Señor Director:
En los últimos 8 meses, al menos, hemos sido testigos de fuertes cuestionamientos a la institucionalidad de nuestro país, aquello no sólo ocurre en Chile sino que en todo el mundo. Se han levantado demandas ciudadanas dando cuenta de un acallar sistemático y prolongado de muchos dolores en la estructura social. Se ha levantado el grito en el cielo por parte de los sectores oficialistas y conservadores pregonando la necesidad del resguardo de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Tienen toda la razón. Existe una imperiosa necesidad de resguardar la institucionalidad con ello el Estado de derecho en Chile, con la salvedad que para determinar el objeto de protección debemos utilizar correctamente aquellos términos.
Cuando se habla, estimado director, de institucionalidad, hacemos referencia al conjunto de creencias, valores, ideas, principios fundamentales que estructuran y condicionan las relaciones conductuales de los integrantes de una sociedad, con carácter de permanencia constituida por un proceso sistemático de consolidación. Podemos notar que dicho concepto es más bien un fenómeno social que es reconocido por el ordenamiento jurídico, en nuestro país en particular en la Constitución Política de la República en su Capítulo I, titulado justamente Sobre las bases de la institucionalidad.
Ahora bien, ¿Por qué en nuestra historia figura tanto descontento social respecto de temas tan básicos como la salud, vivienda, educación y alimentación? Las demandas sociales no son muy distintas de aquellas contenidas en las manifestaciones obreras del la década del 50, por ejemplo. Ya lo decía el profesor Lautaro Ríos A., en 1979 “si no reflexionamos el derecho público sobre la base de la realidad vigente y actuante, estaremos ideando fantasmas impedidos de encarnarse en la vida nacional”. Todas las demandas sociales que en la historia de nuestro país se suceden no son otra cosa que la prueba de los problemas basales que trae cuando la institucionalidad de un pueblo difiere de los conceptos encriptados en papel, produciéndose con ello la pugna entre el verdadero espíritu nacional, con sus verdaderas prioridades y principios, y una institucionalidad de tinta que al verse amenazada recurre a lo que denominan el “uso legítimo de la fuerza”.
No se puede hablar de una verdadera tradición institucional, republicana y democrática, como a muchos les gusta jactarse, si dicha estructura normativa no responde al verdadero sentir nacional, acallado a lo largo de las décadas por medio de la fuerza y el golpe. El pueblo de Chile nunca ha tenido la voz para definirse, y cuando la ha tenido han acusado dicho poder como atentatorio de la institucionalidad, atentatorio de la mentira jurídica que tomaron por la fuerza. Y quienes limitan el concepto de democracia tan sólo a la representatividad de ciertos actores impulsados por partidos políticos cada cierta cantidad de años, o en meros plebiscitos, no son más que tiranos miedosos de vivir una verdadera democracia.
Porque la democracia no consiste en un simple balance de números, pocos por lo demás en nuestro país, no se trata de ignorar a las minorías o de aquellos quienes carecen de la fuerza para influir, sino de abrir espacios de diálogos. Y para que el diálogo sea realmente democrático e incida en el bienestar social, se requieren argumentos fundados en razones no en imposiciones dogmáticas o personalistas.
Lo que duele no es que la Constitución Política de la República en su Capítulo I, Artículo 1° establezca que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Lo que duele es la mentira, es su
imposibilidad en la práctica debido a la relativización de conceptos y falacias que algunos hacen de desigualdades accidentales tales como las económicas, equiparándolas a desigualdad sustanciales y propias de todos como las físicas o vocacionales.
Una institucionalidad forjada en base a la pelea del poder, e incluso la toma de éste por la fuerza, es frágil, mentirosa e inexistente, y para sostenerse.
Así que es efectivo, necesitamos defender la institucionalidad, y para ello primeramente debemos saber cuál es la verdadera institucionalidad chilena, por primera vez en su historia. Porque como una vez me dijo un profesor de Historia del Derecho “cuando un pueblo no evoluciona, revoluciona”.
Milena Olivares
Licenciada en Derecho
Pontificia Universidad Católica de Chile
