Sanders, Warren y la política del agravio

Un impuesto al patrimonio y una prohibición para el fracking hidráulico, que cuentan con el apoyo de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, abordarían cuestiones aparentemente separadas. Sin embargo, provienen de un impulso común, uno que también afianza la guerra comercial actual: usar el código tributario para castigar a los considerados responsables de la injusticia, incluso si hacerlo perjudica al trabajador estadounidense promedio.

Prácticamente todos los intentos por modelar las implicaciones económicas del impuesto sobre el patrimonio concluyen que este conduciría a una gran caída en los ahorros de Estados Unidos. Algunos dicen que esto también resultaría en una gran disminución de los salarios a medida que las inversiones estadounidenses colapsen.

Mi propia investigación sugiere que, si bien el impuesto sobre el patrimonio conduciría a una gran disminución de los ahorros, esta sería compensada en gran medida por un ingreso de inversión extranjera. Por lo tanto, Sanders y Warren conseguirían liberar a los trabajadores estadounidenses de someterse al control de la clase multimillonaria del país, solo para someterlos al control de multimillonarios extranjeros.

Este proceso también generaría un gran déficit comercial. Cuando hay un mayor ingreso de capital extranjero, también se produce un cambio correspondiente en el flujo de bienes y servicios a través de las fronteras. Lo que es difícil de determinar a partir de los modelos económicos es qué forma adoptará este cambio.

Según Sanders y Warren, la respuesta es que EE.UU. se convertirá en un importador neto de energía; pero esto no es necesariamente bueno.

Durante mucho tiempo, EE.UU. ha sido el mayor consumidor mundial de energía. Hace 15 años, se proyectaba, además, que EE.UU. sería el mayor importador mundial de energía, y que las importaciones de petróleo aumentarían a 18,7 millones de barriles por día para 2025, o US$341.000 millones por año a los precios actuales.

La revolución del fracking cambió todo eso. Ha creado cientos de miles (si no millones) de empleos en EE.UU. y ha provocado un auge en la inversión que ha respaldado la manufactura.

Una prohibición del fracking haría que esta tendencia se revirtiera, pero haría poco por cambiar el consumo real de petróleo en EE.UU. Al igual que el capital financiero, el precio del petróleo se determina en los mercados internacionales. Eliminar la producción de petróleo de EE.UU. elevaría esos precios, aunque es probable que la producción mundial de petróleo repuntara fuertemente, mitigando el efecto.

Eso generaría un mundo en el que EE.UU. sería más pobre, los multimillonarios extranjeros serían más ricos y las perspectivas laborales de muchos estadounidenses, particularmente aquellos en el corazón del país, serían peores. Al mismo tiempo, se habría hecho poco por abordar los problemas subyacentes, a saber, la concentración de la riqueza en EE.UU. y la emisión de carbono a la atmósfera.

Estas propuestas —un impuesto al patrimonio y una prohibición del fracking— no están impulsadas por una compulsión por mejorar las condiciones subyacentes, sino por castigar a los malos actores. Eso puede mejorar las condiciones y, de hecho, es posible que ambas políticas sean emocionalmente satisfactorias. Sin embargo, en el mundo moderno de los mercados globalizados, son contraproducentes. Peor aún, como estas políticas no lograron producir los objetivos deseados, aumentarían la demanda exactamente del tipo de proteccionismo que actualmente está frenando la economía de EE.UU.

Lo que EE.UU. debe hacer es alejarse de la política del agravio, ya sea contra productos importados, multimillonarios nacionales o compañías de combustibles fósiles. En cambio, necesita un mayor enfoque en las políticas —desregulación de las viviendas, subsidios salariales, impuestos al carbono, por nombrar algunas— con un atractivo menos visceral pero un impacto más constructivo.