Señor Director:
A un año del lanzamiento del “Plan Impulso Araucanía” hacer balances es inevitable y sobre todo necesario, considerando que de la inversión anunciada, más de 800 millones de dólares anuales, poco se ha visto y menos aún ha cambiado la situación de miles de personas que viven en una de las zonas más vulnerables y abandonadas del país.
Pese a los anuncios realizados por las autoridades, en los últimos doce meses, los habitantes de la región hemos sido testigos de cómo esta inversión se ha diluido en obras de infraestructura que no van más allá de lo esperado por parte de cualquier gobierno, teniendo en cuenta además que para alcanzar la ejecución se debieron traspasar a ministerios y servicios más de 23 mil millones de pesos del presupuesto del año 2018, los cuales no fueron gastados.
Más allá de las expectativas generadas por parte del ejecutivo, no se han logrado cambios sustantivos para el desarrollo y la economía en La Araucanía. Desde nuestra posición seguimos sintiendo el permanente abandono de las autoridades de turno, a quienes sólo pedimos seriedad, decisión y claridad para solucionar conflictos fundamentales presentes en la región como el fin de la violencia y la justa reparación a quienes han sido víctimas de ella.
Seguimos siendo testigos de cómo el archivador de querellas se engrosa, cada vez que ocurre un hecho de violencia en la zona y un traspaso de soluciones o resoluciones entre poderes. Un tránsito que el propio Plan Impulso pretendía cortar y que lejos de esas promesas, nos ha hecho retroceder, alcanzando cifras preocupantes: sólo en el primer trimestre de 2019 los atentados en
La Araucanía aumentaron en un 503% en comparación a la misma fecha en 2018. Números contundentes y lapidarios que evidencia por qué se hace insostenible poder vivir, trabajar e invertir en paz.
Se han mencionado mejoras en el desarrollo agrícola, el de las energías renovables y el turismo, pero ¿cómo espera el Gobierno avanzar en estas materias, sin duda relevantes, si el miedo, la falta de garantías y la impunidad impiden que personas naturales y empresas privadas realicen sus actividades diarias de la manera adecuada? ¿Cómo las autoridades buscan fomentar la inversión en sectores donde la violencia y la inseguridad es pan de cada día?
Preguntas que al parecer no tienen respuesta y que por años han provocado que la inversión dependa de la buena voluntad y el sacrificio de los actores locales, quienes pese a sufrir recurrentes ataques siguen apostando por el desarrollo de la región y sus habitantes. Es así como con frustración gremios, empresarios, trabajadores, y miembros de la sociedad civil de La Araucanía hemos llegado a la conclusión de que si no trabajamos por cambiar esta triste realidad, no habrá plan que pueda lograr revitalizar la decaída economía de nuestra región y la confianza empresarial.
Alejo Apraiz, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural (AVVRU)
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (ACOFORAG)
Gloria Naveillan, vocera Gremio Agricultores Victoria-Malleco
José Villagrán, Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (FEDESUR)
