Opinión
“Chile carece de este conocimiento” para poder establecer apropiadamente “la intensidad regulatoria” de la acuicultura, y su crecimiento “exige con urgencia un enfoque ecosistémico”, por lo que la acuicultura industrial en Chile “se inserta en un contexto de crisis ambiental”, y “su expansión hacia Magallanes tras el colapso de dos regiones” se hace incierta y debe detenerse.
El proyecto de los senadores Girardi y copatrocinantes acentúa criterios ecosistémicos y precautorios para la actividad acuícola (Bol12605-21;LGPA), y parece muy consistente con las denuncias de la ciudadanía sobre los progresivos impactos ambientales, inherentes a la acuicultura intensiva, y de las limitaciones del marco regulatorio actual.
La acuicultura en Chile según el proyecto se puede caracterizar “por la subsidiariedad del sector público como agente de monitoreo de impacto ambiental”, en que su “sostenibilidad biológica” requiere del “conocimiento de la dinámica del ecosistema” en las escalas espacio-temporales inherentes.
“Chile carece de este conocimiento” para poder establecer apropiadamente “la intensidad regulatoria” de la acuicultura, y su crecimiento “exige con urgencia un enfoque ecosistémico”, por lo que la acuicultura industrial en Chile “se inserta en un contexto de crisis ambiental”, y “su expansión hacia Magallanes tras el colapso de dos regiones” se hace incierta y debe detenerse.
1.- Se reducen las causales de caducidad, vigencia de concesiones, permite la captura de peces escapados, excluye la acuicultura de territorios de pueblos ancestrales, parques nacionales, etc., y de Magallanes.
2.- Se establece que “siempre se considerará la existencia de efectos significativos adversos en el cultivo intensivo de especies hidrobiológicas exóticas”.
1.- Elude incluir precautoriamente a la mitilicultura intensiva, que también genera condiciones anaeróbicas y comparte con la salmonicultura prácticas agresivas contra el ambiente.
2.- Elude definir una “idea de desarrollo” que en contraposición al solo crecimiento económico, implica por ejemplo “ampliar las opciones que tienen los pueblos para vivir de acuerdo a sus valores y tradiciones” (por ejemplo, PNUD).
3.- La caracterización de “subsidiaridad del sector público como agente de monitoreo ambiental” no se ve reflejado en proposiciones sobre:
• a.- estimación de la capacidad de carga de los mares interiores.
• b.- evaluación de la eutroficación acumulada, e insiste en monitoreos atomizados para cada concesión, a pesar de reconocerlas como “sistemas abiertos”.
• c.- revisión de los criterios y caracterización ambiental de “áreas aptas” para la acuicultura.
• d.- la conveniencia o inconveniencia de la remoción artificial de residuos orgánicos como intento de recuperación ambiental.
4.- La caracterización implícita de la ineficiencia con que ha funcionado el sistema de regulación de la acuicultura tampoco se ve reflejada en proposiciones sobre:
• a.- cambios en la institucionalidad encargada del conocimiento del ecosistema marino y de la regulación de la acuicultura (por ejemplo, creación de Ministerio del Mar, Instituto de Ciencias del Mar y la Cultura con sede en Chiloé).
• b.- retipificación de las infracciones y delitos contra patrimonio ambiental con fines preventivos, disuasivos y de reparación.
• c.-instrumentos y formas efectivas de garantizar la participación ciudadana.
Esta iniciativa surge (entre otros eventos y desastres) después de:
• a.- 40 años de acuicultura en los mares interiores de Chiloé y resto de la Patagonia.
• b.- 10-15 años de subsidariedad del Estado en la evaluación y vigilancia del impacto de la acuicultura al ecosistema.
• c.- 4 años de brote/epidemia del virus ISA, vertimiento de salmones en descomposición en el mar, varazón de mariscos, Marea Roja 2016.
• d .- 2 meses del descubrimiento de falsificación de documentos y malas prácticas de limpieza del fondo por Nova Austral.
El rol de organizaciones ambientalistas y culturales, de periodistas, documentalistas, pobladores ribereños, científicos, abogados independientes, en la denuncia de impactos y delitos ambientales y sociales atribuidos a la acuicultura ha sido persistente y efectivo.
Mas aun, la ciudadanía percibe que las decisiones sobre el patrimonio ambiental y cultural del país se toman en las cúpulas del poder político y económico nacional y transnacional, ignorando la consulta ciudadana efectiva, lo que trae como resultado el desconcierto y desapego por participar en la vida cívica y política del país. Y en el estado de crisis de la acuicultura que el mismo proyecto diagnostica, se esperan cambios legislativos, jurídicos e institucionales profundos en beneficio del bien común y patrimonio ambiental de la nación.
