Opinión
Sobre el aporte de las Empresas al Desarrollo Sostenible se ha hablado y escrito mucho. Ya las Naciones Unidas con su Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible han instalado fuertemente estas materias en la agenda empresarial, y sumado esto al rol que el país que jugó en la COP25, la reflexión profunda que gatilló el denominado «estallido social» e incluso el llamado de líderes globales, como por ejemplo el realizado por el Papa Francisco hace unos días, indicando que «el cuidado de nuestra Casa Común debe ser una preocupación de todos» debieran ser suficientes para impulsar una agenda más ambiciosa en estas materias.
Y de hecho así es. Solo el año pasado fueron unas 102 empresas las que voluntariamente adoptaron la acción de comunicar y reportar su gestión sostenible; un 48% de las empresas Ipsa también optaron por incluir esta información y unas 170 empresas se han certificado B, dando señales concretas de que algo está cambiando en materia de contribución empresarial al desarrollo sostenible.
Está acción proactiva de parte del sector empresarial es sin duda valorable y va en la dirección correcta para incentivar los mercados y aportar a la integración con los estándares internacionales. Sin embargo, de vez en cuando, un pequeño empujoncito del regulador contribuye a dar pasos mayores en estas materias y transformar una práctica de menor escala en algo mayor.
Eso es lo que quizás motivó a que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) abriera un proceso inédito de consulta –que culmina el 30 de enero– para que cualquier ciudadano, empresa o persona, pueda revisar y aportar a mejorar algunos de los nuevos 17 indicadores económicos, sociales y ambientales que serán requisito en 2021 para las empresas que operan en la bolsa, y muchas otras, que operan en industrias reguladas donde elaborar «Memorias» es un requisito.
Esta consulta se enmarca en la actualización de la norma 386 asociada a la reportabilidad de las Empresas, y que hasta ahora solo aborda elementos de diversidad. En palabra simples, podemos interpretar que las Memorias Financieras, tal como las conocemos, dejarán progresivamente de existir para dar paso a Reportes Integrados o documentos enfocados en mostrar el desempeño financiero de las organizaciones en equilibrio con aspectos sociales, de gobernanza corporativa y, por cierto, ambientales.
Con este salto, Chile entraría en la acotada lista de países donde la información Sostenible es de carácter obligatorio, incentivando a que las Empresas entreguen nuevos elementos para la toma de decisión de inversionistas, reguladores, consumidores y toda la sociedad en general.
En el intertanto, participe de este proceso, y contribuya colaborativamente para que prontamente tengamos una respuesta empírica frente a la pregunta: ¿y si reportar la sustentabilidad fuera obligatorio?
