EDITORIAL
Los que ocupan las formas y funciones del Gobierno, que lo ejercen con sus decisiones y lo escenifican como poder ante los ojos de los gobernados, deben tomar conciencia de que su tarea es mantener la paz y ordenadas las relaciones de poder. Y que ello no es un problema de seguridad policial o de un poder por la fuerza, sino de confianza política, amén de convicción y necesaria adhesión ciudadana a las instituciones democráticas y a la normatividad en general. Y es el gobierno el encargado de tomar las decisiones necesarias para mantener la “cohesión del grupo”, al decir de Norberto Bobbio, pero hasta ahora ni el Presidente ni quienes le rodean parecen tener claro que esta es su tarea.
La contención de la turbulencia social que agita al país debe contemplar los principios políticos de continuidad institucional y legitimidad, como vectores básicos que deben guiar la actuación de todos los actores políticos, principalmente Gobierno y partidos de oposición.
Pretender que sin continuidad institucional es posible normalizar al país, es elegir el camino más tortuoso y difícil para alcanzar cuotas razonables de paz social. Pensar que se puede recomponer el principio de autoridad, generando salidas extrainstitucionales o que sin un apego estricto a la legalidad se puede acelerar una nueva legitimidad fundante, es un argumento engañoso.
Hoy, el principal reclamo social gira en torno a demandas e intereses muy profundos en el ánimo de la población, algunos de ellos diametralmente opuestos o contradictorios en sus contenidos, y cualquier invento para satisfacerlos fuera del cauce legal puede resultar en más violencia. Por ello, el cumplimiento de los plazos presidenciales y el normal desarrollo del proceso electoral en torno a una nueva Constitución, son los pasos adecuados, imprescindibles.
Sin embargo, es un hecho que los requerimientos anteriores suponen la existencia de una densidad cultural en el ejercicio del poder político que hoy es débil o no existe en el país. Una cultura de la forma cortés en el ejercicio del poder, que efectivamente pacifique y no enerve las contradicciones y pugnas, y permita el predominio de la racionalidad por sobre el ejercicio soberbio y desnudo del poder.
Chile carece de una política más dirigida a la construcción de hegemonía que de dominación y vive preso de las apariencias más que de la eficiencia del poder real, que proviene del ejercicio pacífico y dialógico de la política. Tampoco hay quien convoque creíblemente al diálogo.
Es ahí donde se hace más evidente la insustancialidad del rol que juega el Presidente de la República. Prisionero de una convicción populista sobre lo que debe hacer o decir, opera como un gran distractor, en un momento en que el presidencialismo extremo de nuestro régimen político naufraga y que la cultura de la República, que requiere la presencia activa de su principal conductor consagrado en la Constitución vigente, carece de la persona con dichas aptitudes.
La continuidad institucional del país, esa cualidad de que no se interrumpa el vínculo de progresión lógica de la democracia, requiere de una escenificación del poder presidencial mucho más reposada, austera y racional.
Los que ocupan las formas y funciones del Gobierno, que lo ejercen con sus decisiones y lo escenifican como poder ante los ojos de los gobernados, deben tomar conciencia de que su tarea es mantener la paz y ordenadas las relaciones de poder. Y que ello no es un problema de seguridad policial o de un poder por la fuerza, sino de confianza política, amén de convicción y adhesión ciudadanas.
Si el Gobierno es el “encargado de tomar las decisiones necesarias para mantener la cohesión del grupo”, como sostiene Norberto Bobbio, se debe estar contestes que hasta ahora ni el Presidente ni quienes le rodean parecen estar convencidos de que esa es su tarea. Muchas de las cosas que hacen parecen orientadas a distorsionar, presionar e incluso coaccionar la atmósfera política, de una manera que atenta contra la normalidad, la continuidad institucional y los equilibrios políticos.
