aspecto del que no podemos desentendernos y es la poca capacidad que tuvo nuestro sistema para anticipar las dificultades que explican las bajas pensiones que tenemos hoy en día, tales como los sueldos, las lagunas previsionales, el desempleo, la informalidad, la baja tasa de cotización y la desigualdad de género. Por lo tanto, la reforma al sistema de pensiones debería tener la facilidad de anteponerse ante las variaciones del empleo.
Durante estas semanas se ha revitalizado el debate sobre cómo reformar nuestro sistema previsional. El Gobierno, en busca de una política pública consensuada y sostenible en el tiempo, ha optado por una alternativa equilibrada, a saber, un ente estatal (llamado Consejo Administrador de Seguros Sociales o CASS) que, entre otras funciones, administraría el 4% de cotización adicional, licitándolo a entidades especializadas de giro único.
A pesar de que se podría haber simplemente incrementado el porcentaje de cotización, la edad de jubilación y fortalecer la dimensión distributiva del sistema para aumentar las pensiones, siendo la oposición la mayoría en el Congreso, se ha descartado la posibilidad de que las AFP puedan participar de la administración del aporte previsional adicional. Las razones de ello, como muchos ya han señalado, obedecen a cuestiones de tipo político más que técnico, tales como el origen autoritario del sistema y la cosmovisión “neoliberal” que representaría.
Sin embargo, hay un aspecto del que no podemos desentendernos y es la poca capacidad que tuvo nuestro sistema para anticipar las dificultades que explican las bajas pensiones que tenemos hoy en día, tales como los sueldos, las lagunas previsionales, el desempleo, la informalidad, la baja tasa de cotización y la desigualdad de género. Por lo tanto, la reforma al sistema de pensiones debería tener la facilidad de anteponerse ante las variaciones del empleo.
Al respecto, en un futuro no muy lejano, los desafíos no son menores.
Primero, nuestro sistema previsional debería considerar el efecto que tiene el desarrollo tecnológico sobre las lagunas previsionales. En efecto, según la OCDE, la cuarta revolución industrial podría llegar a automatizar uno de cada dos empleos en Chile, representando una amenaza para la densidad de las cotizaciones.
Segundo, debería tener en cuenta que la mayoría de los jóvenes comienzan a trabajar una vez que terminan sus estudios, por lo que urge la implementación de contratos flexibles que permitan compatibilizar el trabajo con los estudios, para así formalizar su situación.
Tercero, no podemos olvidar que una mayor longevidad implica la necesidad de aumentar el ahorro, ya sea incrementando la tasa de cotización o la edad de jubilación, por más impopular que sea.
Cuarto, debería tener presente que, si bien ha aumentado la cantidad de mujeres trabajadoras, siguen siendo ellas quienes generalmente se dedican al hogar y/o cuidado de otras personas, perdiendo gran parte de su capacidad de ahorro en tanto dejan de trabajar.
Así, si queremos mantener un sistema de capitalización individual sostenible en el tiempo, debe legitimarse generando resultados aceptables para la ciudadanía; nadie podría estar de acuerdo con que una persona reciba una pensión promedio inferior a $200 mil, por más que existan razones lógicas para sostenerlo.
Y es obvio que así sea, pues, ¿de qué libertad estamos hablando si condenamos a la vejez a depender del ingreso de sus hijos y/o del Estado para sobrevivir? De ninguna. En el fondo, el reclamo contra el funcionamiento del sistema tiene razón al rechazar sus resultados, en tanto no permiten el ejercicio de la libertad, pero se equivoca en culpar a las AFP de ello. Que las personas confundan lo anterior, habla de cuán mal se ha hecho el trabajo de educar a los cotizantes.
