Ley de migraciones ¡al fin!

Después de 8 años de tramitación parlamentaria, Chile cuenta con una ley que reemplaza a la vigente desde 1975, promulgada según la tradición histórica poco favorable a la llegada de foráneos y en un período dictatorial que no quería el ingreso de extranjeros, especialmente latinoamericanos. Lo cuestionable es que durante los últimos decenios no hubo una política de largo plazo sobre el tema y se agravó con la ola de inmigrantes que no se supo gestionar. Es una de las trabas que se generaron en el país, que no se enfrentaron y han llevado al actual estancamiento, ya existente antes de las movilizaciones y la Pandemia.

La masividad de la llegada de extranjeros en los últimos años ha generado una difícil situación social, que ha impedido aprovechar en mejor forma el aporte que realizan a la sociedad chilena en términos de capacidad emprendedora, empleos de calidad, espíritu de ahorro, deseos de progresar, diversidad cultural y equilibrio demográfico. Los inmigrantes ya vienen autoseleccionados; además, en su lugar de origen ya se hizo el gasto en educación y salud de los niños y jóvenes.

La masividad ocurrida ha generado cambios de importancia en la sociedad chilena. Se calcula que a fines de 2019 había 1,5 millones de extranjeros, el 8% de la población, con un promedio de edad inferior al nacional, lo cual genera un efecto demográfico positivo al retrasar el envejecimiento y aumentar la capacidad laboral. El origen de los extranjeros muestra un alto porcentaje de venezolanos, 30,5%, seguidos de peruanos, haitianos colombianos y bolivianos y solo el 22,4% de otras nacionalidades, reflejando el carácter latinoamericano del fenómeno. Al mismo tiempo se ha generado un incremento de los hijos de parejas mixtas, chilenos con venezolanos, peruanos y colombianos.

Uno de los aspectos que se resalta en la prensa y que muestra la escasa objetividad de algunos enfoques es la conflictividad que genera la inmigración. Sin embargo la realidad es diferente. La E.N. Bicentenario de la UC (2020), muestra que la conflictividad percibida por la población es superior y creciente entre el Gobierno y la oposición, entre ricos y pobres y entre trabajadores y empresarios, mientras entre chilenos y extranjeros es significativamente inferior y decreciente entre 2019 y 2020, a diferencia de las anteriores. Incluso quienes creen que hay una cantidad excesiva de inmigrantes se redujo desde el 70% al 60% entre esos años.

Según el Servicio Jesuita de Migraciones, la discriminación está concentrada hacia los haitianos, y mezcla sentimientos clasistas y racistas, con predominio de los primeros. Por otra parte, el rechazo se concentra en los temas de seguridad y salud. La nueva ley modifica la institucionalidad, al crear el Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior, lo que evita la actual dispersión de responsabilidades; también el Consejo de Política Migratoria, que determinará la política nacional en el tema, que debe revisar cada cuatro años y cumple con una función coordinadora, ya que estará compuesto por personeros de las diferentes instituciones involucradas.

Un asunto debatible es el mercado de trabajo. El inmigrante acude porque busca una oportunidad de empleo que le permitiría mejorar su nivel de bienestar y de su familia que tenía en su país de origen. Por otra parte, a diferencia de la creencia habitual, expande el mercado laboral en el destino al participar con mayores destrezas como asalariado y por su capacidad de generar nuevos emprendimientos empresariales aumenta la demanda de trabajo. La opinión que limitan las posibilidades de encontrar empleo a los chilenos está presente, pero es minoritaria, incluso se redujo del 40% al 34% entre 2019 y 2020, según la UC. El tema es de la mayor importancia y se relaciona con los requisitos para la estadía en el país y el tipo de visa que se requiere. La permanencia de trabajadores indocumentados es crítica, por el hábito de ingresar como turista y después buscar empleo, aunque en malas condiciones por su ilegalidad. La llamada «visa de turismo laboral».

La nueva ley establece 13 categorías de residencia temporal en el país, flexibilizando las normas. Sin embargo, establece que el postulante debe obtenerla en su país de origen, lo cual dificulta las posibilidades de ingreso, tal como ocurrió en forma drástica con los haitianos y acontece hoy con los venezolanos. Esta es una materia de resolución pendiente. También es incierta la solución para los ilegales, problema complejo por su número, pues a pesar de la fuerte reducción de la visa de «turismo laboral», continúa la entrada irregular por la zona norte, especialmente a través de Bolivia.

Esta situación es compleja pues mezcla el interés laboral con la delincuencia y, por ende, el derecho a expulsar a personas con antecedentes indeseables. La regularización de esta situación anómala permitiría implementar una política estable para resolver los temas laborales, de reunión de familias dispersas y, en general, la integración plena del extranjero a la sociedad chilena y el pleno uso de sus derechos ciudadanos. Si bien las irregularidades continuarían en el futuro, por el atractivo que ofrece Chile, se espera que sean un aspecto «manejable».

La presentación efectuada al Tribunal Constitucional por un grupo minoritario de parlamentarios, si bien permitió descartar algunos contenidos menores de la nueva ley, sirvió para aclarar algunas materias, especialmente del trato a los irregulares. El aspecto más importante es la responsabilidad del Gobierno actual y futuro de regularizar la residencia de los inmigrantes y el reconocimiento de sus derechos como ciudadano, incluso los beneficios sociales. El país debe enfrentar la realidad que la inmigración continuará, aunque puede regularla y así aprovechar los beneficios que genera a la sociedad y sus integrantes.