Señor Director:
Hace unos días, la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema publicó su informe anual sobre condiciones carcelarias. Su contenido no es novedoso, pero no debe dejar de sorprendernos. Así, por ejemplo, se señala que en 10 de los centros visitados existe escasez de agua; en 25 de los centros visitados existe hacinamiento; en 29 de los recintos visitados no se cuenta con talleres o cursos de capacitación; y en 5 regiones existirían “recintos críticos”, es decir, que no cumplen mínimamente con sus funciones. Junto con ello, se concluye que existe una gran desigualdad entre la manera en que se cumplen las penas a lo largo de todo Chile, variando las condiciones de la privación de libertad según cada recinto.
Lo anterior debe llamar la atención en dos puntos:
Primero, que la situación de las cárceles chilenas sigue siendo dramática, y que mientras no nos replanteemos el uso excesivo y desproporcionado de la cárcel como herramienta, y las condiciones en que se cumplen las penas, la tan manoseada reinserción social será una quimera imposible de alcanzar.
Segundo, que cada cárcel funciona hoy como un feudo, con realidades y condiciones del todo diversas. Ello se fortalece por la ausencia de una regulación orgánica y consistente, con rango legal, que regule la ejecución de las sanciones penales.
Agustín Walker Martínez
Subdirector ONG Leasur
